Los choques entre palestinos de Jerusalén Este y colonos judíos disparan la tensión en Sheij Yarrah

La aparente calma que reina en Jerusalén amenaza con saltar por los aires con un nuevo episodio de enfrentamientos entre residentes palestinos en Jerusalén Este y colonos judíos que promueven su expulsión, que se saldaron con 31 heridos y 12 detenidos en la noche del domingo. El conflictivo distrito de Sheij Yarrah, situado al norte del recinto amurallado de la Ciudad Vieja, ha vuelto a ser epicentro de violentos choques como los que el pasado mes de mayo precedieron al último conflicto armado entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Decenas de familias palestinas están pendientes de expulsión de las casas que ocupan desde hace más de 60 años a causa del proceso de desahucio instado por una organización defensora de los colonos que se hizo con la propiedad de los terrenos.

La presencia en Sheij Yarrah del diputado israelí de extrema derecha Itamar Ben Gvir fue el detonante de los enfrentamientos más graves. El parlamentario, conocido por su discurso racista y antiárabe, instaló una oficina improvisada en una tienda de campaña con la intención de proteger los derechos de los israelíes asentados en el distrito, después de que una casa de colonos fuera atacada el viernes con cócteles molotov. La tensión no ha dejado de crecer desde entonces.

Tras los primeros enfrentamientos del sábado, el domingo se libró una batalla campal con lanzamiento cruzado de piedras y objetos contundentes, así como peleas a puñetazos en las que se vieron implicados políticos rivales, como Ahmed Tibi, diputado árabe en la Kneset (Parlamento), y el ultraderechista Arieh King, vicealcalde de Jerusalén. Las fuerzas de seguridad obligaron a Ben Gvir a desalojar el distrito mayoritariamente palestino de Jerusalén oriental para intentar calmar los ánimos. El diputado se desmayó durante el forcejeo y tuvo que ser atendido en un centro sanitario. En la noche de Jerusalén Este volvió a oírse el eco de disparos de balas forradas de caucho y granadas de gases lacrimógenos.

El gran despliegue policial ordenado el lunes por el Gobierno israelí en Sheij Yarrah impidió que se reprodujeran los choques entre colonos y palestinos, a pesar de que Ben Gvir volvió a instalar su tienda de campaña en un descampado cercano. Pero algunos enfrentamientos retornaron al anochecer. El primer ministro, Naftali Bennett, se reunió con los máximos responsables de seguridad para intentar contener la escalada. “No necesitamos provocadores que acudan a inflamar una zona solo por sus intereses políticos”, advirtió el jefe del Gobierno.

El movimiento islamista Hamás, que gobierna de hecho en la franja de Gaza, advirtió a Israel de que estaba “jugando con fuego”. En un comunicado difundido a través de Twitter, el dirigente islamista Naser al Din afirmó que Hamás está dispuesto a “repetir” las acciones armadas del año pasado contra Israel. El lanzamiento de cohetes desde el enclave costero hacia Jerusalén en plena tensión en Sheij Yarrah desató durante el mes de mayo un conflicto armado a gran escala que se prolongó durante 11 días y causó más de 250 muertos en la Franja y una decena en Israel.

Decenas de familias palestinas se hallan pendientes de la decisión final del Tribunal Supremo de Israel sobre su desahucio. Una asociación que promueve el asentamiento de colonos israelíes en Jerusalén Este adquirió los derechos de propiedad a una fundación religiosa que había comprado los terrenos hace más de un siglo, para instalar un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, sumo sacerdote judío de la antigüedad.

Mientras el Gobierno de Israel considera el caso de Sheij Yarrah como una disputa inmobiliaria entre particulares, la comunidad internacional cuestiona el desplazamiento forzoso de la población civil palestina de Jerusalén Este, ocupado militarmente por Israel en 1967 y anexionado en 1980.

Los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes en manos de palestinos no caducan, pero los de los palestinos sobre sus propiedades en el actual territorio de Israel perdieron validez tres años después de su salida. Pasaron a manos del Estado, que los custodió —como bienes de ausentes— antes de cederlos a familias judías.

Cerca de 3.000 palestinos que viven en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental están pendientes de desahucio, según la ONG israelí Paz Ahora.

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