El hermano de Daniel Ortega le reprocha que Hugo Torres murió por el “cruel encierro” al que le sometió

Ocho días después que el histórico comandante sandinista Hugo Torres falleciera en manos del Gobierno de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega publicó este viernes un artículo de opinión en el diario La Prensa que ha causado revuelo en Nicaragua. El hermano del presidente nicaragüense ha reprochado que el preso político de 73 años haya muerto “al ser expuesto en el cruel encierro” por parte de las autoridades judiciales del régimen que encabeza su hermano y su cuñada, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En el artículo titulado Compañero Hugo Torres, el hermano de Daniel Ortega realza la gesta revolucionaria del fallecido, en especial las dos operaciones guerrilleras que dirigió en 1974 y 1978 [los asaltos a la casa de Chema Castillo y la toma del Palacio Nacional], que obligaron al somocismo a liberar a presos políticos sandinistas, entre ellos el actual mandatario Daniel Ortega. Irónicamente, han criticado muchos sectores en Nicaragua, Torres murió cautivo y acusado de “conspiración” por el hombre que salvó a costa de arriesgar su vida en el pasado.

“Con ese mismo espíritu de lucha, ahora en el campo cívico, Hugo Torres integra una de las varias fracciones en que el antiguo Frente Sandinista se divide desde la década de los noventa, y no rehúye el sacrificio, la cárcel, en la que una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”, escribió el general Ortega, una figura militar determinante en la transición democrática en los noventa.

Desde 2018, tras las protestas sociales que fueron violentamente reprimidas por policías y paramilitares del régimen, el general Ortega comenzó a criticar la Administración de su hermano. Aunque no lo hace tan seguido, esta vez vuelve a pedir la liberación de todos los presos políticos que mantiene el Gobierno.

“Este lamentable, doloroso desenlace de un compañero de luchas, que cumple hasta el final consecuentemente este juramento [revolucionario], debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgentemente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”, planteó el general Ortega.

En julio de 2021, cuando el presidente Ortega desató una cacería de opositores que sirvió para liquidar las elecciones generales y perpetuarse en el poder, el general Ortega dijo en la cadena CNN que los presos políticos no eran “terroristas”, como insiste la propaganda oficial que justifica los proceso judiciales espurios, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. “Los presos políticos no han atentado contra la estabilidad de este país. Simplemente son opositores que tienen sus puntos de vista como los tengo yo. He criticado con toda firmeza y respeto al actual Gobierno, y no por eso voy a ser catalogado ahora de terrorista o traidor a la patria”, insistió.

El general en retiro se mantiene al margen de la actividad política de Nicaragua, a excepción de estas declaraciones públicas. Humberto Ortega es uno de los jefes castrenses que más preponderancia ha tenido en la historia reciente del país. No obstante, sus posturas críticas parecen no tener eco –al menos públicamente– en el Ejército de Nicaragua, una institución que ha guardado no solo silencio por la muerte de Hugo Torres, quien fue general de brigada, sino ante todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por la pareja presidencial desde 2018.

Además de la condena de Humberto Ortega, este viernes se han multiplicado las presiones al Gobierno nicaragüense por la muerte de Hugo Torres en prisión. La Organización de Estados Americanos (OEA) y 27 países exigieron la liberación inmediata de los presos políticos, al mismo tiempo que condenaron el deceso del exguerrillero. “Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones”, denunciaron los países de la OEA.

EE UU se plantea presionar al magnate del azúcar

Por otra parte, la agencia Associated Press (AP) reveló que el Gobierno de Joe Biden está considerando expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (RD-Cafta), pero es una posibilidad remota dado que no hay mecanismo para ello. Sin embargo, una fuente de Washington consultada por AP aseguró que lo más factible es dejar de importar ciertos productos nicaragüenses, como el azúcar. Esta medida golpearía directamente a Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos del país y dueño de la más grande productora de azúcar, el ingenio San Antonio.

“Elegir el azúcar podría ser una forma de movilizar a Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua y dueño del mayor productor de azúcar. Pellas fue uno de los firmantes de una carta abierta de los empresarios tras las protestas antigubernamentales de 2018, en la que se pedía a Ortega que adelantara las elecciones. Advirtió que el modelo económico del país estaba en quiebra. Pero se ha mantenido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega empezó a reprimir de verdad”, cita el reporte de la agencia. Tras la brutal represión a las protestas, el magnate se ha mantenido en silencio, incluso después del arresto de varios miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal más grande del país.

Según AP, la eliminación de ese subsidio estadounidense por valor de millones de dólares cada año tendría como objetivo presionar a Pellas. De acuerdo con un reportaje de la plataforma CONNECTAS, entre 2008 y 2018, el empresario fue uno de los más importantes impulsores del modelo político y económico que funcionaba en Nicaragua bajo el nombre de Diálogo y Consenso, pero que consistía en otorgarles ventajas económicas a los grandes empresarios, a cambio de respaldar las decisiones políticas de Ortega, entre ellos su reelección y la destrucción de la institucionalidad y la oposición. Sin embargo, la relación se fracturó por la represión de las protestas y hasta el día de hoy no ha podido ser recompuesta. No obstante, Pellas, factor determinante del empresariado, ha guardado silencio hasta ahora sobre la represión contra opositores y la liquidación de las elecciones de noviembre pasado.

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