El Reino Unido marca su alejamiento de la UE con una política de gestos firmes frente a Moscú, Pekín y Riad

El Gobierno de Boris Johnson está decidido a lograr que el Reino Unido se convierta en un actor de peso en la escena internacional en la era posBrexit. Junto al acelerado ritmo con que pretende cerrar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos o Japón, entre otros, ha encadenado una serie de gestos diplomáticos desafiantes que señalan su voluntad de tener una voz global independiente. A la vez que ha ofrecido permisos de nacionalización a tres millones de residentes de Hong Kong, en protesta por la restricción de libertades impuesta por China en la antigua colonia británica, se ha resistido hasta ahora a las demandas de Estados Unidos y ha permitido al gigante tecnológico Huawei participar en el desarrollo estratégico de la tecnología 5G en el Reino Unido.

Y este lunes, Downing Street ha impulsado su impronta en la defensa de los derechos humanos. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha anunciado en la Cámara de los Comunes las primeras sanciones unilaterales a ciudadanos y organizaciones procedentes de Rusia, Arabia Saudí, Myanmar y Corea del Norte. En aplicación de la réplica británica de la Ley Magnitsky para la Responsabilidad Global en materia de Derechos Humanos, el instrumento aprobado por Estados Unidos para denegar visados y congelar activos financieros de aquellos sujetos responsables de atentar contra los derechos humanos, Raab ha señalado a las primeras 49 personas y organizaciones que verán restringidos sus movimientos y los de sus activos financieros.

“Aquellos que tienen sangre en sus manos no gozarán de libertad para pasear libremente por este país, comprar propiedades inmobiliarias en King’s Road [Londres], hacer sus compras navideñas en Knightsbridge o desviar dinero negro a través de los bancos británicos”, ha anunciado Raab.

El “régimen Magnistky de sanciones”, que empezó a elaborar el Gobierno del Reino Unido en 2018, recibe su nombre del abogado ruso Sergei Magnistky, que murió en 2009 en la prisión de Matrosskaya Tishina, en Moscú, después de un año de malos tratos y penurias. Había denunciado un caso de evasión fiscal y robo a gran escala por partes de funcionarios rusos, canalizado a través del fondo de inversión Hermitage, para el que trabajaba. Magnistky, arrestado por los mismos funcionarios del Ministerio del Interior ruso a los que había desenmascarado, acabó paradójicamente por ser el único condenado penalmente por un caso que atrajo la atención internacional y provocó el surgimiento de nueva legislación en defensa de los derechos humanos. La viuda del auditor ruso, Natalia, y su hija Nikita han escuchado desde el despacho de Raab en el Ministerio de Asuntos Exteriores el anuncio de las nuevas medidas internacionales.

La primera lista británica de sanciones incluye a 25 ciudadanos rusos, todos implicados en los malos tratos y la muerte infligida a Magnistky. Junto a ellos, 20 saudíes envueltos en la tortura y asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul; dos miembros del alto mando militar de Myanmar “implicados en la sistemática y brutal violencia contra la etnia rohingya y otras minorías”; y finalmente, dos organizaciones criminales asociadas con los “trabajos forzosos, torturas y asesinatos que tienen lugar en los gulags de Corea del Norte”.

El nuevo régimen de sanciones británico requerirá un desarrollo legal posterior, y un delicado equilibrio jurídico que impida cualquier futuro reto ante unos tribunales que tienen fama de flexibilidad en su interpretación. Se perseguirá un amplio espectro de delitos contra los derechos humanos, desde la defensa del derecho individual a la vida, al derecho a no sufrir tortura o cualquier forma de esclavitud. El objetivo no serán exclusivamente los autores de estos crímenes sino también todos aquellos se beneficien de algún modo de esas actividades, según especifica el texto legal.

“Este Gobierno está comprometido en lograr que el Reino Unido sea una fuerza cada vez más poderosa para lograr el bien en el mundo”, ha anunciado Raab. Hasta la llegada del Brexit, Downing Street estaba obligado a adherirse a los distintos regímenes de sanciones que decidieran previamente la Unión Europea o Naciones Unidas. El ministro ha insistido en que Londres mantendrá una constante cooperación con ambas organizaciones internacionales, y seguirá aplicando y sosteniendo las sanciones que decidan, pero dentro de un discurso que recalcaba el pretendido nuevo papel del Reino Unido en la escena internacional. “Haremos responsables de sus acciones a los autores de los peores abusos contra los derechos humanos”, ha proclamado Raab.

“Una vez que hemos solucionado este largo debate en torno a nuestra autoridad soberana, que nos ha ocupado tres años y medio —algunos dirían que 47 años—, ha llegado nuestra oportunidad. Tenemos nuevos poderes reconquistados, y sabemos hacia dónde queremos ir, que no es otro lugar que al resto del mundo”, anunciaba Johnson el pasado 3 de febrero en su discurso de Greenwich, en el que sentaba su visión del papel internacional del Reino Unido en la era posBrexit. No podía imaginarse la llegada de una pandemia que iba a mermar las fuerzas de su Gobierno y a paralizar sus ambiciosos planes. Solo cuando Downing Street ha comenzado a sentir que, de algún modo, tenía el virus bajo control, ha dado inicio a una serie de gestos de firmeza, sin aparente relación, pero que responden todos a un mismo espíritu de independencia.