Graves violaciones de derechos desmienten las promesas y gestos de los talibanes

Los hechos han empezado a desmentir las palabras de los dirigentes talibanes. A pesar de su anuncio de una amnistía general y de asegurar que iban a respetar los derechos humanos, incluidos los de las mujeres, y la libertad de prensa, un rosario de casos les está poniendo en evidencia. En el último de ellos, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes que los milicianos islamistas (suníes) mataron a nueve hombres de etnia hazara (una minoría de confesión chií) poco después de tomar la provincia de Ghazni el mes pasado.

Un equipo de investigadores de AI ha recogido testimonios del asesinato a tiros de tres hombres y la muerte de otros tres bajo torturas. La matanza tuvo lugar en la aldea de Mundarakht, en el distrito de Malistan, entre el 4 y el 6 de julio. La organización teme que estas muertes sean solo la punta del iceberg de las tropelías que los talibanes han cometido en su avance hacia Kabul, ya que, denuncia, “han cortado el servicio de telefonía móvil en muchas de las zonas que han capturado recientemente y controlan las fotografías y vídeos que se divulgan desde esas regiones”.

Para la secretaria general de AI, Agnes Callamard, “la brutalidad y sangre fría de estos asesinatos recuerda el historial de los talibanes y es un espantoso indicador de lo que podría suceder con el gobierno talibán”. En su opinión, son una prueba de que “las minorías étnicas y religiosas siguen corriendo un riesgo especial bajo el gobierno talibán en Afganistán”.

Desde su entrada en Kabul el pasado domingo, los extremistas islámicos han estado intentando distanciarse de la brutalidad de su dictadura (1996-2001) con un lenguaje más moderado y gestos hacia las minorías que habían despertado algunas esperanzas. La milicia permitió el jueves que los chiíes celebraran sus procesiones de Ashura (en memoria de su tercer imam) en Kabul y Herat, y con anterioridad había publicitado el nombramiento de un jefe comarcal hazara en Balkhab.

Un informe confidencial de la ONU también ha confirmado que los talibanes están buscando casa por casa a ciudadanos que han trabajado para la OTAN o para los anteriores gobiernos afganos, a pesar de haber prometido “no vengarse de los colaboracionistas”. También los activistas civiles, en especial las mujeres, han denunciado ser objeto de un rastreo sistemático y la detención de familiares cuando no encuentran a quien persiguen.

Un caso que ha salido a la luz este viernes confirma esa forma de proceder. En su búsqueda de un periodista afgano de la televisión alemana Deutsche Welle, los talibanes mataron de un disparo a un miembro de su familia e hirieron de gravedad a otro. Según la cadena, el reportero, a quien no ha identificado, trabaja en Alemania. Con anterioridad, ya habían registrado los domicilios de otros tres de sus colaboradores.

Otros periodistas afganos han denunciado estos días en las redes sociales palizas y visitas a sus casas de los talibanes. Todo ello les hace dudar de la promesa de permitir una prensa libre que hizo el portavoz de la milicia islamista, Zabihullah Mujahid, durante su primera conferencia de prensa, el pasado martes. De ser cierto, significaría un importante cambio respecto a su régimen anterior, cuando limitaron la información a su órgano de propaganda y prohibieron la televisión. Claro que entonces no existían teléfonos móviles ni internet, cuyas redes sociales los propios talibanes usan de forma profusa.

“Tenía pocas expectativas tras la conferencia de Zabihullah Mujahid, pero ha quedado claro que existe una brecha entre los hechos y las palabras: hoy [por el jueves] fui a cubrir una noticia en Kabul, un talibán me quitó la cámara y su colega me golpeó y disparó al aire”, ha tuiteado la periodista Hasiba Atakpal.

Desde Human Rights Watch también se insiste en que los talibanes tienen que demostrar su compromiso con los derechos humanos con acciones y no con vagas promesas. Su director de activismo para Asia, John Sifton, dice que para “ganarse la confianza del país y del mundo las autoridades talibanes tienen que respetar los derechos humanos de todos a través de Afganistán, y permitir que Naciones Unidas y otras organizaciones independientes monitoreen la situación”.

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