Una Constituyente chavista sin rastro de Constitución

El número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repetía con frecuencia que el objetivo de este organismo paralelo al poder legislativo que ha dirigido casi desde su creación en 2017 era traer la paz a Venezuela. Pero el paso dado al consolidar un contrapoder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones de 2015, ha sido un hito en la deriva institucional de Venezuela, los últimos sablazos a la democracia por parte de Nicolás Maduro.

Ahora que las elecciones del pasado 6 de diciembre, no reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional —incluidos la Unión Europea y Estados Unidos— han devuelto al chavismo el control legislativo, la Asamblea Constituyente se disuelve sin cumplir su razón de ser, elaborar una Constitución, que era la excusa que sirvió para crear este nuevo foro parlamentario paralelo a aquel en el que consiguió la mayoría la oposición al chavismo. Deja, eso sí, una treintena de normas que dan aún más poder al jefe del Estado.

Tras las elecciones del domingo, el régimen de Maduro busca pasar página de estos cinco años en los que el chavismo tuvo por primera vez un contrapeso real. La Constituyente no fue un elemento meramente simbólico para confrontar a la oposición y pelear por el uso del hemiciclo. El organismo sirvió al régimen de instrumento para perseguir a diputados opositores, con los procesos para retirarles la inmunidad, lo que llevó a más de 30 parlamentarios al exilio.

También permitió institucionalizar la represión con normas como la Ley contra el Odio, la cual castiga con hasta 20 años de cárcel a quienes “inciten el odio”, y que ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que protestan en las calles o que critican al Gobierno a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes enviados por teléfono. Por esta ley fueron apresados dos bomberos que grabaron un vídeo satírico con un burro que identificaban como el presidente.

Esta instancia creó las llamadas “leyes constitucionales” que están por encima de la Constitución y de cualquier otro ordenamiento jurídico. “La Constituyente le garantizó más competencias al Gobierno de Maduro y, por tanto, más poder, con el objetivo de profundizar en el modelo presidencialista autoritario y el desmantelamiento del texto mismo de la Constitución”, según destaca un informe reciente de la ONG Acceso a la Justicia. “El chavismo demostró que reconocen elecciones, pero no las respetan”, agrega Alí Daniels, director de la organización. “Con la Constituyente se produjo una desviación del poder. Se crea un organismo para redactar una Constitución, pero en realidad se hace con una intención diferente, que es establecer un mecanismo paralelo para anular a la Asamblea opositora”.

La Constituyente no se lo permitió todo a Maduro. El abogado señala que el chavismo necesitaba la Asamblea Nacional formal —la establecida en la Carta Magna— para legitimarse ante socios comerciales como China, en el contexto de una previsible apertura a la privatización de empresas estatales quebradas.

La Constitución venezolana señala que todos los contratos y acuerdos internacionales deben pasar por la aprobación parlamentaria. Durante el tiempo en que la oposición controló el Parlamento, el Gobierno quedó fuera de estos mecanismos.

La conformación del nuevo Parlamento, salido de las elecciones del domingo, será casi igual al de la Constituyente. Las encuestas señalan que la base del partido gobernante llega a apenas 15% de los venezolanos, pero en las urnas el Partido Socialista Unidos de Venezuela obtuvo el 67% de los votos y ganó el 91% de los escaños.

Maduro confirmó esta semana que Cabello dará por cerrada la Asamblea Constituyente en los próximos días. “Se va a completar un ciclo virtuoso desde que convoqué al poder constituyente. Hoy podemos decir que valió la pena. Fue útil, necesario y de alto impacto para la historia moderna del país. La Constituyente permitió tomar las riendas de la República, evitar una guerra civil y consolidar la paz entre 2017 y 2020”, dijo Maduro ante la prensa extranjera. La jugada le permitió navegar los últimos tres años de una de las crisis políticas más compleja que ha enfrentado el sucesor de Hugo Chávez.

Gobierno interino

El cierre de filas sobre el Gobierno interino de Juan Guaidó, y sobre todo su duración en el tiempo, todavía está por verse. “Estamos ante un tsunami político”, dice el analista. “Los partidos han sido arrasados e intervenidos, ya no tenemos una Asamblea legítima. Es probable que el siguiente enemigo seamos las ONG que hemos dado los dos golpes más fuertes que ha recibido el Gobierno este año con los informes sobre las violaciones de derechos humanos”.

En la agenda de Cabello —electo diputado en 2015, que abandonó ese hemiciclo para incorporarse a la nueva Constituyente y nuevamente diputado tras las elecciones del domingo— está este asunto como una prioridad.

El pasado miércoles en su programa de televisión el número dos del chavismo reiteró sus amenazas de aprobar en el nuevo Parlamento una legislación para prohibir la financiación internacional y limitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. “Que se aplique la ley. Estos delincuentes se van”, dijo el político.