La Comisión Europea amenaza al Reino Unido con sanciones y un arbitraje por violar el pacto del Brexit

La Comisión Europea ha iniciado este lunes un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por una presunta violación del acuerdo de salida de la Unión Europea y del protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Bruselas acusa al Gobierno de Boris Johnson de extender unilateralmente el periodo de gracia que hasta el próximo 31 de marzo permite la entrada en Irlanda del Norte sin control aduanero de ciertas mercancías procedentes de otras partes del Reino Unido. El expediente podría terminar ante el Tribunal de Justicia europeo, que podría imponer una sanción multimillonaria si Londres no rectifica o se aviene a negociar con la UE los posibles periodos de gracia.

“Espero que podamos resolver este asunto de manera colaborativa, pragmática y constructiva”, ha señalado el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, tras anunciar el expediente de infracción contra Londres. Sefcovic comunicaba poco antes la apertura del expediente a David Frost, el miembro del Gobierno de Boris Johnson encargado de las negociaciones sobre el Brexit. Sefcovic ha remitido también una carta a Londres en la que emplaza a las autoridades británicas a buscar una salida negociada que evite un choque frontal entre la UE y el Reino Unido solo unos meses después de que el 31 de diciembre de 2020 se completase de manera definitiva el proceso del Brexit.

Bruselas advierte de que el protocolo sobre Irlanda confiere plenos poderes al Tribunal de Justicia europeo. Además, la Comisión activará el procedimiento de arbitraje previsto en el acuerdo de salida si antes del 31 de marzo el Gobierno de Johnson no inicia “consultas de buena fe” con la UE en el marco del comité conjunto que vela por el cumplimiento de lo pactado. Fuentes comunitarias reconocen, además, que si no se logra una solución negociada, el problema norirlandés puede envenenar toda la relación bilateral entre la UE y el Reino Unido, incluida la negociación en marcha sobre el sector financiero para permitir que la City londinense siga teniendo un acceso privilegiado al mercado europeo.

El conflicto se inició el pasado 3 de marzo, cuando Downing Street anunció por sorpresa que mantendría durante seis meses más (hasta octubre de 2021) la libre entrada de productos en Irlanda del Norte. Tras el Brexit, se acordó que Irlanda del Norte siguiera formando parte del mercado interior europeo, lo que obliga a imponer controles entre esa provincia británica y el resto del Reino Unido.

El gobierno británico ha acusado recibo de la carta que inicia el expediente de infracción y de la misiva de Sefcovic, más política y abierta a la negociación. Un portavoz del ejecutivo de Johnson ha defendido que las medidas adoptadas “son legales y forman parte de una aplicación progresiva y de buena fe del Protocolo sobre Irlanda del Norte”.

La segregación de Irlanda del Norte del mercado británico en favor de la UE fue aceptada por Johnson en el acuerdo del Brexit para preservar la unidad económica de la isla y evitar que una frontera interna pusiera en peligro los acuerdos de paz de 1998, los conocidos como Acuerdos de Viernes Santo. “Desde el principio se sabía que era una decisión delicada, pero esa fue la elección de Londres en septiembre de 2019”, recuerda una fuente de la Comisión. El acuerdo de salida preveía un periodo transitorio de hasta dos años para facilitar la adaptación de las autoridades británicas y norirlandesas y de las empresas a la nueva situación. “Pero Johnson optó por poner fin a la transición el 31 de diciembre de 2020 y ahora se ven las consecuencias”, apunta la misma fuente.

Un portavoz del Gobierno británico ha atribuido la necesidad de prolongar el período de gracia al escaso tiempo transcurrido desde el final del período transitorio, poco más de 70 días hasta ahora. Esa misma fuente reconoce que ya en la primeras semanas de enero “vimos la situación complicada que afrontaban los supermercados y otras empresas”.

En la Comisión recuerdan que Londres aseguró que bastaban tres meses más (hasta el 31 de marzo de 2021) para solventar la puesta en marcha de controles fronterizos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido y ese fue el periodo de gracia que se pactó. A menos de un mes de que expirase el plazo, Londres se vio forzado a reconocer que los controles no están operativos y decidió extender seis meses más el periodo de gracia sin consultar con Bruselas.

La Comisión considera que la decisión unilateral de Johnson “es una violación de las obligaciones internacionales del Reino Unido”. Y aunque Bruselas mantiene la oferta de buscar una solución amistosa, el organismo comunitario no descarta una escalada de tensión. “Es la segunda vez que violan el derecho internacional”, lamentan en la Comisión, en alusión a la ley de mercado interior que Londres aprobó el año pasado y que infringía lo pactado sobre Irlanda. Bruselas inició en septiembre de 2020 un procedimiento de infracción contra esa ley y Johnson retiró finalmente los artículos inaceptables para la UE.

Londres se muestra dispuesto mantener el diálogo en el marco del comité conjunto “de manera constructiva”. Pero desde el Gobierno británico se pide que “todas las partes tomen en cuenta que el Protocolo depende del consentimiento y la confianza de ambas comunidades” en Irlanda. El final del período transitorio del Brexit ha visualizado en la isla las consecuencias de una salida de la UE que deja a los norirlandeses sometidos en gran parte en el terreno comercial a los designios de Bruselas.

Ese vínculo con la UE ha soliviantado a los norirlandeses unionistas, partidarios de la pertenencia a Reino Unido, mientras que ha alentado la esperanza entre la población católica de una unificación de la isla bajo el control de la República de Irlanda. A primeros de enero, hubo conatos de violencia tras la llegada a Irlanda del norte de los funcionarios europeos encargados de verificar el buen funcionamiento de los controles fronterizos para las mercancías procedentes del resto de Reino Unido. Las amenazas llevaron a la Comisión Europea a ordenar la retirada de sus funcionarios.