Un perdón a medias tras 37 años de espera: el entierro de las víctimas de Accomarca

Después de casi cuatro décadas exigiendo justicia, familiares de campesinos sepultan a sus seres queridos en un acto histórico para las víctimas de la matanza en Perú

Familiares de las víctimas de 1985 llevan los ataúdes al panteón de Accomarca, en Ayacucho.
Familiares de las víctimas de 1985 llevan los ataúdes al panteón de Accomarca, en Ayacucho.ERNESTO BENAVIDES (AFP)

“¡Agustín Chávez, presente!, ¡Agustín Chávez, presente!”, grita un niño de 12 años recordando a su abuelo homónimo durante el cortejo fúnebre de más de 70 víctimas de la masacre de Accomarca, en la región andina de Ayacucho, cometida por el Ejército en agosto de 1985. En ese tiempo, los militares peruanos aplicaban la estrategia de tierra arrasada contra el grupo terrorista Sendero Luminoso: mataban a sospechosos e inocentes en comunidades de población indígena. Los deudos, campesinos que se desplazaron a las ciudades debido a la violencia, han lidiado casi 37 años con el Estado para obtener justicia y la han obtenido “a medias”, lamentan.

El magistrado de mayor jerarquía en las tareas de restitución de restos de los masacrados a los familiares se sinceró acerca de la decepción de los accomarquinos. “No podemos identificar a todos, lo decimos con total transparencia: eso nos genera desazón y pena; pero esperamos que esta ceremonia pueda resarcir en algo lo que padecieron desde ese fatídico día”, dijo el fiscal superior Daniel Jara en la plaza de armas del distrito el viernes último, antes del entierro.

La Fiscalía ha identificado restos de unos 50 asesinados, pero en otras decenas de casos no fue posible porque con el paso del tiempo se degradaron biológicamente o están casi calcinados. Ello se debe a que los militares encerraron en una choza a más de 70 personas -asumiendo que eran subversivos- los ametrallaron, y prendieron fuego al lugar.

La entrega en Accomarca estaba prevista para marzo de 2020, pero la pandemia paralizó las diligencias fiscales hasta estos días. El distrito está ubicado a una hora de vuelo desde Lima y tres horas y media adicionales por carretera asfaltada y una trocha. El transporte hacia el lugar es escaso, y costoso para quienes cayeron un peldaño más abajo de la pobreza cuando dejaron su tierra y migraron a las ciudades para escapar de la violencia de las fuerzas del orden y de los terroristas.

Los familiares de las víctimas construyeron hace años un sitio de memoria para sepultar juntos a sus muertos, en el lugar donde estuvo la base del Ejército que se instaló en Accomarca tras la matanza de 1985. Las víctimas y las autoridades del distrito crearán allí un espacio museográfico para que los visitantes y las nuevas generaciones sepan qué ocurrió.

El viernes, cientos de deudos y los miembros de la Asociación de Víctimas de Accomarca llegaron al distrito para el funeral: viajaron desde Lima y desde otras ciudades en las que se instalaron para preservar su vida en el período de la violencia 1980-2000, cuando los subversivos maoístas pretendían capturar el Estado, mientras las fuerzas del orden desataban una represión descontrolada en los Andes, donde surgió y se expandió la organización maoísta Sendero Luminoso.

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El conflicto armado interno dejó unos 70.000 muertos -de los cuales el 70% hablaba quechua, de acuerdo a la Comisión de la Verdad- y 21.000 desaparecidos, según la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una dependencia del Ministerio de Justicia. En Accomarca, son 116 las personas cuyo paradero es desconocido. La Fiscalía entregó el viernes los restos mortales y certificados, pero previamente realizó diligencias con las familias para que verificaran que los restos exhumados desde 2006 por el Equipo Forense Especializado eran colocados en osarios etiquetados con los nombres de las víctimas.

En esa tarea, colaboraron profesionales de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y siete psicólogos del centro de salud mental comunitario de Los Morochucos, distrito ubicado a dos horas de Accomarca. En los actos previos a un entierro digno -como añadir una pollera limpia guardada por 36 años o decirle al muerto una frase de cariño que quedó pendiente- el llanto y la pena de los deudos estallaban. Por ello, era necesario el acompañamiento de especialistas, con agua, una palabra, o un abrazo, o ayudando a llevar los cajones de madera a la iglesia para el velorio.

