Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El auge de la nueva derecha radical en Chile

El voto por el partido republicano tiene diversas dimensiones: puede ser interpretado como un rechazo al modelo de sociedad que ofrece la izquierda, o como una reacción restauradora que busca devolver al país su grandeza

El candidato a la presidencia de Chile José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante un mitin en Concepción.
El candidato a la presidencia de Chile José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante un mitin en Concepción.GUILLERMO SALGADO (AFP)

A pocos días de una segunda vuelta que opondrá al candidato de la derecha radical, José Antonio Kast, quien se impuso en primera vuelta (27,9%), y el de la izquierda, Gabriel Boric (25,8%), la polarización discursiva entre el deber moral de derrotar al “fascismo” y el de “salvar la patria del comunismo” o del “terrorismo” llegó a su paroxismo. ¿Cómo interpretar el auge de una derecha ultraconservadora y libertaria después de un plebiscito en el que el 78% de los chilenos se pronunció a favor de la construcción de un nuevo pacto social mediante un proceso constitucional? ¿Cuáles son las características y conexiones de esta nueva derecha radical?

El voto por el Partido Republicano tiene diversas dimensiones: puede ser interpretado como un rechazo al modelo de sociedad que ofrece el candidato de la izquierda (un voto “anti”) o como una reacción restauradora que busca devolver a Chile su grandeza (al estilo del eslogan de Donald Trump “Que América vuelva a ser grande”). Aparece también como una reacción anti-emancipadora frente a las importantes transformaciones culturales experimentadas por la sociedad chilena desde el regreso a la democracia. Estas tres dimensiones, por supuesto, no son excluyentes.

Durante los últimos 30 años, las encuestas pusieron en evidencia una mayor valoración de las libertades individuales por parte de los chilenos, particularmente en el ámbito moral, así como del rol del Estado para proveer derechos en pensiones, salud y educación, lo que formó parte de las demandas del estallido social. En mayo de 2021, los malos resultados electorales del Partido Republicano en las elecciones municipales, de gobernadores y constituyentes (en las que la derecha se quedó sin opciones de veto en el articulado de la nueva Constitución) confirmaron la inadecuación entre esa oferta política y el sentir de la ciudadanía. Entre un 30 y un 50% de los electores de derecha votaron también por la aprobación en el plebiscito, mientras José Antonio Kast hizo campaña por el rechazo. ¿Cómo explicar entonces el mayor peso de un proyecto de ultraderecha en una sociedad por lo demás sin claras señales de polarización ideológica?

Este mayor peso se benefició de una coyuntura crítica muy fluida, que abrió una ventana de oportunidad para el éxito de este proyecto. La encuesta nacional de opinión pública del CEP de agosto de 2021 muestra en efecto que la delincuencia pasó a ser el tema principal de preocupación de los chilenos, que se instaló un mayor rechazo ciudadano hacia las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019 y las violencias que desencadenaron. Disminuyó también la confianza en la capacidad de la convención constituyente de mejorar la situación del país, lo que puede atribuirse a las disputas internas durante la adopción de su reglamento. Ese movimiento pendular de restauración del orden después de movimientos sociales de carácter refundacional no es excepcional, como muestra el ejemplo de los eventos de mayo de 1968 en Francia, seguidos de una victoria de la derecha.

A esta agitación social y coyuntura de incertidumbre institucional se agregó la instalación en el debate presidencial de dos temas críticos: la crisis migratoria del norte grande de Chile, donde el número de migrantes supera al de su población, y la radicalización en la macrozona sur del conflicto mapuche ―población indígena que reclama la restitución de las tierras ancestrales―, en parte infiltrada por grupos armados. José Antonio Kast triplicó la votación de Gabriel Boric en la Araucanía. Un escenario económico marcado por la inflación y las bajas proyecciones de crecimiento contribuyó también a infundir temor hacia “quienes quieren destruir el país” ―en palabras de Kast―, con un programa que recibió críticas transversales por descuidar los equilibrios fiscales y ahuyentar a los inversionistas.

Más allá de quien gane la segunda vuelta, José Antonio Kast logró instalar una narrativa contra-hegemónica sobre el estallido social y el proceso constituyente. En ella se oponen dos legitimidades: la representación del estallido social como hito necesario para dar cauce a transformaciones sociales postergadas gracias a una nueva Constitución; y la percepción de que este fue el inicio de un itinerario político “claudicante” en el que el gobierno de Sebastián Piñera –cuya aprobación cayó entonces al nivel más bajo en treinta años para un mandatario– transigió con la izquierda. Kast supo aprovechar esa ventana de oportunidad para impugnar a la centro-derecha en nombre de sus valores fundantes: la defensa del orden y del Estado de derecho que ya había sido un eje de su primera candidatura a la presidencia en 2017, en la que consiguió el 7,9% de los votos.

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El Partido Republicano comparte un parecido de familia con las ultraderechas europeas: se potencia en un contexto de crisis –social, política, económica y sanitaria– que refuerza el miedo y el pesimismo sobre el futuro. Este temor se expresa a través de un sentimiento de rechazo o de voto por “el mal menor”, que opone anti-comunismo y anti-pinochetismo. Al igual que otros líderes de ultra-derecha, Kast apela también al “sentido común”, combinando cierto radicalismo discursivo con las herramientas del marketing contemporáneo para difundir mensajes orientados a dar soluciones radicales a problemas concretos (por ejemplo, construir zanjas para luchar contra la inmigración ilegal). Por último, aquellas derechas no suelen considerarse “extremas”. Kast ha insistido sobre su apego a los valores democráticos y el orden constitucional, pero al mismo tiempo relativizó la culpabilidad de uno de los militares con más condenas por violación de los derechos humanos, Miguel Krassnoff.

Fundamentalmente, el Partido Republicano pertenece a la familia de las “derechas radicales” (Mudde, 2019) que aceptan la esencia de la democracia pero no comulgan con aspectos fundamentales de la democracia liberal como los derechos de las minorías. Expresan un nuevo tipo de “reacción cultural” (Norris, Inglehart, 2019) con sus críticas hacia la llamada “ideología de género”, un discurso que enarbola Vox en España, pero también Zemmour en Francia o Bolsonaro en Brasil. Se codean en la misma red ultraconservadora de partidos, asociaciones e Iglesias que buscan frenar la conquista de derechos para las diversidades sexuales. Si bien Kast anunció que, de ser electo, en materia de asuntos morales se sometería a las decisiones del Congreso, su programa de 2017 planteaba derogar la actual ley de aborto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo solo en caso de violación, peligro para la vida de la mujer o inviabilidad fetal. Esta red busca también, a través del Foro de Madrid, frenar el comunismo en el mundo, instalándose como un contrapeso a cónclaves progresistas como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla.

Más allá de esa agenda global, y tal como fue señalado por uno de sus asesores, “Kast es mucho más Ronald Reagan que Trump o Bolsonaro”, vale decir un libertario que quiere achicar el Estado actualizando la receta de los Chicago Boys. Gane quien gane el 19 de diciembre, con 14 diputados, el Partido Republicano ya se constituyó en la tercera mayor fuerza del Congreso, logró movilizar a la centro-derecha en torno a su candidato y jugará probablemente un rol clave en la reestructuración del bloque. La pregunta de si esto es positivo o negativo para la salud de la democracia liberal queda abierta.

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