El Congreso de Bolivia inicia el debate para enjuiciar a la presidenta Áñez durante el nuevo Gobierno

En sus últimos días de funcionamiento, la Asamblea Legislativa de Bolivia dio el primer paso de un posible “juicio de responsabilidades” o parlamentario en contra de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. La decisión final de enjuiciar a Áñez dependerá de la nueva legislatura que comienza el 8 de noviembre. El Movimiento al Socialismo (MAS), que es el partido acusador, tendrá mayoría en esta, pero no los dos tercios de los votos que necesita para proceder. De modo que el juicio podría quedar inconcluso.

La Asamblea también recomendó que la fiscalía inicie un proceso penal contra el Gabinete de Áñez. En Bolivia, los ministros no gozan de un fuero especial, así que este proceso sería ordinario. Los cargos contra Áñez, sus ministros del área de seguridad y varios jefes militares y policiales son “genocidio, asesinato, desaparición forzada de personas”, entre otros menos graves, por la represión de las protestas que siguieron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país el año pasado. Estas protestas se saldaron con más de 30 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. A los otros ministros se los acusa de haber firmado un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidad por su participación en la represión.

“El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, solo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia” tuiteó Áñez tras conocerse la noticia.

La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, pidió a tres organismos internacionales –Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea– que manden misiones al país, a fin de “evitar una nueva crisis política” una vez que asuma el Gobierno de Luis Arce. Longaric denunció también la suspensión por parte de un juez de la orden de detención que tenía Morales en uno de los muchos casos judiciales planteados en su contra por el Gobierno saliente.

La cancillér también llamó la atención sobre la decisión de la bancada del MAS en el parlamento saliente de cambiar los reglamentos para conducir el debate y tratar algunos temas específicos, como la designación de embajadores y los ascensos de militares. Esta modificación redujo la votación mínima necesaria para las aprobaciones de dos tercios a mayoría absoluta, que es la que tendrá el MAS de aquí en adelante. Dicha decisión fue criticada por todos los partidos de oposición y por organismos de derechos humanos como Human Rigths Wacht. “El MAS muestra signos inequívocos de no estar dispuesto a someterse a las normas democráticas”, puso en su misiva a los organismos internacionales la Canciller boliviana.

Por otra parte, Longaric confirmó no haber invitado al expresidente Morales ni al presidente Nicolás Maduro al acto de juramentación del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, el 8 de noviembre. Explicó que el primero no fue convidado porque “es hostil” a la democracia boliviana; en cuanto al venezolano, apenas asumió como ministra a fines del año pasado, Longaric sumó a Bolivia a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Morales y Maduro fueron invitados de todas maneras por el presidente boliviano electo. Morales no asistirá a la asunción y llegará al país al día siguiente de que esta se produzca.

La contundente victoria de Luis Arce con el 55% de los votos no alcanzó para revertir la polarización en Bolivia. La bancada parlamentaria del excandidato Carlos Mesa advirtió que no asistirá al acto de posesión en protesta por el cambio de reglamentos realizado por el MAS. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, que representa a la poderosa élite de esta región boliviana, realizará una huelga de hambre en la puerta del Congreso, justo en el sitio que se realizará la toma del juramento de Arce. Lo hará también para exigir una auditoría del proceso electoral. Los cívicos de Santa Cruz se resisten a reconocer los resultados de las elecciones, mientras grupos de extrema derecha de esta región y otras regiones esgrimen múltiples teorías conspirativas para hablar nuevamente de “fraude” y quitarle legitimidad al Gobierno entrante.