El Reino Unido ha gastado ya más de 4.600 millones de euros para preparar el Brexit

El Reino Unido dedicó tres años y medio a discutir cómo sería el Brexit que una mayoría de ciudadanos apoyó en el referéndum de 2016. Durante todo ese tiempo, los diferentes departamentos ministeriales gastaron más de 4.600 millones de euros, de un total de más de 7.000 dispuestos para este propósito, en contratar personal extra y elaborar planes para una salida de la UE repleta de incógnitas. La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo independiente aunque adscrito a la Cámara de los Comunes, publicó este viernes un informe que respondía a la demanda general de la oposición de una mayor transparencia.

La NAO, en sus siglas en inglés, ha requerido información del gasto a 18 ministerios, y explica en su auditoría que no pretende juzgar si el dinero dispuesto tuvo un resultado útil. “Los departamentos tuvieron que prepararse para escenarios múltiples, con unas agendas temporales que cambiaron constantemente y gran incertidumbre. Fue una tarea con escaso o nulo precedente histórico”, avanza el informe. Sus resultados suponen un cálculo de mínimos, que no tiene en cuenta “ni los costes futuros, ni el precio del acuerdo financiero [con la UE], ni los gastos asociados al establecimiento de una nueva relación ni aquellos relacionados indirectamente con los preparativos, como el impacto en las actividades habituales de los departamentos”.

Casi la mitad del dinero ya gastado, unos 2.200 millones de euros, se destinó a la contratación de personal extraordinario. Durante el pico de los preparativos, en octubre de 2019, llegaron a incorporarse a la Administración británica 22.000 personas. La incertidumbre de todos estos años fue una oportunidad de negocio para muchas empresas de consultoría y asesores individuales. Desde junio de 2016, el Gobierno británico destinó unos 330 millones de euros a contrataciones externas.

En la distribución de ese presupuesto extraordinario, tres ministerios coparon más de la mitad del gasto: Agricultura y Medio Ambiente, Interior y Aduanas. Son precisamente los que más incertidumbre futura y necesidad de cambiar radicalmente sus sistemas de trabajo presentaban con la llegada de un Brexit, con el agravante de que no podían saber si sería finalmente una salida dura y desordenada o con acuerdo. El Ministerio de Agricultura llegó a establecer 46 líneas de trabajo diferentes, y gastó 1.000 millones. Interior, que comenzó a diseñar un reforzamiento de las fronteras y puso en marcha el llamado EU Settlement Scheme (Esquema de Asentamiento de Ciudadanos Europeos), para regularizar la situación de cerca de seis millones de comunitarios residentes en el Reino Unido, destinó a estas tareas más de 920 millones de euros. La previsión de nuevos medios de recaudación de IVA y aranceles o la construcción de nuevos controles aduaneros supusieron casi 860 millones de euros.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber dónde ha ido todo ese dinero, sobre todo después de haber sufrido graves inundaciones y con la amenaza actual del coronavirus. Debemos preguntarnos si el Gobierno tiene claras cuáles son sus prioridades de gasto”, ha dicho el portavoz de los liberales demócratas para el Brexit, Alistair Carmichael, quien forma parte de la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico que ha conocido el informe de la NAO. Margaret Hillier, la diputada laborista que preside esa comisión, ha acusado a Downing Street “de haber mantenido a la ciudadanía en la oscuridad durante todo este tiempo”.

El Gobierno del Reino Unido ha colaborado en la elaboración de la auditoría, pero se ha negado durante todo este tiempo a hacer una estimación propia de los gastos que estaba acarreando el Brexit en sus distintos ministerios. La NAO estima además en su auditoría las “pérdidas sin sentido” (fruitless losses, en su término contable) y las “pérdidas constructivas” (constructive losses). Es decir, compromisos de gasto no evitables a sabiendas de que no van a reportar ninguna utilidad o gastos que no sirven para nada por un cambio en la estrategia política. En total, según la agencia, 105 millones de euros fueron malgastados por el Gobierno.