Rusia acaba un año de acoso a la sociedad civil con el cierre de una ONG de derechos humanos

Un tribunal de Moscú ha rubricado un año negro para las ONG y los medios independientes rusos. El Tribunal de la Ciudad de Moscú dictaminó este miércoles el cierre del Centro de Derechos Humanos Memorial, una veterana organización activista que nació de la fundación Memorial Internacional, liquidada el martes en otro juicio tras más de tres décadas de lucha en favor de la memoria histórica de los crímenes soviéticos.

El Centro de Derechos Humanos Memorial ha investigado durante todo este siglo los crímenes de la Rusia moderna, especialmente en las repúblicas del Cáucaso. Por ello perdió la vida en 2009 la activista Natalia Estemirova, secuestrada y asesinada en un crimen del que el máximo responsable de la organización, Oleg Orlov, señaló directamente al presidente de Chechenia: Ramzán Kadírov. Estemirova había sido la primera galardonada con el premio Anna Politkóvskaya, también asesinada en 2006 en Chechenia, y la plataforma abandonó la región tras su muerte.

El cierre del Centro de Derechos Humanos Memorial apuntilla un año de enormes presiones a los medios y ONG independientes rusos a través de la ley de agentes extranjeros. Esta ofensiva comenzó tras la detención del activista opositor Alexéi Navalni en enero, y bajo esta etiqueta han sido marcados este 2021, entre otros, la propia Fundación Anticorrupción de Navalni (cerrada después al ser declarada extremista), la Alianza de Médicos (crítica con las cifras oficiales de la pandemia y que se pronunció abiertamente a favor de Navalni), y los medios independientes Dozhd, Meduza y Proekt Media, que en el último año han publicado investigaciones como el patrimonio de los círculo cercanos del Kremlin, el supuesto palacio de lujo de Putin, los secuestros del régimen de Kadírov o el seguimiento del FSB a Navalni que reveló la asociación de periodistas Bellingcat.

Ser declarado agente extranjero supone un grave problema porque atemoriza a todas las fuentes de ingresos: Los anunciantes prefieren evitar problemas y dejan de pagar publicidad, mientras que los suscriptores huyen por miedo a verse relacionados con la organización marcada. La plataforma Unión Social-Ecológica estima que desde 2014 han cerrado por ello 22 de las 32 organizaciones medioambientales que han sido declaradas agentes extranjeros. El siguiente paso en Rusia es ser considerado “indeseable”, lo que prohíbe cualquier tipo de actividad en el país y el acceso a su web. Es el ejemplo de Proekt Media y de Gulagu, un portal que ha publicado estos meses una serie de vídeos de torturas en las cárceles rusas. Gulagu sigue estando prohibido en Rusia pese a que sus filtraciones han llevado a la expulsión de numerosos funcionarios de prisiones, el último, el subdirector del Servicio Penitenciario Federal este mismo miércoles.

Y entre medias se encuentra ahora OVD-Info, un proyecto periodístico que también fue declarado agente extranjero este año y cuya web ha sido vetada esta misma semana. La plataforma nació en 2011 para monitorear los abusos policiales y la persecución política en Rusia, y ha sido una de las principales bases de datos para conocer los arrestos en protestas como las desatadas este año por la detención de Navalni. “La acusación ha mencionado hoy a OVD-Info, que a su juicio desestabiliza y participa en acciones masivas, pero esto no es así. Solo este año ha ayudado a miles de detenidos en los tribunales para proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Es OVD-Info la que les permite recibir la asistencia jurídica cualificada que garantiza la Constitución”, afirmó durante el juicio final contra el Centro de Derechos Humanos Memorial su abogado Mijaíl Biriukov.

El juez Mijaíl Kazakov ha ordenado el cierre del Centro de Derechos Humanos Memorial por el mismo motivo que se dictó la liquidación de su matriz un día antes: no remarcar en todas y cada una de sus publicaciones, desde redes sociales a pasquines, que había sido declarado agente extranjero por las autoridades. Y como añadido, la acusación incluyó esta vez que el centro justificaba a organizaciones extremistas islámicas y a los Testigos de Jehová, prohibidos en Rusia. “Salvo el de Hitler, el soviético y el actual ruso, ningún régimen ha perseguido a los Testigos. ¡Y es precisamente el Estado el que acusa a Memorial de rehabilitación del nazismo!”, dijo el letrado Ilya Novikov en el juicio. “Todo el mundo tiene derecho a opinar. Simplemente pedimos un juicio justo para todos y no llamamos guapas a algunas organizaciones terroristas, como dijo recientemente un medio de comunicación estatal”, agregó la abogada María Eistmont, en referencia a la afirmación de la directora de Russia Today de que el movimiento talibán, incluido en la lista terrorista de Rusia, era “la belleza del año” tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

La argumentación de que las publicaciones del centro contenían “indicios lingüísticos y psicológicos que justifican a organizaciones terroristas internacionales” la aportaron una matemática y un traductor que, según una sentencia de otro caso anterior, “no tienen un conocimiento especial ni en el campo de la filología ni de la lingüística”, según reveló hace unas semanas el diario Novaya Gazeta. Asimismo, la acusación recalcó que el centro Memorial desprecia a Rusia con sus publicaciones y viola “el derecho a acceder a la información” de los ciudadanos. El abogado defensor Grigori Vaipan respondió que el Estado “no puede ser calumniado porque no tiene honor ni dignidad, incluso cuando se trata de aquellos Estados que no persiguen a sus ciudadanos por razones políticas”. Los abogados de Memorial anunciaron que apelarán la decisión, y la Corte Europea de Derechos Humanos instó a suspender la sentencia inmediatamente.

Además, en la sala estuvieron presentes como observadores algunos diplomáticos de España, Alemania y de los países nórdicos y bálticos, según dijo a Interfax el servicio de prensa del tribunal. Por su parte, la subdirectora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Rachel Denber, afirmó en Twitter que “casi exactamente 30 años después del final de la era soviética, las autoridades han establecido los nuevos límites represivos sobre lo que se puede decir sobre el pasado y lo que se puede decir y hacer sobre los abusos en la Rusia actual”.

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