La escalada de violencia política en las elecciones municipales de Brasil suma 82 asesinatos

Dos candidatos y tres trabajadores de campañas políticas muertos, un concejal baleado, cuatro crímenes con motivaciones políticas en el lapso de un mes. Este es apenas el saldo reciente de la escalada de violencia en la región metropolitana de Río de Janeiro durante la campaña electoral para las elecciones municipales de este domingo. A comienzos de octubre, Mauro Miranda, candidato a concejal en el municipio de Nova Iguaçu fue ejecutado en una panadería. Diez días después, en la misma ciudad, el candidato Domingos Rocha Cabral, conocido como Domingão, acabó asesinado en la puerta de un bar. A fin de mes, fue el turno de Renata Castro, militante que hacía campaña por un candidato a concejal de Magé y fue asesinada con 14 tiros al salir de casa. Este último martes, uno de los 15 disparos contra el auto del concejal carioca Zico Bacana le dio en la cabeza. Y Río de Janeiro está lejos de ser una excepción.

Este lunes, Ricardo de Moura (PL), candidato a concejal en Guarulhos, en la región metropolitana del Estado de São Paulo, fue atacado mientras conversaba con electores en vivo por Internet. La transmisión captó el momento exacto en el que era alcanzado por dos tiros, que le dieron, según la policía, en el brazo y la pierna derecha. Moura sobrevivió a lo que su compañera Adriana Afonso, candidata a alcaldesa, calificó como “un atentado”. El autor de los disparos aún no fue identificado. El último fin de semana, por lo menos seis casos de agresiones o tentativas de homicidio contra candidatos fueron registrados en todo el país, de acuerdo con el monitoreo del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC).

Este miércoles, el auto de Solange Freitas, candidata del PSDB a la alcaldía de São Vicente, en el litoral de São Paulo, fue atacado a tiros. Ella estaba acompañada de asesores, pero nadie salió herido porque era un auto blindado. Los autores no fueron identificados. Solange es una conocida periodista brasileña y trabajó durante 30 años como reportera en el litoral paulista.

Todos estos episodios son un retrato de la violencia política que continúa asolando las elecciones municipales en Brasil. Solamente este año, 82 militantes y candidatos fueron asesinados, de acuerdo con un relevamiento del investigador Pablo Nunes, que coordina el CESeC. Además de las muertes, el estudio también mapeó 170 agresiones de enero a octubre. “No deja de ser dramático el grado de violencia contra personas que son asesinadas por defender sus banderas. La proximidad de las elecciones hizo que el número de casos aumentase desde julio, pero los primeros meses de 2020 ya habían sido muy violentos”, dice el politólogo. En 2016, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Estado de S. Paulo, hubo 100 muertos a lo largo de todo el año electoral. Hasta el momento, el mes con el mayor registro de violencia política fue septiembre, que dio inicio a la campaña electoral, con 13 homicidios catalogados.

Segundo Estado con más muertes (ocho), Río de Janeiro experimenta una agudización de las disputas electorales en áreas controladas por milicias, especialmente en la Baixada Fluminense, donde nueve políticos ya habían sido asesinados en 2016, año de la última elección municipal. En los casos recientes, la policía investiga las posibles relaciones de las víctimas con grupos paramilitares. A causa de los asesinatos ocurridos en la ciudad, la policía civil creó un grupo de trabajo para combatir el crimen organizado en la Baixada. “La idea es asfixiar a la milicia y permitir una elección limpia, con los candidatos circulando y el pueblo votando libremente”, explicó el secretario Allan Turnowski.

