“Es hora de que las fuerzas legales de Brasil reaccionen, no se puede esperar hasta las elecciones de 2022”

Fernando Limongi (São Paulo, 1958) investiga los fallos en la democracia brasileña que propiciaron la llegada al poder de un Gobierno que contribuye reiteradamente a erosionar los principios legales y sociales en Brasil. Es en esos fallos que Limongi ve la quiebra de formalidades legales que afectaron, por ejemplo, al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, apartado de su cargo después de una resolución del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, la responsabilidad no es solo del presidente Jair Bolsonaro. Las peleas entre los partidos y también el personalismo de la Corte Suprema sentó precedentes para que otras cortes tomen decisiones individuales. La fractura en Río es apenas una a más en un país que necesita reaccionar con urgencia, antes de la disputa presidencial de 2022. “Es hora de que la fuerza de la razón demuestre que está al lado de la ley”, dice Limongi, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago y estudioso de las relaciones de poder en Brasil.

Pregunta. Hace dos años, usted hizo una serie de previsiones sobre el Brasil de Bolsonaro que se han confirmado. Ahora, ¿cómo nos encontramos?

Respuesta. Nada bien, pero vamos a empezar explicando las elecciones de 2018. Bolsonaro era visto como alguien que azuzó el sentimiento antipolítico en las elecciones de 2018. No las ganó por su programa, sino porque los demás programas fallaron, en especial el del PSDB [Partido de la Social Democracia Brasileña], que era la oposición al Partido de los Trabajadores (PT). El PSDB decidió anticipar la alternancia de poder. Estaba claro que en 2018 se produciría ese cambio. El PSDB provocó el impeachment, se alió con [el expresidente Michel] Temer y con [el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo] Cunha, y después buscó salvar ese proyecto. Los políticos se pusieron a caldo entre ellos mismos. El Gobierno le sobró a Bolsonaro, nunca tuvo una agenda positiva como para llegar al poder. Contó con ciertos apoyos, especialmente de una parte del mercado que se identificó con [el ministro de Economía, Paulo] Guedes y que ha creído que sería un Gobierno responsable.

P. Paulo Guedes se tambalea en el cargo en un momento en el que el Gobierno quiere gastar más con el programa de transferencia de ingresos. ¿Qué efectos tiene?

R. Eso es una cuestión menor. Este Gobierno es ante todo irresponsable políticamente, incluido Paulo Guedes. La idea de que él es diferente de Bolsonaro es para los que creen en duendes. Lo único que ha demostrado Guedes es ser incapaz de sacar adelante cualquier plan. Todos sus proyectos son “para la semana que viene”.

P. ¿Qué significa la salida de Witzel, en un momento en el que la Fiscalía está realizando nuevas delaciones [acuerdos con condenados para confesar e incriminar a terceros a cambio de ventajas judiciales]?

R. Es posible minar las instituciones democráticas, poco a poco, a cuentagotas sin que ningún paso hacia esta erosión sea lo suficientemente grande como para motivar una reacción, para saber cuándo se cruzó la línea roja. Son pequeños pasos, pero, cuando se acumulan, cruzan la frontera. Esto dificulta la reacción, cuando la oposición y las fuerzas legales han de decir basta. Estamos en ese momento. La operación contra Witzel claramente ha superado todos los límites del Estado de Derecho. No es posible que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, mediante una medida cautelar y unipersonal, eche a un gobernador. Eso no está recogido en ningún punto de la Constitución. Es un paso anunciado en la reunión ministerial del 22 de abril cuando el presidente dijo que iba a intervenir en Río. El senador Flávio Bolsonaro publicó un vídeo diciendo: “Witzel, prepárate”.

