Portugal ha sido durante una década un paraíso fiscal para pensionistas extranjeros. Entre 2009 y 2020, los jubilados que decidieron mudar su residencia al país no han pagado ni un euro en impuestos sobre la renta. A partir de 2020 el paraíso empeoró un poquito: comenzó a retener un 10% de sus pensiones. Desde el pasado 1 de enero la fiesta fiscal se acabó del todo para los jubilados suecos, que volverán a tributar por sus ingresos en su país de origen aunque residan en Portugal, tras la decisión de su Gobierno de romper el acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, que habían firmado ambos países en 2002.

Suecia es el segundo Estado europeo que da un portazo diplomático a Portugal por su laxitud fiscal, después de Finlandia, que lo hizo en 2018 para obligar a tributar en su país de origen al medio millar de pensionistas finlandeses establecidos en Portugal. La colonia sueca afectada ahora es mayor. “No hay información exacta sobre el número de jubilados suecos que viven en Portugal”, señala Sten Engdahl, un diplomático sueco que ha investigado en su tesis las razones que influyen en la migración de pensionistas de su país hacia España y Portugal. “Según los datos oficiales de las autoridades de inmigración, en 2009 había 746 suecos registrados oficialmente en Portugal, mientras que en 2020 la cifra se había incrementado hasta los 5.181. Lo más probable es que el número real sea mayor”, añade por correo electrónico.

Portugal creó el régimen fiscal de los residentes no habituales (administrativamente RNH) en 2009 con beneficios para pensionistas y determinados profesionales en activo en el ámbito científico, artístico o técnico. El Gobierno del socialista José Sócrates pretendía así captar nuevos residentes de cuentas pujantes para incentivar el consumo y la inversión. En el caso de los trabajadores se establecía un tipo fijo sobre la renta del 20% durante diez años. Las medidas también beneficiaban a los jubilados o profesionales portugueses retornados que hubiesen vivido en el exterior más de cinco años.

“Aquello que los contribuyentes portugueses han aceptado sin protestar, ha provocado protestas entre los contribuyentes suecos”, compara durante una entrevista presencial Susana Peralta, economista especializada en políticas públicas en la Universidad Nova de Lisboa. Portugal fue, de hecho, el primer país comunitario que eximió a los jubilados extranjeros de pagar impuestos, según se recoge en el informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en noviembre pasado.

A ojos de un país como Suecia, con un largo apego a las altas tributaciones que financian su Estado del bienestar, la estrategia lusa resultó difícil de aceptar. En una decisión infrecuente en las relaciones diplomáticas entre socios de la Unión Europea, el país nórdico decidió romper la convención bilateral para que las pensiones suecas tributen en el país de origen aunque sus beneficiarios residan en Portugal. Desde enero de este año, los suecos podrán seguir disfrutando del sol del Algarve y de los campos de golf de Cascais, pero no de propinas tributarias. “Es incluso inmoral que no hayan pagado nada durante 11 años“, opina Susana Peralta, que lamenta que la ruptura del acuerdo afecta a la reputación internacional lusa. En un artículo que escribió en el diario Público destacó que nadie conocía la ganancia que obtenía Portugal con estos obsequios fiscales. Dado que los jubilados no crean valor por su trabajo, Peralta se preguntaba “cuánto pueden consumir estas personas para traer tanto valor a la economía” que justifique sus ventajas impositivas. “Yo no lo sé, pero sospecho que el Gobierno tampoco”, añadía.

Lo que sí se sabe es lo que deja de ingresar Portugal al año por las ventajas para los residentes no habituales: 619,8 millones de euros en 2019. Según el informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es el país comunitario que más pierde por su régimen especial. Solo el Reino Unido, que ya está fuera del club, tiene una factura más alta: 1.371 millones de euros en 2018. Interesante el contraste con Suecia, donde solo se dejan de ingresar 87 millones de euros por incentivos tributarios (datos de 2020). Ese mismo año el coste para España por el régimen de impatriados fue de 502,7 millones de euros.

