Maduro asegura que está dispuesto a reunirse con Guaidó bajo la supervisión de la UE y Noruega

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sorprendido a propios y extraños este miércoles al anunciar que estaría dispuesto a reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019, y “con toda la oposición” para buscar una salida negociada a la crisis de Venezuela, siempre bajo la supervisión de la Unión Europea, Noruega, país que ha tratado de mediar en anteriores ocasiones, y del Grupo de Contacto, que integran diversos países europeos y latinoamericanos, entre ellos España y Argentina. Las declaraciones de Maduro se producen un día después de que Guaidó planteara un pacto político, con la comunidad internacional como garante, con el objeto de aprobar un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales justas y verificables. La oposición desconfía de las últimas concesiones del mandatario y de su interés real en iniciar una transición

Las declaraciones del mandatario venezolano no llegan por casualidad. Desde hace semanas, el chavismo ha hecho concesiones a demandas opositoras en materia de derechos humanos, crisis humanitaria y transparencia en la elección del árbitro electoral, para ver si la comunidad internacional aligera la presión de las sanciones que pesan sobre Venezuela.

Maduro no evitó en su alocución el tono de burla a Guaidó, que plantea un calendario para salir de la crisis a cambio de rebajar unas sanciones que, en última instancia, no dependen de él. “Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo a dialogar. ¿Será que le dieron una orden del norte? ¿Qué trampa traerá? Se acabó Guaidó, eres otro líder opositor más, no eres presidente, te toca hablar con Maduro. Estoy de acuerdo, con la ayuda del Gobierno de Noruega, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, cuando quieran, como quieran, donde quieran, para reunirme con toda la oposición.”

El discurso, emitido por la cadena de televisión estatal, ha expandido una sensación general de sorpresa que había estado reprimida estos días. Los sectores radicales de la oposición, liderados por María Corina Machado, han alertado de que esta es una nueva maniobra de Maduro para afianzarse en el poder, controlar daños en torno a las gravísimas acusaciones en su contra y ganar tiempo. Poco antes, el mandatario venezolano había comentado que el país iba encaminado a unas elecciones de gobernadores y alcaldes, que se prevé que se celebren el 14 de noviembre.

Aunque estos anuncios han alegrado a muchos venezolanos y han hecho que muchos escépticos recobren el interés en la política nacional, la oposición parece tener claro que Maduro hace estas concesiones desde la fuerza y el control del poder, y tiene una expectativa moderada en torno al verdadero interés del presidente en acordar un camino hacia una transición. Maduro acumula varios frentes que no puede resolver, y está paralizado por las sanciones internacionales. En el contexto de este repliegue se incluye un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en el cual se organiza la devolución de más de 100 activos empresariales expropiados a sus propietarios.

“No vamos a una mesa de negociaciones a hablar de las elecciones a gobernadores”, ha declarado Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, cercano a Guaidó. “Vamos a trabajar para diseñar un acuerdo que nos permita abordar la emergencia nacional y fundamentar una transición política en el futuro”. Freddy Guevara, de Voluntad Popular, uno de los responsables de la estrategia opositora, reconoció que ha sostenido conversaciones con el diputado Francisco Torrealba, exministro y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista de Venezuela, enviado por Maduro para intercambiar puntos de vista y objetivos de forma preliminar en el marco de una negociación política.

Mientras, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, ha declarado poco después de las afirmaciones de Maduro, en su programa de televisión: “A mis hermanos chavistas, les digo: nosotros no vamos a negociar nada que vaya en contra de la Revolución Bolivariana. En la Constitución queda establecido que la próxima elección presidencial es en 2024. Los principios no se negocian”.

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