P. ¿Y ahora?

R. Se ha cruzado la línea y es hora de que la fuerza de la razón demuestre que está en el lado de la ley. La reacción de la prensa a la operación de Witzel repite un guion conocido: para luchar contra la corrupción no hace falta seguir las leyes a rajatabla, se pueden vulnerar. Ya nos sabemos esa historia. En la operación contra Witzel todo el mundo dice: es un delincuente, vale todo contra él. Pero esa es la complejidad y la belleza y la fuerza del Estado de Derecho. Las leyes siempre tienen que ser respetadas. La formalidad parece vacía, pero es necesaria contra la arbitrariedad. Tenemos un núcleo de poder claramente decidido a cruzar la legalidad. Es hora de que alguien diga basta —quien tenga la capacidad para decirlo, obviamente—. De nada sirve que lo diga yo, o tú, o que cualquiera salga a la calle y lo diga. Esa idea de que la calle es quien tiene que manifestarse es una tontería. Los que tienen que manifestarse son los que tienen autoridad para ello. La calle no la tiene. Se le está faltando al respeto a la calle y a los ciudadanos. En todo ese avance del Poder Judicial sobre la política se ha minimizado, despreciado el voto. A pesar de todo lo que se pueda decir de Witzel, la gente lo votó.

P. Algunos miembros del Supremo están defendiendo vehementemente la democracia. ¿Hay un reposicionamiento del Supremo?

R. Es imposible hablar del Supremo si le ponemos nombres y apellidos. El Supremo es una institución. Y, como tal, colegiada. O el Supremo entiende y actúa colectivamente como un guardián de la democracia, o esto se va al garete. Estamos en este punto. Nadie le pide al Supremo que invente cosas nuevas. Se le pide que cumpla su papel. Tiene unos procesos pendientes; por ejemplo, el que investiga la reunión del 22 de abril [en que Bolsonaro anunciaba que iba a interferir en la Policia Federal de Rio de Janeiro]… ¿Se vulneró la ley? ¿Se puede demostrar? Que se ejecute. Que se aplique la Constitución. Es básico. Hay unas cuantas acusaciones que comprometen al presidente, el proceso de las fake news, la investigación de la rachadinha [sobre Flávio Bolsonaro, por la contratación de funcionarios fantasmas a cambio de que estos les devuelvan parte de sus sueldos], los cheques depositados en la cuenta de la primera dama... Al mismo tiempo, hay una carrera en el interior del Tribunal Superior de Justicia y de ciertas partes de la burocracia para precisamente ocupar el Supremo. Lo que está en juego son dos sucesiones [ministros que se jubilan durante el Gobierno Bolsonaro] en el Supremo, y eventualmente otras que llegarán —nunca se sabe —, que permitirán conformar una mayoría. Hay que pensarlo a la larga, evitar males mayores. Lo que está pasando en Estados Unidos, donde la democracia está en riesgo cuando Trump dice “no voy a aceptar una derrota”, es una señal de lo que puede pasar aquí.

P. Hay un mimetismo con EE UU en estos momentos, salvando las distancias.

R. Hay un presidente norteamericano golpista que muy probablemente — está anunciándolo— no aceptará los resultados de las elecciones. Y Estados Unidos es un país propicio para ello porque no tiene una legislación electoral uniforme; está regulada por 50 legislaciones diferentes, las de cada Estado. La oportunidad de que Trump anule el resultado de las elecciones es enorme. Nuestro presidente también ya anunció que las urnas electrónicas están adulteradas, y que incluso en su victoria hubo manipulación. Dice que habría ganado por más votos, y que lo comprobaría. Como todo lo que dice, nadie se lo toma en serio y sus declaraciones cayeron en el olvido. Pero hay una cosa que hay que tomarse en serio: no va a soltar el hueso porque, si lo hace, sabe que se enfrentará a problemas más serios, temas que tendrá que explicar... Pero [saber] cómo Trump va a afrontar esa cuestión, cómo va a reaccionar la sociedad norteamericana, es crucial para nosotros y para nuestra democracia. Pero también es una señal para los demócratas brasileños, de que ahora es el momento de actuar. Y no esperar a 2022.

