Francia declara la guerra a los “certificados de virginidad”

“La dignidad de las mujeres no se negocia”. Difícil contradecir a la ministra francesa para la Ciudadanía, Marlène Schiappa. Bajo este principio, la antigua responsable de Igualdad en el Gobierno de Emmanuel Macron se ha convertido en la principal impulsora de la prohibición y penalización de los “certificados de virginidad” que el Ejecutivo francés quiere incluir en su futura ley contra el separatismo religioso, centrada sobre todo en el islamismo. Aunque las principales instituciones médicas nacionales e internacionales también condenan esta práctica, expertos sobre el terreno advierten de que el camino de la penalización no es, necesariamente, la mejor vía para acabar con una tradición que requiere, sobre todo, un cambio de mentalidad. Es decir, educación más que castigo.

“Antes de su boda, algunas se prueban un vestido blanco, otras un anillo o hacen la lista de invitados… pero para otras, los preparativos de la ceremonia son menos alegres. Para algunas, casarse significa sufrir lo que se llama una prueba de virginidad (…) para que un profesional la examine y ‘certifique’ su virginidad. Como uno se asegura del pedigrí de un animal, de la ‘pureza’ de su sangre, antes de comprarlo”, denunció Schiappa en vísperas del discurso de Macron contra el separatismo islamista, la semana pasada. Aunque el mandatario no mencionó este punto, Schiappa ha confirmado desde entonces que la prohibición de dichos certificados estará incluida, de una forma u otra, en la ley que será presentada en diciembre.

Hace dos años, el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-Mujeres y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamaron a prohibir las pruebas de virginidad. En Francia, también la Orden de Médicos, responsable de la regulación deontológica del gremio, pidió año pasado “rechazar” las demandas de certificados de virginidad, al igual que el Colegio Nacional de Ginecólogos de Francia. Hasta ahora, sin embargo, no hay una prohibición formal. Lo que propone el Gobierno es “penalizar a los que extienden esos certificados” y, eventualmente, “también a los que los piden, como los padres”, ha dicho Schiappa este lunes en la cadena BFMTV, donde ha adelantado que también se buscará prohibir otros certificados “no médicos” como el que atestigua una supuesta alergia al cloro para evitar que las chicas tengan que ir a la piscina, otro de los lugares habituales de choque en materia de laicidad.

Mujeres como Fatiha Boyer, de la asociación de mujeres Ni Putas Ni Sumisas y musulmana muy activa en la lucha contra el extremismo religioso, aplauden la iniciativa. “Como mujer, como madre de tres niñas, considero que es abyecto y un deshonor para la mujer tener que presentar ese certificado a su futuro esposo y familia política. Es muy buena idea retirarlos, es algo ancestral que hay que excluir de la sociedad”, sostiene.

“Es una muy mala idea. Estamos castigando a la persona equivocada”, contrapone la ginecóloga Ghada Hatem, médico jefe de La Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis, en la periferia parisina, que acoge a mujeres vulnerables y víctimas de violencia. “Si se pudiera penalizar a los padres, a los hermanos, a las comunidades, pues bien. Pero castigar a los médicos es lo contrario de útil. Si el médico no las puede recibir, no tienen a nadie con quien hablar, es una respuesta equivocada”, insiste en entrevista telefónica.

Hatem reconoce que expide este tipo de certificados. Sin hacer, puntualiza, prueba de virginidad alguna. No es la única reticente a la legislación. La Asociación Nacional de Centros de Aborto y de Contracepción (Ancic) también hace sonar la alarma. “Como el Gobierno y las asociaciones feministas, pensamos que las demandas de esos certificados constituyen una violencia contra las mujeres, un ataque a su dignidad y a la igualdad mujer-hombre. Sabemos cuánta hipocresía social demuestran esos certificados y que ningún profesional puede certificar la virginidad de una mujer”, dijo en un comunicado. “Al mismo tiempo, somos conscientes de que en algunas situaciones extremas, las mujeres corren un peligro real. Es entonces cuando rechazar la redacción de un certificado constituye una nueva violencia, y los profesionales toman la decisión que les parece más ética: hacer ese documento para protegerlas”, añade el texto. "Comprendo su punto de vista ginecológico”, responde Schiappa. “Yo soy ministra. Mi responsabilidad es decir qué admite y qué no admite la República”.

Nadie sabe cuantificar el problema, puesto que esos “certificados” no son oficiales ni están registrados, por lo que para Hatem la propuesta gubernamental no tiene de todos modos sentido. Médicos como ella aseguran que solo reciben este tipo de peticiones dos o tres veces al año. “Es algo marginal, esta ley es para hacer publicidad, no es el problema más grave. El verdadero problema es por qué esas familias no han sido capaces de cambiar de opinión sobre el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, por qué siguen tan obsesionadas con la pureza y virginidad, no que esas chicas necesiten el apoyo de un médico”, insiste Hatem, que pide mejorar la educación sexual en colegios y centros para jóvenes.

“Aunque solo afecte a unas pocas mujeres, ya es demasiado”, subraya el Ministerio del Interior del que depende Ciudadanía. Pese a las aseveraciones oficiales, la medida aún tiene que ser completada y aprobada por los diputados, un proceso que no concluirá antes del año que viene.