El periodismo nicaragüense, arrinconado entre las ‘leyes del silencio’ y el exilio

Álvaro Navarro lleva cinco meses sentándose con cautela ante el teclado de la computadora. Nunca, ni en sus inicios como reportero incisivo y luego como director del medio de comunicación Artículo 66, tuvo que “cuidar tanto” cada palabra que teclea. Desde junio pasado, la situación para él y sus colegas nicaragüenses es “de alto riesgo”, afirma. “Estamos bajo la amenaza de leyes sobre ciberdelitos, de agentes extranjeros y de traición a la Patria. Cualquiera puede ser usada en nuestra contra”, dice el periodista, quien timonea una de las publicaciones con más alcance en el país centroamericano.

Las tres leyes que menciona fueron aprobadas por el Gobierno de Daniel Ortega a finales de 2020. Desde hace cinco meses, en medio del cierre total de los espacios democráticos en Nicaragua, con la liquidación de las elecciones generales tras el apresamiento de los líderes opositores, estas normativas son usadas para acallar las voces críticas. En especial la de los reporteros y sus fuentes de información. “Se ha impuesto un apagón informativo”, define Navarro.

De las tres leyes punitivas, la de ciberdelitos es la que más afecta al trabajo de los periodistas. El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo, que mantiene un ataque sistemático contra los medios de comunicación independientes desde las protestas de 2018, se atribuye con esta legislación la facultad de decidir cuándo una publicación es “noticia falsa”. Además, encañona directamente a los empleados públicos que filtren información estatal, clave para el periodismo en un régimen cerrado. Las penas de prisión que establece la ley de ciberdelitos oscilan entre uno y ocho años de cárcel.

La Fiscalía ha amenazado con esa ley a varios periodistas, lo que les ha empujado al exilio. También lo ha hecho el Ministerio de Salud contra los médicos que han criticado la negligencia oficial en la administración de la pandemia de covid-19. Mientras que expertos en materia electoral, empresarios y opositores que usualmente eran consultados por noticieros y periódicos fueron apresados invocando la llamada Ley del Pueblo”, acusándolos de “traición a la patria”.

La cacería desatada por la policía instaló en la libertad de expresión y prensa de Nicaragua una autocensura sin precedentes, nunca vista desde la posguerra a partir de 1990 —año en que ganó las elecciones Violeta Chamorro—, dice el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica precisamente por ser una de esas voces incómodas para el régimen.

“Hay persecución de periodistas cuando están en las calles reporteando. Hay espionaje: Los siguen policías y paramilitares. Les toman fotos o acosan las casas de sus familias”, describe el periodista Navarro. “Por otro lado, las pocas personas que hablan lo hacen con suma cautela; siempre están pensando en no ser objeto de acusaciones. Otros te dicen que no hablan. Ha habido una disminución sustancial de la cantidad de fuentes de información. Además, por lo menos 40 líderes de oposición en Nicaragua están presos y eran quienes generalmente hablaban”.

De pronto, las ediciones de los diarios comenzaron a llenarse de “fuentes anónimas” y los nombres de los periodistas desaparecieron por “seguridad”. Es decir, los reporteros dejaron de firmar sus notas. Uno de los casos que más miedo infundió fue el del cronista deportivo Miguel Mendoza, arrestado el 21 de junio pasado. Mendoza era muy popular en redes sociales y creaba conversaciones virales críticas al oficialismo. La propaganda lo señaló durante varias semanas como infractor de la ley de ciberdelitos, aunque al final la Fiscalía lo acusó de “conspiración”. Las pruebas que los fiscales presentaron en su contra fueron memes y mensajes publicados en sus perfiles de Twitter y Facebook.

Propensión de ciberdelitos

El uso de las fuentes anónimas no solo torpedea el quehacer periodístico diario, sino que facilita una acusación por la ley de ciberdelitos. “Para el Gobierno es fácil irse contra nosotros por usar una fuente anónima que cuente alguna interioridad del sandinismo, por ejemplo. Aunque corroboremos la filtración, y si es algo delicado y provenga de una fuente creíble, nos van recetar cárcel”, sostiene Navarro.

Esta persecución del pensamiento crítico ha generado una nueva oleada de exiliados, compuesta por periodistas, opositores y críticos de la sociedad civil. Sin embargo, el exilio no es garantía de protección. Los que huyen siempre dejan familia en Nicaragua, propensa a las retaliaciones, y también la Fiscalía acusa en ausencia. El pasado 8 de septiembre, Amaru Ruiz, uno de los ambientalistas más críticos con el Gobierno y exiliado desde 2019 en Costa Rica, fue acusado por “ciberdelitos”. En específico por “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la comunicación”. Días antes, Ruiz denunció una matanza de indígenas en las comunidades de la Costa Caribe Norte y señaló “al Estado y sus instituciones” de omitir “deliberadamente el deber de investigar estos delitos”.

La periodista y excarcelada política Lucia Pineda Ubau lidia con todas estas vicisitudes en San José, donde transmite su programa en un estudio improvisado en una vivienda. “Hay que admitir que el régimen ha logrado sembrar el miedo en nuestras fuentes, en los generadores de opinión, ya que han criminalizado la expresión y opinión. Incluso en fuentes que están exiliadas”, lamenta la directora del confiscado canal 100% Noticias. “Dentro de Nicaragua, el personal trabaja con un perfil muy bajo. No pueden decir que laboran en 100% Noticias, ya que inmediatamente el régimen los declara sus enemigos y los comienzan a perseguir”.

Aunque Pineda y Navarro sostienen que el Gobierno no ha logrado callar por completo a los periodistas, la persecución es insoslayable. “Pues sí, han logrado bajar la intensidad a los medios de comunicación. Hay una gran cantidad de periodistas que están afuera, desconectados, pues la materia prima está en las calles, pero no lo podemos hacer. Por lo menos no a plenitud. Sin embargo, tampoco se ha logrado imponer un silencio total como quisiera el Gobierno”, afirma el director de Artículo 66, con cautela ante su ruidoso teclado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.