P. ¿Un frente amplio de oposición sería importante en estos momentos?

R. ¿De qué serviría? Creo que no significaría mucho si Lula, Fernando Henrique, Ciro elaboraran un documento. Lo que hace falta son acciones concretas. Y, para hacerlo, no hace falta formar un frente amplio. Lo que hace falta es actuar como uno. Pero el problema es que nadie está haciendo nada. Ningún partido. Todos fueron devorados por la crisis del segundo Gobierno de Dilma-Temer. Allí murieron todos. El PT murió, el PSDB, y solo sobró el centrão [grupo de partidos con presencia parlamentaria, pero sin programa ni ideología], ese pantano, esa fuerza que permanece ahí adecuándose a la realidad pequeña.

P. Cerca del 35%, con todo —más de 120.000 muertes, la rachadinha, arrebatos autoritarios—, apoyan y respaldan su candidatura

R. Creo que es una cuestión de costumbres, que lo que une y motiva a ese 25-30% que apoya a Bolsonaro son cuestiones del ámbito moral y de las costumbres. Tiene que ver con la reproducción, el sexo antes del matrimonio, el aborto, con todas las transformaciones inexorables. Pero estas transformaciones sociales están en curso o ya ha están consolidadas. El matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad. Son pataletas de perdedores. En realidad, todos esos defensores de los valores de la familia no los practican. ¿Cuántas veces se ha casado Bolsonaro? ¿Y Trump, el defensor de la familia? ¿La diputada [brasileña, Flordelis dos Santos] que tenía una familia enorme y que ordena matar a su marido? Es difícil vivir en esta sociedad en transformación. Las personas están inseguras. La responsabilidad es de las élites políticas y de que ellas apoyen o no a políticos como [el expresidente] Jânio y Bolsonaro, de la gente que compra esa clase de proyecto y cree que va a ser consejero del príncipe, ¿verdad? La sociedad es injusta, funciona mal, da malas respuestas. En el caso de los países desarrollados es evidente que, tras la crisis de 2008, la reacción que hubo para mantener la economía ha beneficiado a las altas esferas de la jerarquía social. El populismo tiene un sustrato real que es este fracaso de la social-democracia, su incapacidad de promover un proyecto de futuro y de redistribución de renta. Lo más dramático en Brasil es que, justo en un momento en el que estaba ocurriendo aquí, hemos tenido esa inversión. Y, realmente, el gran problema de Bolsonaro y su Gobierno es que va a destruir absolutamente todo lo que se construyó desde 1989.

P. Bolsonaro está metido de lleno en el programa Renta Brasil, enfocándose especialmente en las regiones norte y noreste. ¿Se va a convertir ahora en el padre de los pobres?

R. No puede ganar en todo. Cuando el PT creó el [programa de transferencia de renta] Bolsa Familia y se volcó con los más pobres, cuando se dio la “realineación” electoral, el PT, que había tenido el apoyo de la clase media-alta en 2002, se dirige a los más pobres y dice “este es mi electorado”, pierde la clase media-alta. En 2006 obtiene más votos de los más pobres, pero los pierde de los más ricos. Tanto es así, que el PT tuvo el mismo resultado en 2002 y 2006. Simplemente hizo un cambio, escogió su electorado-objetivo. Eso es una opción política: “este es mi electorado”. Si Bolsonaro quiere volcarse con los más pobres, va a tener una contrapartida.

P. ¿Puede ganar de nuevo las elecciones en 2022, neutralizar todas las crisis que tiene en la actualidad?

R. Eso dependerá de la política económica y social y de las persecuciones que haga. Lo que ha hecho con Witzel. El siguiente debe ser [el gobernador de São Paulo, João] Doria. Veremos hasta dónde va, con la Policía Federal y con la Fiscalía y con el STJ —y hacia dónde va en esa eliminación de sus adversarios—. Otra cosa es si va a tener una política consistente. Si solo quiere crear un déficit e imprimir dinero o lo que quiera que sea para hacer el Renta Brasil, va a superar el techo de gasto. Veremos si el Gobierno puede imprimir dinero sin que haya inflación. Pero cuando empiece la campaña, los 89.000 reales [unos 16.750 dólares, importe de los cheques de Queiroz depositados en la cuenta de la primera dama] los van a tener que explicar.