El Kremlin rechaza a sus consejeros pacifistas
Putin despide de un órgano científico a cuatro expertos que reclamaron en un texto un alto el fuego en Ucrania. Pero es posible que el presidente se vea obligado a seguir la recomendación de los especialistas.
A Vladímir Putin no le gusta la presencia de consejeros pacifistas en el aparato de dirección del Estado. Pese a todo, a la vista de la situación bélica, humanitaria y económica, es posible que el presidente de Rusia se vea obligado a seguir las recomendaciones de prestigiosos especialistas que se pronunciaron a favor de un alto el fuego en Ucrania.
De momento, sin embargo, Putin ha echado del consejo científico del Consejo de Seguridad (CS) de la Federación Rusa a cuatro respetados expertos con brillantes carreras profesionales. De forma expeditiva y sin dar explicaciones, el presidente los excluyó mediante un decreto con fecha del 28 de marzo por firmar un texto que expresaba “extrema preocupación” por la “mayor crisis en Europa desde la II Guerra Mundial”.
El llamamiento firmado por estos cuatro expertos en un total de 126 personas —según la página web del Instituto de EE UU y Canadá— fue redactado en una larga sesión de trabajo entre el 2 y el 3 de marzo. El texto no mencionaba la palabra “guerra” —prohibida en Rusia en el actual contexto— y constaba de cuatro puntos. Además del alto el fuego y la desescalada, pedía cooperación humanitaria urgente en la zona de conflicto, contención en los temas relacionados con armas nucleares y en la “retórica nuclear amenazante”, reanudación de las negociaciones estratégicas entre EE UU y Rusia; además de otras medidas para prevenir incidentes entre la OTAN y EE UU, por una parte, y Rusia por la otra. También reclamaba el establecimiento de contactos militares entre ambas partes.
El consejo científico del CS es un órgano asesor formado por cerca de 150 especialistas —en su mayoría del mundo político, diplomático y académico— que asesora a la entidad encargada de preparar las decisiones presidenciales, así como la orientación de la política exterior y militar y también las evaluaciones y análisis en estas materias.
Los excluidos son Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa y nieto del célebre ministro de Exteriores de la URSS Andréi Gromiko; Serguéi Rógov, director científico del Instituto de EE UU y Canadá; Alexandr Panov, profesor y exviceministro de Exteriores de Rusia; y Alexandr Nikitin, director del centro de seguridad euroatlántico del Instituto de Relaciones Internacionales (MGIMO). Tanto el Instituto de Europa (creado en 1987 en plena perestroika, el proceso de apertura encabezado por Mijaíl Gorbachov) como el Instituto de EE UU y Canadá pertenecen a la Academia de Ciencias de Rusia.
El documento, confeccionado por una asociación internacional de expertos creada para mantener los contactos entre Rusia y Occidente (Diálogo Rusia-OTAN para la reducción de riesgos militares), iba suscrito por ciudadanos rusos y extranjeros. Por parte rusa había politólogos, profesores y especialistas de diversos institutos y universidades, así como el presidente de la Asociación de Aseguradores de Rusia, Igor Yurgens, y el director general del Consejo de Relaciones Exteriores, Andréi Kortunov. Por parte occidental, firmaban numerosos ex altos cargos, exdiplomáticos y cargos militares retirados. Entre ellos había dos exministros de Exteriores del Reino Unido, el exministro de Exteriores de Suecia y exdirector del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Hans Blix, el exministro de Defensa estadounidense William Perry y dos españoles: Josep Piqué, exministro de Industria y Exteriores, y el almirante en la reserva José María Treviño Ruiz.
El texto inicial mostraba su desacuerdo “con la posición oficial rusa de una tregua basada en la capitulación”. Era algo más contundente que el documento final, consensuado para recoger el máximo apoyo, según afirmó Kortunov, uno de los inspiradores de la iniciativa. Varios medios de comunicación rusos se negaron a publicarlo por temor a las restricciones vigentes, señala este especialista. Fuentes próximas a los firmantes opinaron que el llamamiento pudo ser interpretado por Putin como una declaración “de falta de lealtad”, aunque señalaron que al presidente ruso tal vez no le guste que los expertos “se hayan adelantado en reivindicar una política que finalmente al Kremlin no le quedará más remedio que adoptar”.
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