La ONU califica el sistema judicial venezolano como una pieza de represión del Gobierno de Maduro

El panorama del sistema judicial venezolano resulta desolador. El nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas para evaluar en terreno la crisis de Venezuela ha llegado a tres duras conclusiones sobre la justicia del país. En primer lugar, lo considera una pieza clave en la represión gubernamental contra opositores, que ha contribuido a la crisis actual que vive Venezuela. En segundo, considera probado que jueces y fiscales han participado activamente en detenciones arbitrarias. Y por último, concluye que los crímenes de lesa humanidad que varios organismos han confirmado quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones del Estado.

A los reveladores testimonios de tortura y violaciones por parte de cuerpos de seguridad ocurridas desde 2014 en adelante, contenidas en el primer informe de los investigadores, se suma ahora la evaluación del sistema judicial, cuya capacidad para proteger los derechos humanos, reconoce la misión, se viene erosionando mucho antes del lapso de tiempo examinado en el informe, con medidas tomadas durante el gobierno de Hugo Chávez, como la reestructuración del Supremo y la suspensión de los concursos y la carrera judicial, algo que ha sometido a los jueces a la incertidumbre que supone la provisionalidad de sus cargos, cuya estabilidad depende así de la coacción política.

“La misión tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados las juezas, jueces y fiscales, en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos a personas opositoras al Gobierno, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público”, denuncia el informe. Son los juzgados y tribunales con competencia en terrorismo los principales actores en lo que en las 212 páginas del informe se describe como una maquinaria que trabaja para violar los derechos humanos y perpetuar la impunidad.

Detenciones sin órdenes judiciales, uso de pruebas manipuladas, fabricación de expedientes y la intervención rutinaria de altos funcionarios con declaraciones anticipadas o posteriores a las detenciones para imponer conclusiones sobre la culpabilidad son parte de los patrones detectados por la misión.

Los investigadores evaluaron 183 expedientes de detenciones arbitrarias y muertes de opositores en el contexto de protestas y en prisión. “En medio de la profunda crisis de Derechos Humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión durante la presentación.

El informe concluye que el Estado tampoco ha cumplido con las recomendaciones y compromisos adquiridos luego del primer informe, como el traslado a cárceles de los presos comunes recluidos en calabozos militares y del servicio de inteligencia, lugares donde se han denunciado torturas y malos tratos. En uno de los testimonios recogidos en el documento, uno de los acusados de la llamada Operación Gedeón —uno de los intentos de insurrecciones militares contra Maduro ocurrido en 2020—, denunció que lo interrogaron bajo tortura y lo asfixiaron con una bolsa hasta el punto de que fue necesario llevarlo a un hospital para reanimarlo.

El mismo acusado declaró ante el tribunal que funcionarios de inteligencia militar le dijeron que aplicarían el Sippenhaft, “una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión”, detalla el informe. En este mismo caso, los funcionarios arrestaron a las dos hermanas y el cuñado del detenido y los mantuvieron presos durante más de un mes. “En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información”, denunció la misión de la ONU.

El informe recibió una rápida reacción del fiscal Tarek William Saab, severamente cuestionado por la misión. “Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”. El funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente —el parlamento paralelo totalmente afín a Maduro que funcionó entre 2017 y 2020— señaló que en Venezuela hay 150 agentes del Estado procesados por violaciones de derechos humanos como una garantía de su trabajo en la lucha por defender esos derechos.

La nueva evaluación de la misión supone un golpe para Saab, que ha intentado ante de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) demostrar que el Estado venezolano sí ha actuado para evitar y sancionar los probables crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a Nicolás Maduro, con el objetivo de paralizar ese proceso. El expediente de Venezuela está aún en examen preliminar por el nuevo fiscal del TPI, Karim Khan, designado en junio. El caso está a punto de pasar a la etapa de investigación, luego de la cual, el tribunal podría incoar cargos contra altos funcionarios venezolanos, incluido el líder chavista. Esta es la mayor encrucijada a la que se enfrenta el Gobierno, en la que difícilmente tiene posibilidades de maniobra y que escapa a los acuerdos que puedan surgir de las negociaciones que ha entablado con la oposición en México.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que el informe “respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país”.

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