Macron acepta revisar la polémica ley de seguridad tras las protestas

El presidente francés, Emmanuel Macron, busca una salida al embrollo que él mismo, sus ministros y sus diputados han causado con la llamada ley de seguridad global. Macron desea una revisión de la ley y de su artículo más polémico, el 24, que limita la difusión de imágenes de policías y gendarmes y que atenta contra la libertad de información, según denunciaron el sábado decenas de miles de franceses que se manifestaron por toda Francia. El dirigente intenta evitar que el malestar social se enquiste y acabe provocando una crisis política en medio de una crisis sanitaria y económica. Quiere introducir cambios en los métodos de formación y de liderazgo de las fuerzas del orden tras los repetidos episodios de violencia conocidos, precisamente, gracias a los vídeos cuya difusión el artículo 24 pretende restringir.

A la vista de las masivas protestas, Macron intenta limitar los daños y evitar una crisis política que se sumaría a la económica y sanitaria que vive Francia y que, al contrario que estas dos últimas, es producto de los errores de cálculo y de gestión del propio presidente y de su Gobierno. Macron ha convocado este lunes en el palacio del Elíseo al primer ministro, Jean Castex, a los ministros del Interior y de Justicia, Gérald Darmanin y Éric Dupond-Moretti, y a los líderes de la mayoría presidencial en la Asamblea Nacional, para leerles la cartilla y poner orden a una situación que amenaza con escapársele de las manos.

“Propondremos una nueva redacción completa del artículo 24”, declaró tras la reunión Christophe Castaner, jefe de La República en Marcha (LREM), el partido de Macron. El artículo expone a un año de prisión y a 45.000 euros de multa a quien difunda, “con el objetivo de atentar contra su integridad física o psíquica”, imágenes del rostro de un agente de las fuerzas del orden. El temor es que la ambigüedad a la hora de interpretar si las imágenes publicadas tienen intención malévola dé pie a una restricción del derecho a documentar los abusos de los funcionarios policiales.

Las palabras de Castaner no significan que el artículo vaya a suprimirse, como pide parte de la oposición, pero son una admisión de responsabilidad: los mismos diputados que ahora lo reescribirán lo apoyaron el 21 de noviembre por una mayoría abrumadora. Y esta no sería la primera revisión del texto.

El 19 de noviembre —cuando, desde sindicatos de periodistas hasta la Defensora del Pueblo, alertaban de los peligros de ley para la libertad de expresión— Castex ya pactó con los diputados una enmienda destinada a asegurar que el derecho a la información se preservaría. La primera revisión no sirvió de mucho.

El texto, después de aprobarse en la Asamblea Nacional, pasó al Senado, que lo examinará en enero. Pero el clamor contra el artículo 24 siguió en aumento. Se reforzó tras la evacuación violenta, el lunes 23 por la noche, de un campo de inmigrantes en la céntrica plaza de la República, en París. Y estalló tras difundirse, el jueves 26, un vídeo en el que se veía a tres policías apaleando sin motivo a un productor de música negro, Michel Zecler, en su estudio parisino. “Las imágenes que hemos visto todos de la agresión a Michel Zecler son inaceptables. Nos avergüenzan a todos”, escribió Macron en Facebook. La indignación era transversal y alcanzaba al propio Elíseo.

Años de denuncias

Los episodios de violencia policial actuaron como un electrochoque con un efecto doble. Primero, por las actuaciones violentas y arbitrarias de las fuerzas del orden, denunciadas desde hace años pero raramente documentadas con la crudeza de la pasada semana. Y segundo, por la evidencia de que muchas de estas actuaciones nunca se llegarían a conocer, y sus responsables no serían castigados, si no fuese por las cámaras y por el derecho a difundir las imágenes.

Castex dijo que crearía una comisión independiente “encargada de proponer una nueva redacción del artículo 24”. Era la segunda revisión anunciada en una semana, pero duró poco. Los jefes de LREM y los aliados de Macron en la Asamblea Nacional se sublevaron contra lo que consideraban una intromisión del poder ejecutivo en el legislativo.

El descontento de los diputados macronistas, raramente críticos en público con el Gobierno, era cada vez más manifiesto. Acusaban a Castex de despreciarles. Y al ministro del Interior de haber sembrado la confusión sobre la ley que él mismo había impulsado declarando, por ejemplo, que esta prohibiría grabar a la policía —cosa que no dice— o que forzaría a los periodistas a acreditarse para cubrir las manifestaciones.

Las protestas masivas del sábado —mayoritariamente pacíficas, pero que acabaron con 98 policías y gendarmes heridos— evidenciaron que la ley puede convertirse en un problema grave para Macron. Un problema legislativo, pero también social, si la desconfianza entre una parte de la población y la policía se instala de forma duradera.

La primera respuesta es la voluntad de los diputados macronistas de “reescribir completamente” el artículo 24, la tercera revisión anunciada en menos de 15 días. Castaner no reveló en qué consistirán los cambios. La segunda respuesta de Macron consistió en encargar a Darmanin, debilitado por sus excesos retóricos, que bajase el tono y propusiese reformas en las fuerzas del orden.

Ante la comisión de Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, el ministro del Interior señaló deficiencias en la formación de los policías y gendarmes, carencias en el equipamiento y errores en el mando. Durante años, los responsables franceses se han negado a reconocer que la “violencia policial” fuese una realidad: se trataba de casos aislados, manzanas podridas, en ningún caso un problema sistémico. Darmanin ha admitido la existencia este lunes de “problemas estructurales”.