El Gobierno de Mauritania dimite por corrupción

Una comisión de investigación parlamentaria inédita en la historia de Mauritania ha sacado a la luz un escenario de presunta corrupción generalizada en el Gobierno de este país entre 2009 y 2019, es decir, durante los 10 años de mandatos del expresidente Mohamed Ould Abdelaziz. Entre los casos más llamativos se encuentra el supuesto intento del jefe de Estado de regalar una isla del Parque Nacional del Banco de Arguin al entonces emir de Catar. El terremoto político provocado por el informe de la comisión ha sido de tal calado que ha llevado a la dimisión, el pasado jueves, del primer ministro y de todo su Gobierno, muchos de cuyos miembros formaban parte de la Administración en el anterior régimen.

El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CEP, según sus siglas en francés) consta de 900 páginas y fue entregado a la Asamblea Nacional el pasado 26 de julio. Elaborado por ocho diputados, en él se analiza con todo lujo de detalles hasta 12 casos de presunta corrupción que van desde contratos irregulares con empresas chinas hasta la opaca venta de terrenos públicos pasando por la desastrosa gestión de sociedades estatales. A lo largo de 150 sesiones se interrogó a tres ex primeros ministros, 34 ministros, ocho de ellos actuales, 18 directores de empresas estatales y numerosos altos cargos del Gobierno. El propio Abdelaziz fue convocado, pero se negó a intervenir.

Uno de los dosieres que ha levantado más polvareda es el de la supuesta donación de la emblemática isla de Tidra al exemir de Catar, Hamad bin Jalifa Al Thani. La CEP ha tenido acceso a una carta del 12 de enero de 2012 en la que el entonces embajador del país árabe en Mauritania informaba a su ministro de Exteriores del citado regalo por parte de Ould Abdelaziz. Asimismo existe constancia de que en esos días el emir catarí, que se encontraba de visita en Mauritania, ingresó 10 millones de dólares en la cuenta del Tesoro sin que el Gobierno fuera informado del motivo. El entonces director del gabinete del presidente, Isselkou Ould Ahmed Izidbih, acaba de presentar su dimisión como embajador en Roma después de que su nombre apareciera envuelto en esta supuesta cesión ilegal de una parte del territorio nacional.

Otro de los asuntos que más indignación ha generado es la aparición de irregularidades en la concesión a la empresa Arise Mauritania de la construcción y gestión de la terminal de contenedores del puerto de Nuakchot, la capital de Mauritania. Según el informe, una comisión interministerial del Gobierno otorgó ventajas fiscales y tarifarias a esta compañía que resultaban perjudiciales para los intereses del país, todo ello sin que la Comisión Nacional de Control de Contratos Públicos pusiera una sola objeción. De hecho, la ley establece que este órgano debe dar su visto bueno antes de la firma del contrato y en este caso fue consultada a posteriori, “lo que habría bastado para emitir una opinión negativa”, recoge el informe de la CEP.

Igualmente, el acuerdo firmado en 2010 con la sociedad china Poly-Hondong, por el que se le permitía pescar en aguas mauritanas durante 25 años a cambio de la construcción de una planta de procesamiento, una fábrica de harina de pescado y un muelle de reparación de barcos artesanales así como de la creación de 2.500 empleos, no ha sido respetado por parte de la empresa, afirma el informe. Además, el texto apunta a que el Gobierno no ha reaccionado frente al hecho de que la compañía asiática había pescado más de lo permitido y en zonas prohibidas.

Dimensión de los perjuicios

Entre los casos: la compra y acaparamiento de harina por parte de la Sociedad Nacional Industrial y Minera de Mauritania, la venta irregular y a un precio sorprendentemente bajo de una mina a una compañía canadiense, el contrato para la construcción del aeropuerto de Nuakchot al margen de todo control, la venta de 50.000 metros cuadrados de terreno público de manera opaca sin que se pueda saber siquiera quiénes fueron los compradores o la concesión a la compañía china Joysolar del contrato de instalación de farolas solares en Nuakchot, cuando la ganadora del concurso había sido una empresa española. Todos ellos se detallan también en el informe de la CEP, que revela que de los 109 contratos públicos investigados por un montante de 968 millones de euros, nada menos que nueve de cada 10 se adjudicaron mediante procedimientos directos que burlaron los mecanismos de control y transparencia exigidos por la ley.

“La dimensión de los perjuicios ocasionados es enorme, tanto para el Estado como para la sociedad”, asegura Souvi Ould Cheïbany, diputado y miembro de la comisión de investigación en una entrevista al periódico Al Akhbar. “Y eso que solo hemos examinado la adjudicación de contratos y no la calidad de los proyectos ejecutados”, añade. La CEP fue aprobada por el Parlamento mauritano el pasado 30 de enero a instancias del propio presidente del país, Mohamed Ould Ghazouani, quien relevó a Abdelaziz en el cargo tras las elecciones celebradas en 2019.

Pese a haber sido su ministro de Defensa y Jefe de Estado Mayor, desde el primer momento el general retirado Ghazouani ha querido distanciarse de su antecesor y excompañero de armas. El informe ya está en manos de la Fiscalía, que ha comenzado los interrogatorios para depurar las posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, el expresidente, que se siente traicionado por el que fuera su delfín, continúa confinado en su residencia particular. Y no solo por la covid-19.