En la primera operación de este grupo de trabajo, a mediados de octubre, 12 sospechosos de integrar milicias acabaron muertos. Los trabajos son coordinados por el comisario Giniton Lages, responsable por la detención de los supuestos ejecutores de la concejala Marielle Franco (PSOL) y su chófer Anderson Gomes. Más de dos años después del crimen, las autoridades aún no consiguieron identificar a los autores intelectuales. “La política está contaminada por la violencia y el crimen organizado, como es el caso de Río de Janeiro con el fenómeno de las milicias”, observa Renato Sérgio de Lima, director del Foro Brasileño de Seguridad Pública, que cree necesario reglamentar las candidaturas de policías y agentes de las fuerzas de seguridad, en mayor proporción en los partidos de derecha. “Es legítimo que los policías sean candidatos y quieran representar a sus colegas. El punto de tensión es la facción corrupta que quiere apropiarse del Estado por intereses criminales. Cuando no se reglamenta el derecho del policía a ser candidato, se crea un ambiente tóxico en el que el interés de representar al sector y el comportamiento miliciano acaban mezclándose”.

Lazos de familia y de milicia

A comienzos de este mes, el concejal Zico Bacana sobrevivió a un atentado a tiros que mató a dos militantes de su campaña. En 2008, Zico había sido citado en la investigación de una comisión parlamentaria sobre las milicias, acusado de ser el jefe de una facción paramilitar en la región. El expolicía siempre negó las acusaciones y no llegó a ser imputado. Ahora, tras sobrevivir al ataque, dijo que había sido víctima de una “cobarde tentativa de homicidio”, pero está dispuesto a retomar la campaña para las elecciones ni bien se recupere de las heridas.

Al día siguiente, hubo otro atentado contra una candidata a concejala, esta vez en la zona norte: Simone Sartório (Patriota) sufrió una emboscada y su auto fue alcanzado por un tiro, pero ella no resultó herida. En Paraty, el candidato al legislativo de la ciudad por el PT Valmir Tenório no tuvo la misma suerte que Bacana y Sartório. Fue asesinado en la tarde del miércoles pasado. La policía investiga a los tres sospechosos del crimen por posibles vinculaciones con el tráfico de drogas. “La violencia en las elecciones municipales es un problema que amenaza a la democracia en todo el país y ahora alcanza, otra vez, a Paraty”, manifestó en un comunicado la coalición Trabajando el Futuro, encabezada por el PT.

En Minas Gerais, empatado con Río de Janeiro en el segundo puesto de los Estados con más homicidios políticos en 2020, la ejecución a la luz del día del candidato a concejal Cássio Remis (PSDB), en Patrocínio, Alto Paranaíba, tuvo repercusión nacional porque también fue registrada en vivo durante una live transmitido por la propia víctima. El autor de los cinco disparos fue el exsecretario de Obras, Jorge Marra, hermano del actual alcalde de la ciudad. Está preso desde fines de septiembre. La Policía Civil, sin embargo, descartó que se tratara de un crimen político.

Pernambuco, por su vez, ostenta el récord de asesinatos vinculados a la política. Fueron 13 muertes desde enero. Gameleira, con 30.000 habitantes, tuvo por ejemplo a dos de sus concejales ejecutados. “En las ciudades del interior, las rivalidades políticas pasan de padre a hijo y la violencia se reproduce de generación en generación”, dice Pablo Nunes. En Itambé, en el límite con el estado de Paraíba, conocido como la “Frontera del miedo”, el empresario Adson Mattos fue asesinado por denunciar y criticar a políticos de la región en agosto, una década después de la ejecución de su primo Manoel Mattos (PT), que era concejal y activista de derechos humanos.

Para Renato Sérgio de Lima, la atmósfera bélica de división del escenario político nacional recuerda los conflictos recientes a las vísperas de las elecciones en los Estados Unidos y favorece el embrutecimiento de los embates regionales. “Brasil tiene toda una historia de resolución violenta de sus contiendas electorales. Por eso, la violencia política no es una novedad”, dice el investigador. “Actualmente, estamos mimetizando lo que sucede en los Estados Unidos. Una polarización tan grande de la sociedad que hace que las personas se sientan libres de eliminar al enemigo. La banalización del discurso de odio autoriza a que la política continúe cobrándose víctimas”.