”Desde que el equipo forense del Ministerio Público empezó su trabajo (en 2003), los muertos tenían que tratarse con dignidad humana y los parientes de las víctimas, con mucho respeto. Eso vi en las exhumaciones de 2006 y 2007″, cuenta en Accomarca a EL PAÍS el antropólogo Isaías Rojas-Pérez, autor del libro Mourning remains: State Atrocity, Exhumations, and Governing the Disappeared in Peru’s Postwar Andes (De luto por los restos: atrocidad del Estado, exhumaciones y la administración de los desaparecidos en los Andes peruanos de la posguerra).

Rojas-Pérez destaca en su obra que los forenses “tratan a los huesos como un ser humano: dicen su rodilla, su costilla, por ejemplo”. El miércoles y jueves, cuando los forenses pasaban los restos -de bolsas de papel a los osarios- usaban gasas y otros tejidos para acomodarlos cuidadosamente en los cajones de madera.

Un hecho histórico

Para el antropólogo, el entierro del viernes último es de importancia histórica porque muestra la constitución de un actor, la Asociación de Víctimas de Accomarca, que pelea por sus derechos y no se conforma con lo poco que venga del Estado. ”Cada grito que había que proferir lo han proferido; cada oficio que había que escribir, lo escribieron. Ese elemento es histórico porque estas fuerzas sanas del país que luchan por justicia tratan de construir una mejor sociedad, más equitativa, más respetuosa de los otros”, añade el catedrático refiriéndose a la agrupación y a su presidente, Celestino Baldeón, quien no pudo viajar desde Lima por problemas de salud.

El fiscal superior Jara y otros servidores públicos que trabajaron años para hacer posible el entierro digno, también encomiaron la firmeza y perseverancia de los sobrevivientes y deudos. “Este es un hecho trascendental en su historia comunal; esperemos que nos sigan exigiendo como hasta ahora lo han hecho”, afirmó el magistrado que coordina la Fiscalía Superior Penal Nacional.

”Es el resultado de la fuerza que han tenido los familiares para sacar adelante la primera sentencia contra militares (en 2016), y ahora esta cadena de instituciones que han actuado como un engranaje para enfocarse en sus necesidades”, comentó durante el entierro Katherine Valenzuela, secretaria ejecutiva de la dependencia del Ministerio de Justicia que coordina las reparaciones a las víctimas de violencia del período 1980-2000.

Parte de la “justicia a medias” que perciben los accomarquinos y sus descendientes es que la sentencia de 2016 contra los militares casi no se ha cumplido: de diez condenados solo cinco están presos, y ni el Estado ni los victimarios han pagado la reparación.

Testigos en el sitio de la masacre

El 15 de agosto de 1985, cuatro patrullas del Ejército ejecutaron un plan que consistía en asesinar a campesinos en la quebrada de Llocllapampa -un valle al pie de la montaña donde se encuentra Accomarca- pues creían que en ese lugar Sendero Luminoso adoctrinaba a la comunidad. Los militares sacaron de sus chozas a las personas, golpearon y torturaron a los varones, violaron a las mujeres, y luego los encerraron en una casa para dispararles. El subteniente Telmo Hurtado, que conducía la operación, lanzó una granada e incendió todo.

”En este lugar no había gente con arma, ni con palos”, explicó el jueves en el lugar de los hechos la sobreviviente Teófila Ochoa Lizarbe, quien tenía 11 años cuando ocurrió la masacre. Rechazó la versión que los soldados del Ejército dieron en el juicio, de que existía una ‘escuela popular’ de los terroristas en esa quebrada. ”Arrastraban a las mujeres embarazadas de los pies, violaron a las mujeres. Se fueron saqueando las casas hasta llegar a Accomarca”, recuerda Ochoa llorando, pues perdió a su madre y cinco hermanos.

Ella pudo escapar de los disparos de los militares y se ocultó detrás de una piedra, relató a la prensa al pie de las paredes de la casa que el Ejército incendió. La niña encontró a su padre horas después y durmieron en la intemperie: “Sin zapato, sin sombrero, llorando”, añade.

