La fiebre de las prisiones en el Egipto de Al Sisi

La fuerte expansión del sistema penitenciario egipcio en la última década genera alarma entre organizaciones de derechos humanos

Una mujer camina delante de tanques que guardan la prisión de Tora, en las afueras de El Cairo, en 2015.
Una mujer camina delante de tanques que guardan la prisión de Tora, en las afueras de El Cairo, en 2015.Asmaa Waguih (REUTERS)

Mediante cuatro decretos publicados a finales de junio en la gaceta oficial, el ministro del Interior de Egipto, Mahmud Tawfiq, hizo pública la decisión de establecer ocho nuevas prisiones centrales en el país. Apenas 20 días antes, Tawfiq había firmado un decreto similar, en este caso para aprobar otras dos nuevas prisiones centrales. Y desde enero, habían sido seis las prisiones centrales que el ministro ya había mandado construir.

Aunque el futuro de todas ellas es aún incierto, la fiebre por presentar nuevas cárceles es ilustrativa de la expansión que ha experimentado en la última década el costoso sistema penitenciario egipcio. Durante ese período, el número de prisiones principales en el país se ha casi duplicado, de 43 a 78, según un estudio de abril de la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos (ANHRI), que no incluye las anunciadas más recientemente.

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El fuerte aumento de grandes cárceles genera alarma entre grupos de derechos humanos, que ven en él el reflejo de un incremento igualmente vertiginoso de detenidos y encarcelados, así como una dificultad añadida para poder supervisarlas. “El número de prisiones construidas en 10 años es gigante para cualquier país”, considera Gamal Eid, director ejecutivo de la ANHRI.

Conocer con exactitud cuántas cárceles hay en Egipto no es posible por el secretismo con el que el régimen envuelve todo lo que tiene que ver con su sistema penitenciario. En este sentido, en la última década la existencia de algunas prisiones solo se ha descubierto tras la difusión de noticias de protestas en su interior y por la propia experiencia de personas presas. Ni siquiera saber si finalmente se han construido las cárceles previstas suele ser posible. “[En Egipto] no se trata de una ciencia exacta”, desliza el director de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades, Mohamed Lotfy.

A pesar de ello, la ANHRI calcula que antes de la revolución del 2011 había 43 prisiones principales en Egipto. Desde entonces, se han decidido establecer 35, solo tres antes de que el presidente, Abdelfatá al Sisi, tomara el poder en 2013, elevando la cifra total a 78. En la página web del ministerio del Interior solo aparecen listadas 44 cárceles, que se corresponden mayoritariamente a las anteriores al 2011.

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“[Esta tendencia] refleja que el índice de detenciones, tanto políticas como de delitos, es mayor que hace unos años. Y que hay un exceso de personas detenidas en las comisarías, que han alcanzado su capacidad máxima, por lo que, [según el criterio oficial], en lugar de disminuir las detenciones, es necesario construir [nuevas prisiones]”, considera Lotfy.

Oficialmente, la expansión del sistema penitenciario se justifica en base a la necesidad de mejorar el estado de las prisiones y al fuerte aumento demográfico de Egipto. “Egipto es un país de más de 100 millones [de personas], por lo que es de esperar que haya presión para acomodar el número de presos”, asegura Yaser Abdelaziz, miembro del oficialista Consejo Nacional de Derechos Humanos. “La autoridad penitenciaria realiza grandes esfuerzos en este sentido, y nosotros hacemos seguimiento y visitamos periódicamente las prisiones. La construcción de nuevas prisiones representa un paso positivo para activar la voluntad del Estado de mejorar el estado de las prisiones”, agrega.

Los detalles, sin embargo, sugieren una realidad más compleja. Aparte de la falta de transparencia, el baile de cifras también se debe a los tipos de cárcel que existen en Egipto. La ley de prisiones del país contempla cuatro categorías: las generales y penitenciarías, sujetas a la Autoridad Penitenciaria del Ministerio del Interior; las especiales, establecidas por decreto presidencial; y las centrales, sujetas a las Direcciones de Seguridad del ministerio. Existen otros lugares de detención de civiles, contabilizados aparte, como prisiones militares, comisarías, departamentos de la policía o campamentos de las fuerzas de seguridad.

De todas las prisiones ordenadas a establecer desde 2011, según la ANHRI, la gran mayoría son prisiones centrales, que son las que han experimentado un mayor cambio. En esta línea, Eid señala que, antes de la revolución, había muy pocas prisiones centrales que pudieran albergar a centenares de personas, ya que legalmente están pensadas para quienes cumplen bajas condenas, a menudo de hasta tres meses, lo que incluye a personas en detención preventiva. Ahora, en cambio, se han empezado a establecer grandes prisiones centrales, algunas con capacidad para miles, y que son más difíciles de supervisar porque no suelen depender de la Autoridad Penitenciaria. Solo estas grandes prisiones centrales figuran entre las 78 principales que cuenta ANHRI.

Abogados de derechos humanos e investigadores creen que esta apuesta se debe a que las prisiones centrales son más baratas y rápidas de establecer, y más seguras como lugares de detención que las comisarías, que en 2011 fueron atacadas con frecuencia. Además, se cree que podría deberse también a que estas prisiones pueden albergar a detenidos de diferentes comisarías, lo que permite mover y repartir a la población reclusa por el país, así como al extendido uso de la detención preventiva, bajo cuyo régimen se estima que permanecen hoy miles de personas. “La detención preventiva se asume que será simple, pero como ya no es así, y el número aumenta, se empezó la expansión de prisiones”, detalla Eid. Lotfy, por su parte, observa que, paralelamente, y pese a las divergencias legales entre las categorías de cárceles, la diferencia entre ellas se está difuminando. “Es un poco una mezcla”, apunta.

Al mismo tiempo, la expansión de la red de cárceles no se ha traducido en mejores condiciones para los presos, particularmente para aquellos considerados políticos, según denuncian grupos de derechos humanos. Y organizaciones como ANHRI señalan que, en realidad, Egipto no cuenta con una cifra especialmente elevada de personas presas por motivos que no se consideren políticos. “El número de reclusos no es gigante, sino que el número de presos políticos es gigante. Más que los criminales”, señala Eid.

“El aumento de la población también requiere la construcción de más hospitales y escuelas”, achaca Yasmin Omar, experta legal del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (TIMEP), con sede en Washington. “Pero vemos que la prioridad del Gobierno es construir cárceles, lo cual es un testimonio del nivel de opresión en Egipto”.

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