Las razones de la ruptura sueca fueron expresadas con claridad por Magdalena Andersson, la titular de Finanzas que se convirtió en primera ministra el pasado diciembre, en una entrevista en Público hace casi un año, cuando anunció el fin de la convención si Portugal no modificaba el régimen: “Un impuesto tiene que ser legítimo y justo. La posibilidad que se da los ciudadanos más ricos de pagar cero o el 10% mientras que los ciudadanos comunes pagan mucho más es una injusticia fiscal que mina la credibilidad del sistema fiscal”. Andersson no escondía su estupefacción por la tolerancia portuguesa hacia esta desigualdad: “Si un paciente sueco y un paciente portugués estuviesen juntos en un hospital portugués, el portugués habrá pagado impuestos por los dos porque los suecos tienen todos los derechos, como la atención sanitaria o los transportes públicos, sin haber pagado impuestos. Es fascinante que esto sea aceptado por los ciudadanos portugueses”.

En 2019 el Gobierno sueco negoció con el portugués una modificación del acuerdo bilateral que permitiría la tributación de los pensionistas en Suecia, pero el Gabinete de António Costa no ratificó esta enmienda desde entonces. “Hemos esperado dos años y nuestra paciencia se acabó”, señaló Andersson. En junio de 2021 el Parlamento sueco aprobó la liquidación de la convención bilateral, que dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero.

En una carta enviada a las autoridades portuguesas por representantes de la comunidad sueca se avisaba de que la ruptura del acuerdo tendría consecuencias “desastrosas” e imposibilitaría la permanencia de la mayoría de los suecos en Portugal. “La carga tributaria sobre pensiones y rendimientos aumentará para niveles imposibles de soportar”, señalaban en su escrito.

El estudio publicado en noviembre pasado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un organismo adscrito a la Paris School of Economics y financiado con fondos comunitarios, calcula que la pérdida de ingresos públicos en la Unión Europea debido a los regímenes especiales es de 4.500 millones de euros al año. Más de 200.000 contribuyentes se benefician actualmente de estas estrategias destinadas a captar determinados profesionales o pensionistas de alto poder adquisitivo en una competición fiscal entre países. Los regímenes preferenciales tanto para trabajadores como pensionistas han pasado en Europa de cinco en 1994 a 28 en 2020. En el informe se apunta que los regímenes especiales de Italia, Grecia, Chipre y Portugal se encuentran “entre los más perjudiciales”.

El Observatorio señala que mientras la competencia entre países por la fiscalidad de las empresas ha decrecido en la última década, se ha desatado una carrera por bonificar las rentas individuales de determinados colectivos. “Considerando la proliferación de regímenes fiscales personales cada vez más agresivos dirigidos a residentes extranjeros, parecería adecuado pedir la reforma del Código de Conducta que posibilite la evaluación de la agresividad de estos regímenes”, defienden.

Portugal y España, no tan iguales

Sol, comida y calidad de vida son cualidades comunes a España y Portugal que aprecian por igual los jubilados suecos que se mudan a la península. Entre ambos países se observan, sin embargo, diferencias que influyen a la hora de elegir residencia para la jubilación. La carga fiscal y el manejo en inglés pesan a favor de Portugal, mientras que el coste de la vida, incluidos vuelos más baratos, resultan más atractivos en España. “Los incentivos fiscales son una de las razones de atracción más importantes de Portugal, pero no de España, y la facilidad para comunicarse en inglés es importante tanto a la hora de atraer como de retenerles en Portugal, pero no en España”, indica Sten Engdahl en su tesis.

El perfil de los pensionistas suecos establecidos en la península también presenta divergencias. Entre los residentes en Portugal abundan los que tienen título universitario (78%), gozan de buena salud (89%) y tienen ingresos holgados (82%). Entre los que viven en España hay un 58% de licenciados, un 76% que declara tener buena salud y un 62% que considera que su renta es buena.

Engdahl, que comenzó sus trabajos para la tesis en 2016 y que contó con las respuestas de 575 jubilados suecos, destaca el interés de la investigación para que “los gobernantes comprendan que atraer jubilados extranjeros puede ser una importante vía para promover el crecimiento económico y el desarrollo en sus países”. El investigador sueco considera que España y Portugal han tenido éxito en este empeño, aunque opina que deberían reforzarse medidas para aumentar la adaptación sociocultural de los extranjeros en las sociedades de acogida. Apenas el 24% de los suecos establecidos en España hablan con fluidez el castellano, aunque esta cifra es aún menor en el caso portugués: el 13%.

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