Un juez interrumpe la huelga de hambre de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez

Un juez interrumpió la huelga de hambre que desde hace 11 días realizaba la expresidenta boliviana Jeanine Áñez para pedir su libertad. Argumentó que el resguardo de su vida “tiene privilegio incluso por encima de su propia voluntad”. La administración penitenciaria informó que, en aplicación de esta orden, suministró un suero de rehidratación a la expresidenta, “con aprobación de la paciente”. La hija de Áñez tuiteó que la habían sedado para ponerle el suero en las venas y que temía que su propósito fuera matar a su madre. Esto fue desestimado por las autoridades.

Áñez, que se encuentra en prisión desde hace casi un año, se sintió mal el viernes en una de las audiencias del juicio en su contra por haber asumido la presidencia del país en noviembre de 2019, supuestamente contrariando la Constitución. La audiencia tuvo que ser suspendida y el juez octavo de sentencia penal ordenó que la expresidenta fuera trasladada a un hospital con el propósito de hidratarla y nutrirla, tanto si ella lo deseaba como si no. La salida de Áñez a un hospital había sido buscada por sus allegados desde hacía tiempo, por lo que se supone que la expresidenta la tuvo que aceptar de buen grado. Incluso la oposición lo consideró como un logro de la huelga que realizaba en solitario.

Pero el traslado no se concretó. Apenas se enteraron del mismo, grupos de manifestantes del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunieron en las puertas del penal para impedir que ocurriera. Chocaron contra otros manifestantes que denunciaban la supuesta existencia de presos políticos en el país y armaron alboroto. La gobernadora del centro de internación informó entonces de “la imposibilidad material” de llevar a Áñez al hospital. Seguidamente, el juez ordenó que médicos del servicio público entraran en la prisión para “restablecer la salud de la señora Áñez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso en contra de la voluntad” de la huelguista.

La oposición interpretó estos hechos como un retroceso judicial provocado por la presión oficialista. Desde el arresto de Áñez en marzo de 2021, los políticos contrarios al MAS denuncian que este partido tiene controlados a los jueces, que por eso, según ellos, son muy rígidos con la defensa. Áñez ha intentado varios veces salir a un hospital, pero el Gobierno siempre se lo ha impedido. “Exigimos a Luis Arce que garantice la vida de la expresidenta y que sea trasladada de inmediato a un centro de salud, protegida de los grupos de choque masistas”, tuiteó el expresidente Carlos Mesa. “Es claro que no se respeta lo que dicta la justicia, el masismo está aplicando una forma clara de tortura al impedir que Jeanine Áñez reciba la atención de salud que necesita”, escribió por su parte Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz.

Mesa y otras personalidades políticas, como Samuel Doria Medina, habían pedido a Jeanine Áñez que suspendiera su ayuno. “Mientras hay vida hay esperanza de revertir la injusticia a la que está sometida”, afirmó este último.

Áñez se declaró en huelga de hambre en vísperas del comienzo de un controvertido juicio sobre su actuación y la del mando militar en las horas posteriores al derrocamiento del presidente Evo Morales. Este se halla interrumpido por tecnicismos legales. La oposición considera que el juicio es ilegítimo, porque no ha sido autorizado por el parlamento, tal como corresponde cuando el acusado es un exmandatario. El MAS justifica el procedimiento porque solo se refiere a lo sucedido en los días previos a la proclamación de Áñez como presidenta y no toca la gestión de esta.

Según la acusación, Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, actuó contra sus deberes y contra la Constitución cuando, dos días después de la renuncia del presidente Evo Morales, se proclamó su sucesora sin la aprobación explícita del Congreso, y prestó juramento al cargo con apoyo de los jefes militares y policiales de entonces, que también son enjuiciados en el mismo proceso. Dos de ellos, los exjefes de la Armada y de la Fuerza Aérea, se declararon culpables y recibieron una condena de tres años. Áñez y los otros imputados que se someterán al proceso pueden ser condenados a hasta 12 años de prisión.

La oposición, que apoyó la toma del poder de Áñez al completo, considera que esta fue legal y recuerda que en ese momento la avaló un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través de un comunicado de prensa. Luego de la caída de Morales, Áñez se convirtió en la autoridad de más alto rango del país por la renuncia de los principales líderes parlamentarios, los cuales pertenecían al MAS. El Constitucional señaló entonces que, por jurisprudencia, la sucesión presidencial debía ser automática (“ipso facto”) para evitar un vacío de poder, aunque sin identificar a la persona a la que le correspondía asumir la presidencia. Tiempo después, el mismo Tribunal se retractó anunciando que su comunicado carecía de fuerza legal.

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