Johnson se compromete a una investigación independiente sobre la gestión del coronavirus

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha comprometido públicamente por primera vez este miércoles a que haya una investigación independiente sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno. El primer ministro, sin embargo, se ha resistido a especificar la fecha y el alcance de un mecanismo que podría resultar políticamente desastroso para su Ejecutivo. “Como ya he dicho a esta Cámara en varias ocasiones, no creo que justo en medio de la pandemia sea el mejor momento para dedicar una enorme cantidad del tiempo del Gobierno a una investigación, pero, por supuesto, buscaremos el modo de aprender las lecciones de esta crisis sanitaria en el futuro, y ciertamente tendremos una investigación independiente sobre todo lo que ha ocurrido”, ha respondido Johnson a Ed Davey, el portavoz interino de los liberales demócratas en el Parlamento.

Las investigaciones independientes se han convertido, en las últimas décadas, en el instrumento favorito de la opinión pública británica para buscar causas y respuestas de “eventos particulares que hayan provocado una preocupación general”, según la Ley de Investigaciones de 2005. Nadie cuestiona en el debate público que la crisis del coronavirus tiene méritos suficientes para activar un mecanismo que se ha utilizado para investigar la intervención del Reino Unido en la Guerra de Irak, el escándalo de las escuchas telefónicas a políticos por parte de la prensa sensacionalista o la reciente tragedia del incendio de la torre Grenfell, en Londres. El Gobierno de Johnson, sin embargo, sabe que una investigación de ese calibre podría enfocarse más en los errores y la negligencia política de la primera respuesta ante la pandemia que en las incertidumbres y vacilaciones de la comunidad científica. No solo eso, sino que desde el momento en que comenzó a intuirse que tarde o temprano habría un juicio público sobre lo ocurrido, políticos y científicos comenzaron a protegerse unos de otros. Mientras los ministros de Johnson buscaban en todo momento el escudo de los expertos, los científicos que comparecían ante la prensa esquivaban un respaldo firme a las decisiones políticas e incluso las contradecían con argumentos.

La decisión última sobre la composición y alcance corresponde por ley al Gobierno, que puede ir tan lejos como señalar a un juez independiente para dirigirla, o reducir la autoridad del presidente a la de un académico de prestigio, hasta conducir todo el proceso a alguna comisión parlamentaria. Y aunque un órgano de estas características no tiene la capacidad última de imponer sanciones penales, su libertad puede ser plena para investigar lo sucedido, hasta el punto de tomar juramento a los testigos y ofrecerles una comparecencia acompañada de abogado. De los cuatro objetivos de una investigación independiente, qué ocurrió, por qué ocurrió, quién fue responsable y qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir, es el tercero -la posible culpa- el avispero que Johnson pretende evitar.