La comisión electoral del Reino Unido abre una investigación por los gastos del apartamento de Boris Johnson

La Comisión Electoral del Reino Unido, el organismo independiente que supervisa los procesos de votación y la financiación de los partidos, ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación formal sobre el origen de los fondos empleados por Boris Johnson para redecorar su residencia privada en Downing Street. “Tenemos motivos para creer que existen indicios razonables de que se hayan cometido uno o varios delitos”, ha asegurado el organismo supervisor en un comunicado. “Nuestra investigación determinará si las transacciones efectuadas para las obras del número 11 de Downing Street [el edificio donde viven Johnson y su pareja, Carrie Symonds, adyacente a la sede del Gobierno] se ajustan al régimen regulado por esta comisión, y fueron comunicadas del modo exigido”, añade el texto.

Lo que comenzó como un cotilleo que hizo la delicia de los tabloides británicos ―Johnson contaba con desesperación a sus allegados que “Carrie” se había vuelto loca con los gastos, y quería poner “papel de oro” en la casa―, ha pasado a ser un asunto muy delicado que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno conservador. El equipo del primer ministro quiso diseñar un esquema similar al que funciona en otras residencias oficiales, como la Casa Blanca estadounidense: una fundación destinada a preservar el patrimonio histórico del edificio a través de donaciones privadas. La realidad era bastante más prosaica. La pareja quería deshacerse de los muebles heredados de la anterior ex primera ministra, Theresa May, demasiado provincianos para su gusto, y encargar un nuevo interiorismo basado en las propuestas de Lulu Tyle, una decoradora de moda que bebe de las tradiciones británicas y se inspira en la naturaleza. En total, al menos 66.000 euros fueron canalizados a través del Partido Conservador para tal cometido.

La consigna repetida por Downing Street ha consistido en asegurar que Johnson acabó pagando de su bolsillo los gastos, pero sin detallar si lo que hizo realmente no fue más bien devolver el dinero al partido al ver el escándalo que estaba surgiendo. Si la Comisión Electoral confirmara tras sus pesquisas esta segunda posibilidad, Johnson se enfrentaría a una posible multa de casi 23.000 euros, y el asunto podría acabar derivando a los tribunales.

Especialista en aplacar cualquier ruido a base de gritar más que el resto, Johnson ha echado mano de toda su gesticulación y furia para intentar esquivar las preguntas del líder de la oposición en la sesión de control de la Cámara de los Comunes. Keir Starmer, abogado y ex fiscal general, tiene una particular habilidad en desmenuzar sus interrogatorios para acorralar a su contrincante. “¿Quién pagó inicialmente ―y quédese con la palabra inicialmente, primer ministro, porque ahí está la clave― la redecoración del apartamento?”, iniciaba su acoso el político laborista. “Se lo voy a poner más fácil, con un test de múltiples respuestas: ¿Quién pagó inicialmente, el contribuyente, el partido o usted?”, insistía.

Johnson no se salía del guion: “Yo he cubierto todos esos gastos, y me resulta absolutamente extraño que el líder de la oposición se preocupe más por el empapelado de las paredes de mi residencia, que por la lucha contra la pandemia o los esfuerzos por sacar adelante la economía”, decía el político conservador mientras golpeaba cada vez con más contundencia el cofre que utiliza como atril desde su puesto en el Parlamento. El primer ministro ha echado mano de todos los reproches posibles contra la oposición ―el coste de los impuestos municipales de ayuntamientos laboristas, los gastos pasados de Tony Blair, y por supuesto, el Brexit― para intentar diluir un asunto que ha monopolizado la atención y esfuerzos del Gobierno durante más de una semana.

Guerra con su antecesor

Y todo deriva de una guerra resucitada con su antiguo asesor, el complejo y vengativo ideólogo del Brexit, Dominic Cummings. Convencido Johnson de que su exaliado era el responsable de la filtración de los intercambios de mensajes de texto entre el primer ministro y el empresario James Dyson, tuvo la controvertida ocurrencia de llamar personalmente el pasado viernes a diversos medios y periodistas para acusar directamente a Cummings. Desenterró el hacha de guerra, y la respuesta de su enemigo, resentido por el modo en que fue despedido de Downing Street, elevó el nivel de brutalidad política. “Le dije que sus planes de obtener donantes secretos para la redecoración [del apartamento] no eran éticos, eran estúpidos, posiblemente ilegales, y que quebraban todas las reglas existentes respecto a la transparencia de donaciones políticas, si se empeñaba en proceder de ese modo”, explicaba Cummings en un prolífico comunicado publicado en su blog personal.

Cummings desenterró un asunto que ya había desaparecido del radar de los medios y de la oposición. En los últimos días se ha conocido que David Brownlow, lord Brownlow, un millonario británico con notable afinidad hacia el Partido Conservador, había desembolsado íntegramente el dinero necesario para la renovación del apartamento. Así lo confirmaba en un correo electrónico que envió al vicepresidente del Partido Conservador, Ben Elliot.

Del mismo modo que el equipo de Johnson apostó a lograr la comprensión de la ciudadanía en el asunto Dyson, propagando que era de sentido común ofrecer ventajas fiscales a un empresario que acudía en ayuda del Gobierno durante el caos inicial de la pandemia, confía ahora en que la opinión pública entienda la necesidad de un primer ministro y su pareja de decorar a su gusto la vivienda en la que están obligados a pasar muchas horas. La intervención de la Comisión Electoral, sin embargo, ha convertido la anécdota desagradable en una investigación pública en la que sugiere la posible comisión de delitos. Y llega en medio de una guerra interna entre los antiguos aliados que impulsaron el Brexit que ha inundado los medios de filtraciones reveladoras del presunto favoritismo con que opera Downing Street.