El Gobierno británico dará 28 días a los residentes de la UE para que regularicen su situación tras el Brexit

El Gobierno de Boris Johnson quiere dar un impulso definitivo al proceso de regularización de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido antes de cerrar definitivamente las puertas a partir del 30 de junio. Esa es la fecha fijada para que concluya el llamado EU Settlement Scheme (Plan de Residencia de Ciudadanos de la UE), un esquema de regularización a gran escala diseñado para que los comunitarios a los que el Brexit pilló en territorio británico no pasen a una situación de ilegalidad. Lo han solicitado 5,6 millones de personas, y se les ha concedido a 5,2 millones. Queda un embudo de 400.000 solicitantes que aún no han obtenido respuesta. Downing Street se dispone ahora a comenzar a enviar avisos a todos aquellos que no han pedido la residencia, a los que les dará un plazo de cuatro semanas para ejercer su derecho.

Es difícil calcular de cuántas personas se trata. Desde que comenzó el proceso, muchos consulados de países europeos han confirmado que las cifras de nacionales que manejaba el Ministerio del Interior británico llegaban a duplicar en algunos casos las de sus censos. En el caso de España, 150.000 ciudadanos se habían registrado en los consulados que hay en el Reino Unido, y más de 300.000 han solicitado su permiso de residencia. El secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, ha dicho este martes a la comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de los Lores que “las personas que no hayan solicitado la residencia antes del 30 de junio no se verán privadas inmediatamente de sus derechos sociales”. “Se abrirá entonces un segundo proceso, con una carta y un plazo de 28 días, para pedirles que regularicen ya su situación. Será solo a partir de la conclusión de esas cuatro semanas cuando estudiaremos individualmente cada caso”, ha añadido.

Varias ONG habían solicitado al Gobierno de Johnson que ampliara el plazo de regularización, pero el Ministerio del Interior ha rechazado esa posibilidad. A cambio, ha flexibilizado considerablemente las exigencias del proceso. Todo aquel que pueda demostrar con “bases razonables” que ya residía en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 puede solicitar la residencia. Esa es la fecha límite, aunque el plazo para presentar la solicitud se haya extendido luego durante seis meses, hasta el 30 de junio. Es decir, no entran dentro de las condiciones establecidas para obtener la residencia las personas que se hayan trasladado a suelo británico durante 2021.

Personas vulnerables

A pesar de las buenas palabras del Gobierno de Johnson, son varias las asociaciones y los expertos que han señalado los problemas potenciales de un proceso de regularización de dimensiones históricas que, a la fuerza, no puede haber previsto todas las excepciones. Se calcula en más de 100.000 las personas vulnerables que podrían haber quedado fuera del sistema: ciudadanos sin hogar, con problemas de salud mental, o mayores que llevan décadas residiendo en el Reino Unido y no han considerado que debían actualizar su situación.

La ley exige además a los arrendatarios o a los empleadores que comprueben si sus inquilinos o trabajadores se hallan en situación de residencia legal. Sin embargo, Foster ha dejado claro que esta imposición nunca puede ser retrospectiva y ha asegurado que nadie perderá su casa o su empleo de modo inesperado. El Ministerio del Interior se dispone además a expedir “certificados de solicitud” a todos aquellos que hayan iniciado el proceso de regularización y no hayan obtenido aún respuesta.

Uno de los problemas más señalados de este proceso desde un principio ha sido la decisión del Gobierno británico de no entregar una prueba física, documento o carné, de residencia. En todo momento ha defendido que se trata de un proceso digital, y que las personas regularizadas aparecerán claramente en el sistema. Eso no impide que pequeños arrendatarios o empleadores que no tengan capacidad de comprobación acaben dejándose llevar por su temor o sospechas y rechacen las peticiones de ciudadanos comunitarios. Foster ha defendido que “el sistema digital ofrece ventajas considerables. En primer lugar, la información es mucho más fácil de compartir. Y en segundo lugar, existe la posibilidad de conseguir un código de confirmación a través de nuestros servicios telefónicos”. Según el secretario de Estado de Inmigración, el número de visitas a su página web en los últimos meses “confirma que la gente ya está muy familiarizada con el sistema”.