Lukashenko planea blindarse con la nueva Constitución de Bielorrusia

Aleksandr Lukashenko quiere dejar todo atado en el vigésimo octavo año de su reinado al frente de Bielorrusia. La agencia de noticias estatal Belta ha filtrado los cambios de la nueva Constitución, una reforma inspirada en cierto modo en la que hiciera Vladímir Putin en Rusia el pasado año y que permitiría al mandatario bielorruso tener todo bajo control ocupe o no la presidencia del país.

Lukashenko anunció hace unos días que la nueva Ley Fundamental será sometida a referéndum en la segunda mitad de febrero de 2022. Las enmiendas le concederían inmunidad vitalicia, pues entre otros puntos figura que “el presidente que ha cesado en el ejercicio de sus funciones no puede ser considerado responsable de las acciones cometidas en relación con el ejercicio del poder”. Además, “el presidente poseerá inmunidad y su honor y su dignidad estarán protegidos por la ley”, establece el nuevo artículo 89.

Sobre la mesa está la validez que esta nueva Constitución tenga en el futuro. Lukashenko no es reconocido como presidente ni por EE UU ni por la UE tras la represión de las masivas protestas desatadas en el verano de 2020 a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales. El mandatario, que arrestó a la mayoría de candidatos opositores antes de su celebración, se apuntó un 80,1% de los votos frente al 10,1% de Svetlana Tijanóvskaya, la única rival que pudo presentarse y que unió a toda la oposición en bloque en unos comicios con una participación masiva según las cifras oficiales: más del 84% de los votantes.

“El proyecto de Constitución no ofrece una elección real a los bielorrusos”, denunció este lunes Tijanóvskaya en Twitter tras conocerse los detalles. “Permitirá que el dictador se asegure el poder y controle la situación a través de la artificial Asamblea Popular Bielorrusa”, agregó la política, cuyo marido y candidato en un primer momento antes de ser detenido, Serguéi Tijanovski, ha sido condenado a 18 años de prisión bajo la acusación de organizar disturbios masivos, incitar al odio social e impulsar acciones que alteran el orden público.

La Asamblea Popular Bielorrusa es el as en la manga de Lukashenko. Detrás de este ostentoso nombre solo había hasta ahora un encuentro informal del Gobierno con empresarios y altos cargos del régimen que se celebraba de forma ocasional algunos años. Ahora, la nueva Constitución consagra a esta estructura un enorme poder con el que Lukashenko podría cesar a sus futuros sucesores cuando abandone el cargo.

El nuevo órgano deberá ser definido por ley en el plazo de un año tras la aprobación de la Ley Fundamental. De momento, solo se sabe lo que el borrador constitucional estipula: tendrá un máximo de 1.200 miembros, un mandato de cinco años y serán delegados tanto el presidente de Bielorrusia como sus exmandatarios. Según uno de los artículos de nuevo cuño, esta asamblea “será el más alto órgano representativo de la democracia de la República de Bielorrusia”, y entre sus funciones estará “definir las direcciones estratégicas para el desarrollo de la sociedad y del Estado”.

Tanto si retiene la presidencia como si se decanta por tomar asiento en esta asamblea, Lukashenko mantendría el poder bajo control. A principios de diciembre dijo a la agencia Belta que convocará elecciones presidenciales tras la adopción de la nueva Constitución, aunque no aclaró si se postularía de nuevo. “Honestamente, no lo sé”, afirmó el mandatario, que ostenta el poder desde 1994. Los cambios constitucionales establecen que nadie podrá ocupar la presidencia más de dos legislaturas, algo que su inspirador, Putin, solventó con una ley que ha puesto sus mandatos a cero a partir de 2024.

Al igual que en el caso de Rusia, la reforma constitucional de Bielorrusia prevé que no podrán postularse a la presidencia los ciudadanos “que tengan o hayan tenido ciudadanía extranjera o un permiso de residencia de un Estado foráneo que conceda derecho a recibir otras prestaciones”. Asimismo, tampoco podrán hacerlo “las personas condenadas a privación de libertad” ni “los ciudadanos declarados incompetentes por un tribunal”. Es decir, la Constitución de Lukashenko excluiría de futuras elecciones a miles de bielorrusos que han huido del país o se encuentran en prisión. Según la ONG de derechos humanos Viasna, 954 presos políticos están en las cárceles bielorrusas, la mayoría por su participación en las protestas de 2020.

Todas las figuras más importantes de la oposición rechazan este plebiscito constitucional. En una grabación conjunta han llamado a los bielorrusos a votar nulo. Uno de ellos, Pavel Latushka, exministro de Lukashenko y ahora uno de sus más fieros críticos, advierte de que esto es “una imitación de un referéndum para devolver la legitimidad perdida al régimen y crear una ilusión de cambio en Occidente y Rusia”.

El enfrentamiento con su pueblo ha acercado a Lukashenko a Putin, que a cambio de su apoyo militar y económico ha acelerado las negociaciones para la integración de ambos países bajo la estructura supranacional del Estado de la Unión, firmada en 1999 y que prevé entre otras medidas una moneda, una legislación y una defensa comunes. Aunque la nueva Constitución remarca en su preámbulo “la independencia de la República de Bielorrusia”, la oposición considera que esta solo será de cara a la galería tras las concesiones de Lukashenko al Kremlin.

Además de la introducción de nuevos artículos, también destaca la eliminación de otros. La supresión más notoria es la del texto donde Bielorrusia se declaraba zona libre de armas nucleares. En plena escalada de la tensión en noviembre por la crisis de los migrantes provocada por Minsk en Polonia y el despliegue ruso junto a Ucrania, Lukashenko propuso a Putin el envío de misiles nucleares a su territorio si la OTAN desplazaba los suyos más al este de Alemania.

Sobre esta cuestión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, avanzó el lunes que las negociaciones de la Alianza Atlántica y Moscú para darse garantías mutuas de seguridad podrían tener lugar el 12 de enero.

Por otra parte, la nueva Constitución de Lukashenko también se inspira en la rusa al subrayar una serie de valores morales inequívocos para la población, como que los ciudadanos “han de ser socialmente responsables y deben contribuir al desarrollo de la sociedad y del Estado”; que este “asegurará la preservación de la verdad histórica y el recuerdo de la hazaña heroica del pueblo bielorruso durante la Gran Guerra Patria (la Segunda Guerra Mundial”; o que el matrimonio es la unión exclusiva de un hombre y una mujer.

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