Escándalo en Argentina por una gran filtración de datos de sus servicios de espionaje

La causa por presunto espionaje ilegal a políticos —tanto macristas como peronistas—, a sindicalistas, periodistas y sacerdotes durante el Gobierno de Mauricio Macri se ha visto salpicada por una gran filtración de datos a la prensa. La semana pasada, se difundieron casi 4.000 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con los nombres y números de DNI de cientos de espías en activo y retirados. En los últimos días han salido a la luz datos personales de Macri ajenos a la investigación. Las filtraciones han vuelto a poner en el ojo del huracán a los servicios secretos de Argentina, involucrados en numerosos escándalos bajo distintos gobiernos y han motivado la denuncia ante la Justicia de su actual interventora, Cristina Caamaño, a quien la oposición exige que comparezca en el Congreso para dar explicaciones.

La publicación del contenido de un libro de actas con resoluciones de la AFI comprendidas entre 2016 y 2018 reveló el nombre de más de un millar de espías, entre ellos al menos una docena destinados al exterior que quedaron expuestos. Según el diario Clarín, uno de ellos era un agente basado en el Líbano que trabajaba desde hace 15 años en Oriente Próximo, donde opera Hezbolá, la organización acusada por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994. La mayoría de los agentes en el exterior se encontraban en Argentina cuando sus datos fueron divulgados, pero al menos uno sigue fuera y la AFI trabaja para repatriarlo, de acuerdo a la fuente de inteligencia citada por el periódico. Entre los datos revelados están también las licencias por maternidad que se tomaron espías en esos años, liquidaciones de viáticos o bonificaciones por actividad de riesgo.

El libro de actas fue solicitado a la AFI por el juzgado federal de Lomas de Zamora que investiga a la cúpula de la AFI durante la gestión macrista en la causa por presunto espionaje ilegal. La información requerida fue desclasificada, escaneada y remitida al juzgado, con un escrito en el que se advertía que aún así estaba protegida por la ley de inteligencia y sólo podía consultarse personalmente en el tribunal. Sin embargo, las resoluciones fueron subidas a un sistema informático al que tienen acceso los 80 querellantes de la causa con una clave personal. A finales de septiembre, esa información digitalizada se hizo pública. Desde la AFI acusan a los fiscales del caso; estos arremeten contra las partes implicadas en el proceso judicial.

A raíz de la denuncia contra Caamaño se ha abierto una investigación para averiguar qué medidas se tomaron en el juzgado de Lomas de Zamora y qué tratamiento se dio al material aportado por la interventora de la AFI. El juez Juan Pablo Auge había asumido la causa tras la recusación de Federico Villena “por falta de imparcialidad”. Ahora, las defensas solicitan también la recusación de Auge.

La filtración de este material de inteligencia se agravó el pasado sábado con la difusión de datos personales de Macri como su número de pasaporte, sus tarjetas de crédito y la clave de plataformas como Netflix, Facebook y Mercado Libre. En declaraciones al portal Periodismo y punto, que reveló la nueva filtración, Macri se declaró víctima de una persecución judicial contra él y su entorno. Su secretario privado, Darío Nieto, ha denunciado ante la Justicia graves irregularidades en la causa por presunto espionaje ilegal y pide que tanto el juez como los fiscales sean apartados por su “inconstitucional proceder”.