Cuando el Ejército se fue, volvieron a la quebrada para enterrar apurados a sus familiares. “Antes de eso todo era felicidad, era bonito. Nuestros tíos y abuelos denunciaron, y en nuestra pobreza, teníamos que gastar dinero para el oficio. Algunos encontramos a nuestros familiares, pero no ha salido el ADN de 20 personas. Ese dolor nunca va a cerrar”, asegura. Ochoa cree que si ellos hubieran sido personas ricas, la justicia no habría tardado, ni los habrían maltratado en el juicio, cuando los militares los tildaban de terroristas y mentirosos.

Otra sobreviviente que tenía 12 años en el momento, Cirila Pulido Baldeón, contó que cada año, cuando terminaba el tiempo de la cosecha, las familias de Accomarca bajaban a ese valle con hatos de ganado y se quedaban en sus estancias y chozas. El día que los militares atacaron, ella no entendía qué estaba pasando. “No sabía qué era una bomba, no existía televisión para nosotros. La bala ha pasado por acá, por allá, pero no me ha hecho llegar”, describió rememorando su miedo.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (de 2003), el Ejército había recibido información en agosto de 1985 de que comuneros de Accomarca atacarían a autodefensas de localidades vecinas que causaron bajas a Sendero Luminoso.

Violencia y pobreza

Pulido dijo que luego de la matanza, el Ejército se quedó en Accomarca y tuvieron que vivir al mando de ellos, sin poder denunciar que ellos les robaban sus animales y pertenencias. “Desde que pusieron la base militar en nuestro pueblo no había para comer, no quedaron ni una puerta ni ventana en las casas. Más nos han empobrecido y Accomarca no mejora”, denuncia.

El alcalde distrital, Fernando Ochoa, también clama al Gobierno que dote al distrito de servicios en salud y educación para evitar que los jóvenes sigan migrando por falta de oportunidades. Anota que la vida para los migrantes rurales en las ciudades ha sido dura, y han tenido que postergar sus sueños para dedicarse a sobrevivir.

Pese a la escasez de recursos, la organización que han logrado las víctimas de Accomarca en tres décadas de caminar por justicia se reactiva ante cada necesidad. La Municipalidad no tiene fondos para construir un cerco en el lugar de la masacre y protegerlo de invasores. Por ello, el jueves último, durante una romería, familiares de víctimas -como Guillermo Palacios, Eliodor Teccsi y César Quispichahuis- donaron dinero en efectivo para el cerco y para abrir un camino al espacio de memoria llamado, desde 2017, Santuario ecológico de Llocllapampa.

Para el vicepresidente de la Asociación de Víctimas, Florián Palacios, la violencia impidió que su distrito se desarrollara normalmente. Durante la romería, hizo notar que la mayoría de los habitantes no ha accedido a educación superior y en las ciudades eran discriminados por su forma de hablar español. “En dos décadas nos han robado la educación a nuestros hijos, no tenemos ni una carretera que nos conecte con la provincia vecina, nos han truncado un proyecto de vida”, anota.

El primer ministro Aníbal Torres llegó al final del acto del viernes en el distrito: su asiento estuvo vacío mientras los oradores principales tomaban la palabra. “Pedimos perdón por los daños sufridos, por las pérdidas irreparables y por el olvido y postergación en el que se encontraron por muchos años”, manifestó.

De los más de 70 osarios enterrados, 38 corresponden a personas identificadas, seis contienen prendas de las víctimas, y 26 fueron restituciones “simbólicas” organizadas por la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas: en estos casos, pidieron a los familiares que coloquen objetos vinculados con los asesinados -como ropas, cartas o dibujos- para sepultarlos.

Agustín, el escolar limeño de 12 años que viajó a Accomarca para estar en el entierro de su abuelo homónimo, pasó varias horas en el comedor popular del distrito ayudando a servir tres comidas gratuitas al día para los forenses, los fiscales, los psicólogos, los abogados, los familiares y los periodistas. “Yo no conocí a mi papito ni a mi tío Marcial Chávez Castillo. He ido varias veces a cementerios en Lima, pero el entierro me pareció lo más importante de estos días”, responde para este reportaje.

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