La parálisis institucional enfrenta a Bolivia a un profundo conflicto social

Bolivia no logra salir de la grave crisis institucional que estalló en noviembre de 2019 con el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral. La solución debía ser una nueva convocatoria a las urnas, pero el coronavirus se cruzó y estos comicios, previstos inicialmente para mayo, se han convertido en uno de los muchos factores de discordia entre los bolivianos. El segundo aplazamiento de la votación, del 6 de septiembre al 18 de octubre, decretado el pasado jueves por la autoridad electoral, agrava la brecha política y enfrenta al país a un intenso conflicto social.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que atribuyó su decisión a la propagación de la pandemia, no ha dejado contento a casi nadie, salvo al Gabinete interino de la conservadora Jeanine Áñez. El Gobierno que sucedió a Morales se conformó con el único objetivo de repetir las presidenciales después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusara al exmandatario de haber manipulado los resultados del pasado octubre. Esa conclusión, cuestionada por varios organismos, abrió una crisis que aún no se ha cerrado. Morales, que se había mantenido en el poder 13 años, renunció presionado por el Ejército y huyó, primero a México y luego a Argentina, donde vive en este momento.

“El Gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre”, escribió Evo Morales en Twitter desde Argentina. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y sus sindicatos se preparan para bloquear el aplazamiento de las elecciones tanto en la Asamblea Legislativa como en las calles. Pero al mismo tiempo también los comités cívicos de Santa Cruz, la segunda ciudad del país, y su líder, el candidato derechista Luis Fernando Camacho, rechazan la decisión, porque exigen que las elecciones no solo se posterguen, sino que se suspendan sine die por la emergencia sanitaria. Camacho llegó a llamar “niño caprichoso” a Salvador Romero, presidente del TSE, por fijar una nueva fecha.

El oficialismo de Jeanine Áñez, por su parte, aplaude a la autoridad electoral, pero cree que aún tendrá que haber algún aplazamiento más, ya que —según esta corriente— octubre sigue siendo muy pronto. Aunque la polémica sobre el mejor momento para realizar los comicios se presenta como una discusión de salud pública, refleja la profunda polarización de la sociedad. Áñez, que nunca ha pasado por las urnas, va camino de cumplir un año en el poder como jefa de Gobierno provisional. La presidenta interina dijo que la prioridad de su equipo consiste ahora en la reactivación económica y en la lucha contra la covid-19, que ha desbordado al sistema de salud y ha dejado casi 70.000 casos y más de 2.500 muertos.

Las fuerzas políticas que expresan a las clases medias urbanas, que fueron las protagonistas del derrocamiento de Morales, y el Gobierno interino han convertido la política nacional en una cruzada contra el MAS. Su líder está acusado de terrorismo, un delito que se castiga con 20 años de prisión. Cientos de funcionarios de su Administración son investigados o están procesados y varias decenas se encuentran asilados fuera del país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsable de la política de seguridad y uno de los más polémicos del Gabinete, ha chocado constantemente contra los fieles del exmandatario y expresa lo que piensa una parte de la población cuando los llama “delincuentes”.

Al mismo tiempo, Murillo fue reprendido por su propio partido cuando abrió la posibilidad de formar una alianza con el candidato centrista Carlos Mesa, que ya fue presidente del país antes de Morales, para presentar un frente electoral contra la izquierda. Los rivales del MAS quieren que este no vuelva al poder, pero sin tener que pagar el precio de conciliar intereses. Por eso examinan otras opciones. Una de ellas es la postergación o suspensión de las elecciones. La otra, eliminar al MAS de la carrera por medio de una demanda —que el Tribunal Electoral resolverá en breve— en contra de su candidato, Luis Arce, por supuestamente haber difundido encuestas en la televisión (lo que en Bolivia se sanciona drásticamente desde 2010).

Vengarse de la persecución

Por su parte, los masistas encabezan las encuestas y ven en las urnas el único modo de frenar la arremetida en su contra, de volver al poder y, muchos de ellos, de vengarse de la derrota y la persecución que han sufrido. No tienen otros recursos para defenderse y contratacar, porque se hallan muy golpeados por los sucesos de los últimos meses.

Su mayoría parlamentaria en gran parte tiene un carácter formal, ya que el Gobierno no aplica muchas de las leyes aprobadas por la Asamblea, y los sindicatos que responden a sus órdenes tienen poco espacio de acción en este momento de militarización del país, fuertes amenazas contra el activismo social, la necesidad de luchar por el sustento diario y una pandemia que ha amplificado las desigualdades. En los últimos días, las autoridades han recogido al menos 420 cadáveres en las calles, en viviendas y automóviles. Entre el 80% y el 90%, según información oficial, eran sospechosos de haber contraído la enfermedad.

En el terreno electoral, en cambio, el MAS sigue siendo muy fuerte, y se sitúa con Arce por delante del resto en la intención de voto. “Según las últimas encuestas, Arce está cerca del 40% de votos válidos y Mesa cerca del 30%. No se sabe a ciencia cierta si el primero pasó la barrera del 40% y si le separa una diferencia de más de 10% de Mesa, que es lo que necesita para ganar en primera vuelta. Tal vez no se logre dilucidar esta incertidumbre hasta el día de las elecciones”, explica el sociólogo Julio Córdova. “Las encuestas identifican entre un 10% a 15% de indecisos que podrían modificar este escenario en cualquier momento”, añade. Mesa, no obstante, tendría más posibilidades que Arce de ganar una posible segunda vuelta entre ambos.

Conocedor de estos números, Mesa también se hallaba interesado en apresurar las elecciones, pero la presión de los grupos de Santa Cruz que no quieren ir a unas urnas en las que pueda ganar el MAS, así como el evidente agravamiento de la situación sanitaria del país, lo hicieron retroceder.

Para el historiador Pablo Stefanoni, la polarización boliviana expresa, en gran medida, las grandes polarizaciones populistas latinoamericanas, como peronismo u el antiperonismo, en Argentina. “La dinámica de estas polarizaciones suele tener un patrón: las irrupciones nacional-populares tensan las instituciones democráticas y potencian regímenes plebiscitarios; las oposiciones a estos regímenes, por su parte, suelen esgrimir la defensa de las instituciones para organizar operaciones de restauración de viejos privilegios de clase, materiales y/o simbólicos”, señaló.

Stefanoni piensa que, como ocurrió en Argentina en 1955 con el derrocamiento de Perón, las elites que tomaron el poder tras la caída de Evo Morales creyeron que “sin el Estado, el MAS sería fácilmente neutralizado”. “Subestimaron así el hecho de que el MAS viabilizó un recambio de élites y fue una vía de acceso al Estado para sectores indígenas y plebeyos que no quieren resignar el poder que consiguieron. Por eso el MAS es más que Evo”.

La imposibilidad de liquidar rápidamente al MAS ha devuelto al país lo que Córdova calificó como un “empate catastrófico”. “Cerca del 45% del electorado, sobre todo del área rural y sectores populares urbanos, apoya al MAS. El otro 45%, conformado por clases medias urbanas, es fundamentalmente anti-masista, pero no encuentra una alternativa política unificadora”. El panorama futuro, en su opinión, estará impregnado de “altas dosis de conflictividad e inestabilidad política”.