La violencia contra los desmovilizados de las FARC desplaza a casi 100 exguerrilleros

Ituango es un municipio de la cordillera occidental de Colombia que entre sus montañas intrincadas guarda la historia del círculo vicioso de la guerra. En la década de los ochenta hacía presencia la guerrilla de las FARC; a finales de los noventa las Autodefensas disputaron el territorio y cometieron la masacre de El Aro, una de las tantas que recuerda el país, entre muchos otros crímenes contra civiles. Los llamados paramilitares se desmovilizaron en 2004 pero se reencaucharon con otros nombres. También lo hicieron las FARC en 2016 después de años de dominar el territorio. Pero ahora, las disidencias de la guerrilla y nuevos grupos armados siguen amedrentando a los campesinos y asesinando a los excombatientes que se mantienen firmes en el proceso de paz.

En esa tierra de café, codiciada por los grupos armados como corredor estratégico del tráfico de coca, cambiaron los alias pero no los problemas. Por eso, este miércoles se cumple allí un traslado masivo de excombatientes de las FARC que refleja cómo se recicla el conflicto. Llegaron a Ituango en 2017 poco tiempo después de haber entregado las armas. Se instalaron en un espacio que el Gobierno llamó Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de Santa Lucía, donde los desmovilizados harían su tránsito de reinserción a la sociedad. Pero tras el asesinato de 11 de ellos y de siete de sus familiares pidieron al Gobierno de Iván Duque que los reubicara en un espacio menos peligroso.

El Gobierno evaluó varias posibilidades y acordó con el partido FARC trasladar a 93 personas entre excombatientes y sus familias a un espacio en Mutatá, en el Urabá antioqueño, a unas 20 horas por carretera de Ituango. “Ha sido muy difícil tomar la decisión porque para nosotros esto un desarraigo. Después de la guerra quisimos volver al territorio y continuar nuestra reinserción pero ahora tenemos que volver a irnos para seguir con vida”, dice por teléfono Alejandro Pérez, excombatiente de las FARC, mientras alistan los últimos detalles de la mudanza. En las imágenes que envía desde la zona se ve cómo guardan las gallinas y otros animales de crianza con los que viajarán en camiones y chivas, los buses coloridos del campo colombiano. “Tomamos la decisión porque nos mataron a 11 compañeros y recientemente a los hijos menores de edad de otros dos firmantes del proceso de paz”, agrega Pérez.

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El asesinato de excombatientes de las FARC es una situación generalizada en varios rincones del país donde ellos dejaron las armas. De acuerdo con el informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, presentado este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU, son 210 los excombatientes asesinados desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz y empezó la desmovilización. “Sin duda la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”, dijo Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Massieu también habló de Mutatá, el nuevo lugar al que llegarán a vivir los reinsertados. “Las esperanzas de decenas de excombatientes y su familias, que se vieron obligados a abandonar el lugar debido a la violencia, están ahora depositadas en este nuevo sitio. Es fundamental asegurar que estos excombatientes reciban la protección y el apoyo necesario para llevar a cabo con éxito su reincorporación a la vida civil”, agregó. El nuevo espacio es una finca de 137 hectáreas para que puedan desarrollar sus proyectos productivos, según Andrés Stapper, director de la Agencia para la reincorporación y normalización. El representante del Gobierno agregó que también les hicieron pruebas de la covid-19 a los excombatientes y análisis a los animales que serán trasladados.

En Ituango solo quedarán siete reinsertados con sus familias a la espera de recoger una cosecha de café y de avanzar en los proyectos productivos. Pero entre los pobladores de la zona rural hay temor porque una vez se haga el traslado- y con él se lleven el puesto de salud- el Estado vuelva a abandonarlos a su suerte, que es una de la causas del circulo vicioso del conflicto que es bien conocido en Ituango.