Virginia se convierte en el primer Estado del sur de EE UU en abolir la pena de muerte

Pendiente solo de la firma del gobernador, los legisladores de Virginia han aprobado este lunes abolir la pena de muerte en el Estado que más ejecuciones ha instrumentado en la historia de Estados Unidos. No solo eso: se trata también del primer Estado del sur del país, donde se concentran los territorios partidarios de la pena capital, que lo hace. Cuando el gobernador, el demócrata Ralph Northam, rubrique el proyecto de ley y esta entre en vigor, Virginia será el 23º Estado en abolir la pena de muerte, quedando vigente en otros 27 (incluidos el Gobierno federal y la justicia militar).

La mayoría demócrata de ambas cámaras ha sacado adelante la ley basándose en el argumento de que la pena de muerte se ha aplicado desproporcionadamente a personas de color, con problemas mentales e indigentes. Los republicanos locales opusieron resistencia, al considerar que la medida deja sin reparación a las víctimas y a sus familiares, y que determinados tipos de delitos son tan terribles que no permiten otra opción. Una senadora republicana se sumó a los representantes demócratas en la votación.

El Estado de Virginia ha ejecutado a cerca de 1.400 personas desde la primera vez, en 1608, en sus días como colonia, según la ONG Centro de Información para la Pena de Muerte (DPIC, en sus siglas inglesas), casi el mismo número que las ejecutadas en todo el país desde 1976 (1.532). Desde que el Tribunal Supremo de EE UU reinstaurase la pena capital en 1976, Virginia ha ejecutado a 113 personas, el segundo número más significativo después de Texas. Este triste porcentaje se debe, según la citada ONG, a la combinación de defensas endebles y las normas procesales más draconianas del país, en virtud de las cuales se negaba a los condenados cualquier revisión de reclamaciones que sus abogados interpusieran con defecto de forma, incluso cuando, por causas ajenas al acusado, su defensa incumplía los plazos de presentación.

La entrada en vigor de la ley ha supuesto la salvación para los dos únicos presos que quedaban en el corredor de la muerte de Virginia, ambos condenados en la primera década de este siglo. Los reos cumplirán cadena perpetua, sin posibilidad de obtener la libertad condicional.

“Esta dolorosa historia expone el racismo que fundamenta la pena capital”, escribía la semana pasada en el diario The Washington Post el demócrata Tim Kaine, que fue gobernador de Virginia y actualmente representa al Estado en el Senado de EE UU. “En el siglo XIX, Virginia ejecutó a 513 negros y solo 41 blancos”, recuerda Kaine en el artículo, añadiendo que delitos que solo están tipificados como ofensas en caso de que los perpetre un blanco constituyen crímenes punibles si los comete un negro. Entre 1908 y 1965, 55 personas –todas negras– fueron ajusticiadas por violación o intento de violación. Como abogado, y antes de dar el salto a la política, Kaine representó a varios presos en el corredor de la muerte.

Solo el 55% de los estadounidenses consideran hoy, según una encuesta de Gallup, que la pena capital es el castigo adecuado para un asesino, el apoyo más bajo de la historia, pese a lo cual el republicano Donald Trump se despidió de la presidencia con un récord de ejecuciones de presos federales. Hasta julio pasado, no se había ejecutado a ningún reo federal en 17 años, un récord al que puso término el ritmo impreso por la Administración republicana, responsable del mayor número de ejecuciones en cien años, y contrario a la tendencia a la baja apreciable en los Estados.

La cifra de reos federales ajusticiados por la Administración de Trump en menos de un año superó la suma de los presos ejecutados por los Estados en ese periodo. El 1 de octubre pasado, había 2.494 presos en el corredor de la muerte de los 28 Estados que, el de Virginia incluido, aplicaban la pena capital, según el DPIC. Al total había que añadir otros 55 en prisiones federales, y cuatro más en militares. Desde 1998, cuando se impusieron 295 condenas, la cifra se ha ido reduciendo drásticamente año tras año, registrándose en 2020 el menor número de casos (18). El presidente electo, Joe Biden, ha prometido acabar con la aplicación de la pena de muerte.

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