El Parlamento investigará a Boris Johnson por desacato en el escándalo de las fiestas

No ha hecho falta ni votar. Al preguntar a los diputados británicos el vicepresidente de la Cámara de los Comunes si alguien se oponía a la enmienda, no se ha oído una mosca. Y por asentimiento, el Parlamento británico ha adoptado la histórica decisión de investigar a un primer ministro, Boris Johnson, por posible desacato. Para averiguar si faltó a la verdad durante cada una de las comparecencias en las que intentó explicar el asunto de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento.

Era imposible debatir sobre un asunto de tal gravedad sin poder decir la palabra clave: mentiroso. Por eso el speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hole, ha permitido a los diputados, de modo excepcional y contrario al decoro parlamentario, que definieran a Boris Johnson con ese adjetivo. Peyorativo, sí, pero también descriptivo de lo que se discutía en Westminster. Se trataba de decidir si el primer ministro había mentido al Parlamento al negar, en repetidas ocasiones, que se celebrasen fiestas en Downing Street durante el confinamiento, y que nunca se quebrantó la legalidad en dependencias gubernamentales. Es decir, si Johnson había cometido desacato y debía ser castigado por ello. La multa impuesta por la Policía Metropolitana hace dos semanas apenas es de 60 euros. Pero su valor simbólico es inmensamente superior al monetario. Nunca en la historia del Reino Unido un primer ministro había incumplido la ley durante su mandato. Las medias excusas de Johnson ante el Parlamento el pasado martes convencieron a pocos, porque se limitó a pedir perdón por sus “errores”, pero siguió asegurando que nunca fue consciente de que las fiestas en Downing Street iban en contra de las normas que su Gobierno había impuesto a los ciudadanos.

“Nuestra enmienda persigue un claro objetivo: defender los simples principios de honestidad, integridad y la necesidad de decir la verdad en política”, ha explicado el líder laborista, Keir Starmer, al comenzar el debate sobre el texto presentado por su partido. Se trataba de una enmienda para ordenar a la Comisión de Privilegios de la Cámara de los Comunes (similar a la española Comisión del Estatuto del Diputado) que abriera una investigación, para averiguar si Johnson había incumplido el Código Ministerial y engañado deliberadamente al Parlamento.

Una estrategia que no funcionó

En una mezcla de desafío a la oposición y de intento de aparentar normalidad, Johnson había iniciado este mismo jueves una visita oficial a la India y ha estado ausente en el Parlamento. Se iba con cierta tranquilidad, porque a última hora del miércoles la dirección del grupo parlamentario conservador había calmado a los diputados más rebeldes. Les ofreció una enmienda a la enmienda laborista, por la que el Gobierno se comprometía a respaldar una futura investigación a Johnson del Parlamento, pero solo después de que Scotland Yard concluyera la suya propia y se publicara finalmente el informe sobre las fiestas de la alta funcionaria, Sue Gray.

La estrategia, sin embargo, no funcionó. En primer lugar, porque los propios laboristas habían incluido en su texto la cautela de supeditar la investigación parlamentaria a que concluyera el trabajo de la policía; en segundo lugar, porque la presión de muchos votantes hacía insostenible que los diputados conservadores se pusieran de perfil; y en tercer lugar, porque el discurso que el propio Johnson ofreció al grupo parlamentario el martes por la noche tuvo más contenido de soberbia que de humildad.

“He estado tentado de perdonarle. Pero esa posibilidad ha desaparecido”, ha dicho desde su escaño Steve Baker, el diputado conservador euroescéptico que fue clave para que Johnson fuera elegido primer ministro. Su golpe dejaba claro la dificultad a la que se enfrenta el primer ministro. “Por no haber obedecido ni la letra ni el espíritu de las normas, el primer ministro debería haberse ido hace mucho tiempo. Sabe que el juego se ha terminado”, sentenciaba Baker.

La insistencia —presión, más bien— de la dirección del grupo parlamentario sobre los diputados conservadores ha irritado a muchos de ellos. Sobre todo, porque en un primer momento se les indicó que se exigiría disciplina parlamentaria férrea para votar en contra de la enmienda laborista. Lo que en la jerga de la Cámara se conoce como three-line whip (látigo triple; whip es como se llama a los diputados encargados de empujar el voto del resto). La desobediencia ante tal consigna lleva castigo. Pero en un asunto de tal profundidad ética, lo único que se consiguió fue que más de la mitad de la bancada conservadora estuviera vacía. Era el modo de manifestar discretamente una abstención. Durante varias horas, han sido los diputados de la oposición —laboristas, nacionalistas escoceses, liberal demócratas o verdes— los que ha intervenido, uno tras otro, para manifestar la rabia de sus votantes con el comportamiento de Johnson y acusarle de haber mentido al Parlamento.

Los dos peores golpes para el primer ministro, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia del debate, han llegado de sus propias filas. Junto a Baker, otro diputado conservador, William Wragg, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reclamaba a sus compañeros de filas hacer lo correcto. Wragg ya había pedido días antes la dimisión de Johnson, y la crisis de Ucrania, ha dicho, no le servía como excusa: “La invasión de una nación soberana por un agresivo dictador no puede ser la razón para que aceptemos rebajar nuestros propios niveles de exigencia ética”, ha dicho.

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