Un escándalo de comisiones sacude a los conservadores alemanes a días de dos elecciones regionales

Los medios alemanes lo han bautizado como “el escándalo de las mascarillas”. Las empresas de varios —aún está por ver cuántos— diputados del Bundestag intermediaron en la compra de mascarillas y otros productos para la sanidad pública entre marzo y mayo del año pasado, cuando los casos de coronavirus estaban disparados en Europa y era prácticamente imposible conseguir suministros de material sanitario. El problema es que no lo hicieron desinteresadamente, sino cobrando cuantiosas comisiones de seis cifras. Esos tratos han salido ahora a la luz y han provocado un terremoto en la política alemana cuando falta menos de una semana para los primeros comicios de un superaño electoral. El escándalo se ha cobrado ya dos dimisiones, las de un diputado de la CDU, el partido de Angela Merkel, y otro de la CSU, el partido hermano bávaro de los conservadores.

Nikolas Löbel, de 34 años, anunció este lunes que deja inmediatamente su cargo en el Bundestag y en la formación. “Lo hago para evitar hacer más daño a mi partido”, dijo en un comunicado. Durante el fin de semana, Löbel había amagado con dimitir de su puesto en el grupo parlamentario, pero no de su escaño hasta las próximas elecciones generales, que se celebran en septiembre. La presión le hizo cambiar de idea en cuestión de horas. Armin Laschet, secretario general de la CDU y uno de los hombres que se postulan para competir por la cancillería por el partido conservador, había sido muy claro en la televisión pública ARD: los cargos públicos que se hayan enriquecido durante la lucha contra la pandemia no representan al pueblo y “deben dejar el Parlamento de forma inmediata”. En Alemania es legal compatibilizar el escaño con la actividad privada.

Löbel ha reconocido que su empresa se llevó una comisión de 250.000 euros por negociar contratos entre un proveedor de Baden-Wurtemberg, el Estado por el que obtuvo su escaño, y dos empresas en Heidelberg y Mannheim. Se da la circunstancia de que Baden-Wurtemberg es uno de los dos Estados, junto con Renania Palatinado, que celebran elecciones el próximo domingo. Unos comicios decisivos para la CDU de Merkel, en parte porque su resultado servirá para juzgar el desempeño de Laschet como nuevo líder del partido conservador. De su éxito o fracaso dependerá en buena medida que se le considere un candidato apto para la lucha por la cancillería en septiembre. El líder de la CSU bávara, Markus Söder, es otro de los hombres fuertes de los conservadores que se barajan para la nominación, prevista para esta primavera.

El otro diputado que recibió comisiones también trató de postergar su salida del Bundestag, con escaso éxito. Georg Nüsslein, de 51 años, parlamentario de la CSU, no solo se enfrenta a consecuencias políticas, sino también a las legales. La Fiscalía de Múnich ordenó hace unos días varios registros, entre otros en su empresa y en su despacho en el Bundestag, en el marco de una investigación por posibles delitos de cohecho y fraude fiscal. Nüsslein supuestamente intermedió con dos ministerios y la consejería de Sanidad de Baviera para presionar a favor de una empresa de Hesse que suministraba material sanitario. Un trabajo por el que supuestamente cobró 660.000 euros. Tras intentar dimitir solo del grupo parlamentario, finalmente este lunes anunció que deja su escaño y el partido.

Es probable que el escándalo siga cobrándose más víctimas entre las filas de los conservadores. El líder del grupo en el Bundestag, Ralph Brinkhaus, no lo descartó en declaraciones a la ARD: “En los próximos días trataremos de aclarar todos los casos dudosos”. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado este lunes que su departamento facilitará los nombres de todos los diputados que hicieron gestiones con el ministerio para recomendar empresas a las que comprar suministros sanitarios. Prometió total transparencia. Las críticas más feroces han llegado desde la oposición de izquierdas. Annalena Baerbock, colíder de Los Verdes, aseguró que no parece tratarse de casos aislados, sino de un problema estructural del partido conservador. El presidente del partido liberal (FDP), Christian Lindner, ha pedido una investigación independiente para aclarar el asunto, también desde el lado de los ministerios que aceptaron la intermediación de los políticos.