De Nicaragua a El Salvador: los ataques a la prensa oscurecen cada vez más las democracias en la región

Periodistas nicaragüenses encarcelados, perseguidos y obligados a vivir escondidos o en el exilio, reporteros acosados y hostigados en Guatemala, crímenes contra la prensa que quedan impunes en Honduras y ataques sistemáticos por parte del presidente Nayib Bukele a medios independientes en El Salvador. Centroamérica es el máximo exponente del “deterioro constante” de la libertad de prensa en América Latina y ningún Gobierno de la región parece dispuesto a tratar de combatirlo, advierte el español Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés).

En entrevista telefónica con EL PAÍS desde Nueva York, Martínez de la Serna asegura que la situación es “gravísima” para las poblaciones locales y para generar conciencia a nivel internacional de lo que sucede en estos países. “La consecuencia del chantaje sistemático a la prensa en la región es que cada vez va a haber menos información disponible independiente sobre lo que ocurre y que se están generando auténticos agujeros negros. Llegará un momento en que sabremos muy poco de lo que está ocurriendo“, afirma. Para entender las consecuencias de la desaparición del periodismo, el director de programas del CPJ insta a mirar a otras regiones del mundo donde esto ya ha sucedido: Afganistán, donde la llegada al poder de los talibanes ha desmantelado la prensa libre en solo unos meses; o algunas regiones de México, donde hay una enorme impunidad frente a la violencia que impide a los periodistas hacer su trabajo; o países con regímenes autoritarios en la región como Cuba y Venezuela, donde no se puede ejercer el periodismo libremente.

Las amenazas a la prensa en la región será uno de los temas que se discutan desde este jueves en el Foro Centroamericano de Periodismo (Foro CAP), un evento organizado por el medio salvadoreño El Faro, que este año se celebrará en tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador, y de manera virtual. “No estamos tan lejos de que empecemos a ver estas situaciones en países de Centroamérica. En algunos casos ya es muy dramático y lo estamos viendo en el deterioro impresionante en El Salvador o en Nicaragua en los últimos años”, advierte Martínez de la Serna, quien también estará en el foro.

Este domingo, Nicaragua celebra unas elecciones presidenciales que han sido tachadas de “farsa” después de que el presidente Daniel Ortega encarcelara a decenas de opositores a su Gobierno y a potenciales candidatos presidenciales. Además, la prensa independiente ha visto en los últimos meses cómo se han incrementado los ataques en su contra con el allanamiento de redacciones, el hostigamiento y la persecución de periodistas a través de leyes que buscan acallar las voces críticas. En estos momentos hay más de 150 presos políticos en el país, entre ellos el periodista deportivo Miguel Mendoza; Miguel Mora, exdirector del canal 100% Noticias convertido en precandidato opositor; y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa. “Hay un ataque sistemático en estos frentes que en cierta medida culmina en las elecciones del 7 de noviembre para desmantelar y acabar con la prensa. Hay docenas de periodistas en el exilio como consecuencia de esto y muchos de ellos en el país bajo vigilancia o con su actividad muy restringida por diferentes motivos”, advierte Martínez de la Serna.

La fuerza de los periodistas en el exilio

Una de ellas es Jennifer Ortiz, directora del medio independiente Nicaragua Investiga, quien en junio de este año decidió exiliarse a Costa Rica por segunda vez. La primera fue tras la represión a las protestas de 2018 cuando fue víctima de amenazas, vigilancia paramilitar y hasta del lanzamiento de bombas molotov a la casa de su familia. En junio de este año comenzó su segundo exilio para garantizar la continuidad de su medio. “Varios voceros del Gobierno me acusaron de lavar dinero, de apoyar lo que ellos llaman un golpe de Estado y acusaron al medio que fundé y dirijo de transgredir la ley de ciberdelitos, que es una ley que aprobaron a conveniencia para criminalizar el trabajo de la prensa independiente”, afirma.

Ortiz compara trabajar sobre el terreno en Nicaragua con hacer periodismo en una zona de guerra. “Salís con la conciencia de que te pueden golpear o que ese puede ser el último día que vos salgás a cobertura porque te pueden asesinar, secuestrar o encarcelar”, asegura por teléfono desde Costa Rica. Los reporteros, dice, se exponen a que les roben los equipos, les revisen los celulares, les requisen los vehículos en los que se desplazan o a que en cualquier momento comiencen una campaña de hostigamiento en su contra. “Sabés que vos vas a ser un enemigo público del Gobierno y es un Gobierno que está preparado para hacer cualquier cosa por defender el poder”. Antes de irse de Nicaragua, ella se refugió en varias casas de seguridad donde vivía de manera clandestina. Ejercer la profesión en estas condiciones también ha llevado a sus hijas a perder dos años de escuela por las constantes mudanzas y su familia ha tenido que dejar de hablar con algunos amigos para que no tomen represalias en contra de ellos.

