El Congreso de Perú tumba al primer ministro a 21 días de su nombramiento

El nuevo gabinete que el presidente peruano Martín Vizcarra nombró hace solo 21 días no ha recibido el voto de investidura del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, presentó el lunes en el Congreso los lineamientos de política del gabinete a su cargo, pero luego de casi 14 horas de debate parlamentario, el Legislativo le dio la espalda. Dos bancadas y media argumentaron que Cateriano no dio suficiente prioridad a la lucha contra la pandemia. Como consecuencia, el mandatario peruano debe recomponer su gabinete y reclutar un nuevo primer ministro, el quinto en dos años y cuatro meses.

El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) y el Frente Amplio —de izquierda— señalaron en el debate parlamentario la carencia de medidas para la recuperación del agro y el énfasis en el respaldo a la gran empresa, en particular, las industrias extractivas. Los votos por la negativa de Frepap y el Frente Amplio fueron claves en la votación.

El antropólogo Carlos Ernesto Ráez explicó a EL PAÍS que “el Frente Amplio y un sector de la izquierda llevan años tratando de direccionar a su favor el tema medioambiental. Y desde su fundación como partido político, Frepap siempre ha abogado y apostado por la agricultura, lo que se ha reflejado en muchos de sus proyectos de ley y su estatuto”. “Si bien estamos acostumbrados a interpelaciones y, en los últimos años, a censuras y una disolución del Parlamento, esta negación del voto de investidura —a menos de un año del fin del período de Vizcarra— es un golpe al estilo confrontacional que ha tenido este gobierno”, añadió.

Ocho horas después de la votación parlamentaria, el jefe de Estado reaccionó. “A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos (...). Ayer [por el lunes], mientras los congresistas nos demostraban su desacuerdo con la política de gobierno, sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos”, aseguró Vizcarra.

De los 54 votos en contra del gabinete, 13 fueron de Frepap y siete de los congresistas de izquierda; pero once procedieron de Podemos Perú, una formación política fundada por José Luna, dueño de una universidad cerrada por la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), la entidad que supervisa la calidad de las universidades.

El actual ministro de Educación, Martín Benavides, fue hasta febrero jefe de Sunedu, y el viernes último el Congreso aprobó interpelarlo, no por su desempeño como ministro, sino para cuestionar el cierre de universidades que no cumplen con estándares mínimos de calidad. La noche del lunes, mientras continuaba el debate en el pleno —a medias digital y a medias presencial—, en Twitter y los programas de televisión circuló la versión de que un grupo de congresistas condicionó el voto de confianza a la renuncia del ministro Benavides.

Cerca de las seis de la mañana del martes, cuando el primer ministro Cateriano supuso que no obtendría suficiente respaldo, manifestó en el Parlamento: “Se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación, y que iba a ser muy difícil extenderme el voto de confianza”.

El momento de definición, con los voceros parlamentarios presentes en el hemiciclo y el resto de congresistas en sus casas, conectados a sus ordenadores, demoró casi media hora. Quienes tardaron más en emitir su decisión fueron la bancadas con mayor cantidad de votos: Acción Popular —que contaba con 23 votos efectivos— y Alianza por el Progreso —con 22 votos efectivos—, del ex candidato presidencial César Acuña, un político pragmático y populista, y dueño de una universidad. Finalmente, Acción Popular sumó 7 votos en contra y Alianza por el Progreso 22 abstenciones. Dos congresistas sin bancada votaron también contra Cateriano.

El mensaje del primer ministro Cateriano, de 46 páginas, dedicaba poco más de tres páginas a la salud en el contexto de la pandemia de la covid-19, y el doble de espacio a propuestas para facilitar y acelerar la inversión privada, modificando normas que pueden afectar el agua y los bosques. En Perú, numerosos defensores de derechos humanos y dirigentes comunales han sido asesinados en la última década, luego de haber denunciado la extracción ilegal de madera o la contaminación, sea causada por mafias o por empresas formales.

En Sudamérica, después de Brasil, Perú es el más afectado por la pandemia, con más de 19.800 fallecidos y 433.100 casos confirmados. Durante la sesión en el Congreso, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que “no hay recursos humanos” y que los muertos por la covid-19 están entre “los 19.000 y los 49.000 que registra el Sistema Nacional de Defunciones”. El lunes, el Gobierno aprobó un decreto para contratar a médicos no colegiados, de cualquier nacionalidad, y dispuso el retorno de los internos de medicina a los hospitales.