EE UU prohíbe a sus ciudadanos invertir en 59 empresas de la industria de la defensa de China

El presidente de EE UU, Joe Biden, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses invertir en 59 firmas chinas del sector de la seguridad y la defensa, con el objetivo de atajar las amenazas que suponen para la seguridad nacional de EE UU. El decreto de Biden consolida y amplía el número de objetivos del decreto adoptado por su antecesor, Donald Trump, a mediados de noviembre pasado y que declaraba “emergencia nacional” la actividad de empresas chinas ligadas al gran complejo militar industrial del país asiático y su presencia en programas de inteligencia, investigación y desarrollo, así como el armamento derivado de la estrategia civil-militar de Pekín. Se trata, en última instancia, de impedir que dinero estadounidense en manos chinas socave la seguridad nacional.

“Creo que el uso de tecnología de vigilancia china fuera de China y el desarrollo o uso de tecnología de vigilancia para facilitar la represión o graves abusos de derechos humanos constituyen dentro o fuera de China una infrecuente y extraordinaria amenaza (...), que afecta a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE UU”, reza el decreto firmado por Biden. Frenar la competencia china es la prioridad de la política exterior y comercial de la Administración demócrata.

Entre las entidades que figuran en la lista del Departamento del Tesoro se halla el gigante Huawei, las tres mayores compañías de telecomunicaciones y la Corporación Internacional de Industria de Semiconductores, la mayor empresa china dedicada a la fabricación de microchips, que Washington vincula con la industria militar china. No aparece, en cambio, Xiaomi, el principal rival en el mercado interior chino de Huawei, dado que demandó en febrero al Gobierno de EEUU por haber sido incluida en la lista negra de Trump y, hace unos días, un tribunal federal estadounidense le dio la razón, lo que ha obligado a Washington a retirarla. En total, la orden de Biden eleva de 48 a 59 el número de objetivos, al incluir compañías que ofrecen tecnología de vigilancia o espionaje. Además, el decreto concede al Departamento del Tesoro, y no al Pentágono -como hasta ahora-, la competencia sobre el veto para reforzar la base legal de la medida.

La escasez de semiconductores, y las políticas necesarias para alcanzar la autosuficiencia en ese ámbito, es un punto crucial en la agenda de gobierno de Biden. Varias plantas automovilísticas de EE UU han debido parar su actividad en los últimos meses debido a dificultades de suministro, como consecuencia directa de la dependencia china. El pasado verano, Washington determinó que Huawei y otras importantes compañías de microchips están controladas por el Ejército Popular.

La prohibición entrará en vigor el próximo 2 de agosto, pero los inversores con vínculos previos con empresas del conglomerado militar chino pueden comerciar durante los próximos 12 meses para deshacerse de esos activos. Una vez transcurrido ese periodo, no podrán venderlos. La Casa Blanca planea actualizar y ampliar periódicamente la lista de empresas que potencialmente constituyen una amenaza.

“La nueva orden ejecutiva muestra la intención de la Administración de mantener y reforzar las prohibiciones sobre compañías de defensa chinas para garantizar que ciudadanos estadounidenses no están financiando el complejo militar industrial de China”, ha explicado un alto cargo de la Administración de Biden, citado por el Financial Times. La prohibición tiene como objetivo último maximizar el impacto de la medida en las empresas chinas y a la vez minimizar el daño a los mercados internacionales, según dicha fuente.

La orden ejecutiva de Biden, que se produce poco antes de que el mandatario participe en la cumbre del G7 -con China como punto principal en la agenda-, se inscribe en una política de creciente firmeza de la Casa Blanca hacia el régimen de Pekín, iniciada por Trump y continuada por el presidente demócrata, con declaraciones de condena y la adopción de sanciones por la represión de la minoría uigur en Xingjiang, la actitud de Pekín respecto de Hong Kong y Taiwán y una actividad militar creciente en los mares del Sur y del Este de China.

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