La estrategia de Daniel Ortega de acallar las voces disidentes también ha repercutido en que cada vez hay menos fuentes de las que obtener información: muchos de quienes se atrevían a cuestionar al Gobierno están presos, mientras que otros han decidido dejar de hablar para no acabar también en la cárcel. “Es un desafío enorme para el periodismo independiente poder seguir ejerciendo periodismo en ese contexto”, dice la directora de Nicaragua Investiga. Desde su exilio, continúa dirigiendo la cobertura de su medio y coordinando al equipo que permanece en su país para que puedan ejercer su labor con las mayores garantías posibles. “Están tratando de documentar la historia del país a riesgo de su propia vida y de su normalidad”, destaca.

En Costa Rica, que ha acogido a buena parte del exilio nicaragüense —incluyendo a periodistas—, muchos de ellos enfrentan dificultades económicas y migratorias. Según explica Ortiz, conseguir la condición de refugiado puede tomar varios años. “Nosotros vivimos en una especie de burbuja. Aunque estamos en Costa Rica, nuestra casa es como una pequeña Nicaragua donde estamos sumergidos en lo que está pasando en nuestro país. Estamos trabajando en línea para nuestras propias plataformas, entonces eso de alguna manera nos evita las dificultades de esos trámites migratorios tan lentos porque no necesitamos trabajar aquí en Costa Rica. Pero para las personas refugiadas que necesitan trabajar aquí eso es sumamente desafiante”, apunta.

Carlos Martínez de la Serna, de la CPJ, destaca que en casos como el de Nicaragua, pero también en Cuba o Venezuela, hay periodismo gracias a un esfuerzo “realmente memorable” de los periodistas: los que están dentro y los que están en el exilio, como Ortiz, “que hacen todo lo posible para seguir informando”. “Se van porque es la única manera de seguir ejerciendo su profesión con una mínima seguridad, pero están ejerciendo una labor fundamental”, dice. En ese sentido, insta a los gobiernos a que los apoyen con visas para que puedan seguir trabajando.

México, Brasil y la esperanza de los medios independientes

Más allá de Centroamérica, el director de la CPJ ve en toda la región “problemas graves” relacionados con líderes que no protegen e incluso atacan la libertad de prensa como son los casos de México, que suele encabezar la lista de periodistas asesinados a nivel mundial cada año, o Brasil. “México tiene una situación lo suficientemente dramática como para que estuviera liderando una respuesta que implique la valorización del periodismo, la protección de los periodistas y la importancia de su rol. En cambio tenemos un presidente [Andrés Manuel López Obrador] que dedica su tiempo a una retórica que medio lo criminaliza, medio lo trivializa, en lugar de dedicarse a los problemas muy concretos”.

En el caso de Jair Bolsonaro , Martínez de la Serna compara lo que sucede en Brasil con lo que vimos con Donald Trump en Estados Unidos. “Es un político que utiliza o incorpora como parte de su estrategia política el ataque sistemático a la prensa sin una intención de mejorar y de contribuir a un diálogo constructivo sobre la democracia, sino con la única intención de criminalizarla y desactivarla”, asegura. “La diferencia es que, al igual que sucedió en Estados Unidos, en Brasil hay un panorama de organizaciones civiles, derechos digitales y de prensa muy activo y son capaces de aguantar estos embates”, añade.

Frente a la falta de liderazgo en los gobiernos de la región para defender la libertad de prensa, están surgiendo una serie de iniciativas independientes para fomentar el periodismo y la ciudadanía crítica. Es el caso del medio digital Contracorriente de Honduras, que fue fundado en 2017 y que este año ha publicado parte de la investigación de los Papeles de Pandora y ha sido reconocido con el prestigioso premio Maria Moors Cabot en Estados Unidos. “En Honduras el periodismo es una carrera riesgosa. También nos enfrentamos al bloqueo institucional, la falta de transparencia y la falta de acceso a la información pública”, afirma Jennifer Ávila, una de sus fundadoras, quien asegura que han tenido que abrirse paso en un país “no tan receptivo” con el periodismo y al bloqueo u hostilidad de los actores que tradicionalmente ostentan el poder.

“Entendimos que crear un medio independiente requería un proceso de educación a la audiencia y de formación a una nueva generación de periodistas”, añade Ávila. “No apuntamos a ser un medio masivo, pero sí a tener una audiencia formada y que entienda que la ciudadanía debe involucrarse en los procesos de auditoría y que el periodismo sirve para eso y para generar una cultura democrática”.

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