Dos alumnos recibieron dinero del terrorista por identificar al profesor que fue decapitado en Francia

Fueron alumnos de la escuela secundaria del municipio francés de Conflans-Sainte-Honorine quienes, el viernes pasado, y a cambio de dinero, ayudaron al terrorista Abdouallakh Anzorov a localizar a Samuel Paty, el profesor que había hablado en clase de la libertad de expresión y había mostrado las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario Charlie Hebdo. Con esta información, el atacante, de 18 años, persiguió a Paty, de 47. Le atacó con un cuchillo de 35 centímetros. Y le decapitó. Seis personas, entre ellas dos alumnos de 14 y 15 años, fueron imputadas el miércoles por supuesta complicidad en un asesinato terrorista, y una por asociación terrorista de malhechores para cometer crímenes contra personas. Los dos menores quedaron en libertad condicional.

La gestación del último atentado islamista que golpea Francia empieza a aclararse después de cuatro días de interrogatorios. De las 16 personas interrogadas, nueve —entre ellas los parientes del terrorista, quien murió por los disparos de la policía— han quedado en libertad sin cargos. El fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, ha detallado en una declaración sin preguntas el vínculo entre la decapitación y la campaña previa contra Paty orquestada por Brahim C., el padre de una alumna, y por Abdelhakhim S., un predicador radical, ambos también imputados. El fiscal ha relatado cómo varios alumnos del Collège du Bois-D’Aulne, donde Paty daba clases de Historia y Geografía y de instrucción cívica, cooperaron con el asesino, quizá sin calibrar las consecuencias de su indiscreción y codicia.

Ricard ha explicado que el terrorista, residente en Évreux, a 80 kilómetros de Conflans-Sainte-Honorine, conocía el nombre del profesor y la dirección de la escuela gracias a los vídeos difundidos por el padre de la alumna. Pero ignoraba su aspecto. “La identificación solo pudo ser posible gracias a la intervención de los alumnos del colegio”, ha dicho el fiscal.

Anzorov se plantó hacia las 14.00 del 16 de octubre ante el Collège du Bois-D’Aulne, en Conflans-Sainte-Honorine, a 35 kilómetros de París. Abordó a un alumno y le ofreció entre 300 y 350 euros, según Ricard, por información sobre el profesor. Le entregó parte del dinero y le prometió el resto para cuando lo hubiese identificado. Hacia las 16.00, otros alumnos se unieron al grupo; algunos se marcharon.

El terrorista les decía que quería exigirle a Paty que pidiese perdón, y también humillarlo y golpearlo, según Ricard. Poco antes de las 17.00, vieron a la futura víctima y se lo indicaron a Anzorov, datos que le permitieron cometer el crimen.

La investigación ha establecido que, en los días previos a pasar al acto, el terrorista estuvo en contacto con el padre de la alumna y que tres amigos de Anzorov —también imputados— le acompañaron a comprar las armas que llevaba en el momento del ataque o le trasladaron al lugar del crimen.

Más allá del papel de los alumnos, las conclusiones del fiscal Ricard apuntan a la conexión entre agitadores islamistas en apariencia pacíficos, y terroristas que, inspirados por sus palabras, deciden pasar a la acción. Este magma, en el que activismo radical deriva en yihadismo violento, es lo que ahora se encuentra en la diana del presidente Emmanuel Macron, que ha pedido “acciones concretas” a sus ministros. La maquinaria estatal se ha puesto en marcha. Pero los obstáculos jurídicos pueden demorar la adopción de las medidas más llamativas que quiere el Gobierno, como la disolución del influyente Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) o la ONG Baraka City.

Disolución del grupo Jeque Yasín

El Consejo de Ministros ha decidido el miércoles la disolución de un grupo que recibía el nombre Jeque Yasín. Lo dirigía el predicador que ayudó al padre de una alumna en Conflans-Sainte-Honorine a impulsar la campaña en las redes sociales contra el profesor decapitado. Este grupo, sin estatus de asociación legal, promovía una “ideología antirrepublicana que difundía el odio”, según el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal. El Gobierno ha ordenado asimismo el cierre de la mezquita de Pantin, cuyos responsables difundieron los vídeos del padre contra el profesor. Attal confirmó el inicio del procedimiento de expulsión de unos 230 extranjeros radicalizados.