El exjefe del Ejército de Colombia ordenó escuchas ilegales a políticos y jueces, según una investigación

El 27 de diciembre de 2019, en una sorpresiva conferencia de prensa, el presidente Iván Duque anunció la salida del jefe del Ejército, general Nicacio Martínez. El mandatario afirmó que se retiraba por razones familiares y le expresó su “admiración y reconocimiento por su labor”. Sin embargo, de acuerdo con denuncias que ha publicado la revista Semana, el retiro del cuestionado general habría sido en realidad por un nuevo escándalo de espionaje ilegal, ordenado y realizado desde instalaciones militares. Las escuchas ilegales, según la investigación del semanario, alcanzaron a magistrados, congresistas de oposición y periodistas. Pero también a oficiales que durante el año pasado entregaron información a varios medios de comunicación sobre prácticas y hechos de corrupción al interior del Ejército.

De acuerdo con el reportaje, las escuchas se habrían hecho desde “dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”. Según uno de los suboficiales que estuvo a cargo de esas intervenciones y que habló de forma anónima, recibían órdenes “que venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos” pero “por la misión y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos”.

Entre los interceptados se encontrarían la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, el senador Roy Barreras, del partido del expresidente Juan Manuel Santos y el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Durante el 2019, varios magistrados denunciaron que creían que sus conversaciones estaban siendo espiadas. Barreras, por su parte, fue quien hizo público un bombardeo contra disidencias de las FARC en noviembre, donde murieron siete menores de entre 12 y 17 años. Romero ha sido un crítico férreo en contra del retorno de las aspersiones con glifosato. En el caso de la magistrada, una de las fuentes del reportaje asegura que la información que obtenían debían entregarla a un “reconocido político” del Centro Democrático, el partido del Gobierno.

La práctica de espionaje ilegal se conoce en Colombia como ‘chuzadas’ y es un tenebroso capítulo de la historia reciente del país en el que fueron acosados políticos de oposición, periodistas y magistrados de las altas cortes por parte de la extinta policía secreta durante el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, las denuncias sobre su regreso y desde las instancias militares causan escozor en el país. “Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal paraestatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes, magistrados, bajo una 'ideología del enemigo' en la que lo es todo aquel que piense diferente”, dijo Barreras, una de las víctimas del espionaje ilegal denunciado este sábado.

Según la revista, los militares utilizaban dos herramientas para su espionaje. De un lado, una plataforma llamada Hombre Invisible, que habría sido comprada a una empresa española, con la cual podían acceder a conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, y a fotos o conversaciones borradas en celulares y computadoras sin dejar rastro. De otro, usaban equipos táctiles móviles que se ubican en bodegas de coches.

El reportaje asegura, además, que fue el recién nombrado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien “encendió las alarmas y ordenó una investigación interna pocos días antes de Navidad”. Y también, que organismos de inteligencia de Estados Unidos habían detectado que militares colombianos estaban haciendo uso ilegal de equipos técnicos donados por ese país. Holmes no se ha pronunciado sobre las denuncias, pero ya llueven críticas y exigencias de responsabilidad política. "El país tiene que saber si el presidente Duque tenía conocimiento de esta información cuando despidió como un héroe y con elogios al entonces comandante del Ejército,el  general Nicacio Martínez", dijo el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.

Durante una visita a la comunidad de Bojayá, donde se ha denunciado connivencia entre paramilitares y miembros del Ejército, Duque dijo que "hay cero tolerancia con cualquier conducta de cualquier miembro de la Fuerza Pública que atente contra la Constitución", aunque precisó que no se refería puntualmente a las denuncias de escuchas ilegales. "El general Martínez me esgrimió a mí razones personales que entendí", repitió Duque.