Canadá suspende su convenio de extradición con Hong Kong por la polémica ley de seguridad nacional

Canadá ha decidido este viernes suspender su convenio de extradición con Hong Kong como represalia a la nueva ley de Seguridad Nacional para el exterritorio británico promulgada por China. La legislación ha sido considerada por Pekín como un instrumento para asegurar la estabilidad del centro financiero, mientras que las voces opositoras aseguran que esta ley aprobada el pasado martes supone un golpe mortal a un cúmulo de libertades garantizadas al menos hasta 2047. Washington, Bruselas y Londres ya habían protestado por la medida y ahora ha sido el turno de Ottawa.

“Canadá cree firmemente en el principio de ‘un país, dos sistemas’, que supone garantizar a Hong Kong libertades desconocidas en otras partes de China”, señaló Justin Trudeau, primer ministro canadiense, en conferencia de prensa. Asimismo, anunció que también quedan bloqueadas las exportaciones canadienses de material militar “sensible” a Hong Kong. Estados Unidos había adoptado la misma medida esta semana, bajo el argumento de que estos equipos podrían caer en manos del Ejército chino. Trudeau dijo que Canadá estudiará otras iniciativas en los próximos días, sin descartar las de corte migratorio. Unos 300.000 canadienses viven en Hong Kong. El Reino Unido anunció que podría conceder la residencia a unos 2,6 millones de habitantes de Hong Kong y, eventualmente, otorgarles la ciudadanía.

François-Philippe Champagne, ministro canadiense de Exteriores, expresó a través de un comunicado que Canadá se une así a otros países para reiterar su viva preocupación por esta legislación “promulgada dentro de un proceso secreto, sin la participación del cuerpo legislativo, del poder judicial o de la población de Hong Kong, y en clara violación a obligaciones internacionales”. Champagne añadió que “el Gobierno canadiense continuará trabajando con sus socios para proteger los derechos humanos y el Estado de derecho en todo el mundo”, y seguirá apoyando y defendiendo a la población hongkonesa.

En respuesta, la Embajada china en Ottawa escribió en su página web que el Gobierno canadiense ha hecho “comentarios injustificados” sobre la nueva ley. “Instamos a Canadá a ver la Ley de Seguridad Nacional de una manera justa y objetiva, y a dejar de inmediato de interferir en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos de China”.

Las relaciones entre Ottawa y Pekín han sufrido un profundo desgaste desde diciembre de 2018 por la detención en Vancouver de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei, a petición de las autoridades estadounidenses. Meng, de 48 años de edad, protagoniza un proceso de extradición que ha acaparado la atención mundial. Washington acusa a la ejecutiva del gigante chino de las telecomunicaciones de haber violado supuestamente las sanciones comerciales impuestas a Irán. El régimen chino ha sostenido en distintos momentos que se trata de un asunto político y ha exigido la liberación de su ciudadana.

Pocos días después de la detención de Meng Wanzhou, las autoridades chinas arrestaron a los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor por realizar supuestas actividades de espionaje. El pasado 19 de junio, Kovrig y Spavor fueron imputados formalmente. Para Ottawa, se trata de una represalia por el caso de la hija del fundador de Huawei, mientras que Pekín lo niega.

A finales de junio, un grupo de exparlamentarios y de antiguos diplomáticos canadienses enviaron una carta a Justin Trudeau solicitando la liberación de Meng Wanzhou para que Canadá tenga la oportunidad de “redefinir su enfoque estratégico respecto a China”. Los firmantes de la misiva subrayaron que este caso ha puesto al país en una situación muy complicada y, de igual forma, que el ministro de Justicia tiene la facultad de anular el proceso de extradición. A su vez, sostuvieron que la liberación de Meng podría conducir a que Michael Kovrig y Michael Spavor recuperen su libertad.

Trudeau respondió que estaba en “completo desacuerdo” con los puntos de la carta. Según el primer ministro, resulta primordial proteger la independencia del sistema judicial de Canadá y no sentar precedentes para Gobiernos que consideren que la detención de ciudadanos canadienses puede servir como instrumento de presión. La suspensión del convenio de extradición con Hong Kong y el cese de las exportaciones canadienses de material militar “sensible” al centro financiero tensan aún más la cuerda entre Ottawa y Pekín.