Una Constitución a medida de Putin

La reforma de la Constitución rusa, que entrará en vigor tras los rituales culminantes de este miércoles, refuerza el papel del presidente con nuevas competencias y supone un paso sustantivo en el rumbo autoritario, personalista y autárquico del sistema dirigido por Vladímir Putin.

En la Carta Magna se han incluido aspectos ya recogidos en la legislación rusa (como la actualización de las pensiones o la prohibición de la doble ciudadanía para los cargos públicos). La propaganda de un sistema supuestamente “social” y “nacional” (lo “nuestro” enfatizan los carteles callejeros a favor de los cambios) y el empleo de recursos administrativos tradicionales (como las presiones a subordinados) han contribuido a la participación en la semana de votaciones al aire libre que comenzó el 25 de junio.

Por su despliegue y escenarios, la campaña por el voto popular recuerda los itinerarios de los vendedores ambulantes de helados o de kvas (popular refresco eslavo) en la Unión Soviética. Solo que, ahora, en jardines, parques y patios las urnas sustituyeron a la nevera portátil con vitrina que conservaba los helados y al bidón metálico de colores desde donde el refrescante líquido fermentado se vertía en las botellas de los vecinos. Los ciudadanos tienen acceso hoy a los atractivos premios ofrecidos por los promotores de la consulta, que no es un referéndum y que no tiene precedentes en Rusia.

La votación deja al margen los tres capítulos de la Constitución (el primero, el segundo y el noveno, referidos al orden constitucional, los derechos y las libertades de los ciudadanos y a la adopción de enmiendas, respectivamente) cuya modificación requiere de una asamblea constituyente, un órgano no creado todavía. En importantes temas, las modificaciones en el resto del documento contradicen la parte que fue protegida de ligerezas legislativas. De ahí que la columna vertebral de la Constitución se vea minada por los aspectos que ahora se le añaden. Así la primacía del derecho internacional se ve mermada por la del derecho nacional que ahora queda fijado constitucionalmente y la autogestión y competencias de los territorios se ven contradichas por el reforzamiento de la vertical de poder.

Para dirimir estas contradicciones es previsible que en el futuro se pronuncie el Tribunal Constitucional que, debido justamente a estas reformas, será mucho más dependiente del presidente. Por cierto que el Tribunal Constitucional concedió sin discusiones a Putin el derecho a volver a presentarse a la Presidencia en dos ocasiones más si así lo desea, un derecho que el mismo tribunal denegó en 1998 a Borís Yeltsin, el primer presidente de Rusia, para las presidenciales de 2000 y esa negativa abrió el camino a Putin.

El procedimiento excepcional ideado para esta ocasión está destinado a dotar las enmiendas, aprobadas ya por el Parlamento, de un suplemento de legitimidad simbólica. Tras el folklore está el núcleo duro de la reforma, a saber el incremento de las competencias del presidente y la posibilidad de prolongarse en el poder.

En respuesta a las críticas del Partido Comunista, Putin dijo el pasado 14 de junio que las enmiendas no amplían sus competencias sino “al contrario, pues el presidente entrega una sustancial parte de sus competencias”. Como ejemplo, Putin puso el nombramiento del jefe del Gobierno.

Las palabras han cambiado, pero el poder del presidente es mayor. En el nuevo texto la Duma (Cámara baja del parlamento) no puede cesar al Gobierno, aunque lo “confirma” en vez de “aprobarlo” como antes (excepto los ministros del bloque de seguridad y militar, reservados exclusivamente al presidente). La Cámara conserva la posibilidad de efectuar una moción de censura al jefe de Gobierno, pero ahora este procedimiento puede no traducirse en una clarificadora crisis política. Si antes, en caso de moción, el presidente debía elegir entre el Gobierno o el Parlamento, ahora el presidente puede seguir trabajando con ambas instituciones cualquiera que sea el grado de confianza de la Duma.

El presidente incrementa además sus facultades en la configuración del poder judicial (incluido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo) no solo por la ampliación de los cargos que puede nombrar en los escalafones judiciales, sino por las nuevas facultades que adquiere para cesarlos. El Consejo de la Federación (Cámara alta del Parlamento) adquiere así funciones consultivas (indefinidas en su alcance) donde antes tenía un papel protagonista. El presidente puede ahora proponerle a esta Cámara el cese de los jueces del Constitucional y del Supremo. También puede cesar al fiscal del Estado, al que nombra tras “consultas” (no especificadas) con el consejo de la Federación. Antes era el Consejo de la Federación el que nombraba o cesaba al fiscal del Estado a propuesta del presidente.

La representación de los territorios se diluye algo en el Consejo de la Federación, que pasa también a depender más del presidente. Este casi duplica (de 17 a 30) el número de sus representantes en la Cámara de las regiones, donde, hasta ahora, los representantes del presidente podían llegar a un 10% sobre el total de senadores territoriales (actualmente 170, a razón de dos por cada unidad administrativa del Estado). En el futuro los representantes nombrados a dedo por el presidente podrán ser hasta 30 (de ellos 7 pueden ser vitalicios) y a la Cámara se incorporan también los expresidentes del Rusia (también vitalicios).

El jefe del Estado se dota también de un instrumento extra para saltarse la voluntad del Parlamento, si este consigue superar el veto presidencial a una ley. Si el Parlamento, en una votación repetida, logra el apoyo de dos tercios de las dos Cámaras requerido para forzar la firma presidencial de una ley, el jefe del Estado podrá dirigirse al Tribunal Constitucional (ahora más dependiente del mismo presidente) para dirimir el caso.

La voluntad de la administración presidencial de ejecutar la reforma sin discusiones dilatorias fue férrea. En el grupo de ciudadanos destinados a hacer de claque de las enmiendas se incluyó a personajes del deporte, el arte y la cultura y se rechazó conscientemente a reconocidos constitucionalistas profesionales. En nombre de la Asociación de Juristas de Rusia, Oleg Rumiántsev, que dirigió el grupo de trabajo preparatorio de la Constitución rusa en 1990-1993, ofreció sus servicios y el de 24 experimentados políticos y juristas en cuanto Putin hizo su propuesta el 15 de enero. A la carta y colección de propuestas remitidas el 17 de enero al senador Andréi Klishas, copresidente del grupo de trabajo para presentar las enmiendas, contestó el 5 de marzo un adjunto del destinatario, dando las gracias y diciendo que sus propuestas serían estudiadas. “Tienen miedo a la opinión competente e independiente”, afirma Rumiántsev en una entrevista con este periódico. El jurista cree que la modificación constitucional revela el consenso entre los grupos en el poder, el de los oligarcas y grandes negocios, y el de las instituciones de Seguridad y Defensa, unidos todos por el común deseo de “mantener el monopolio sobre los activos, las finanzas y el subsuelo”.

La Constitución que ahora se reforma es un híbrido resultante de la colisión entre el legislativo y el ejecutivo saldada con el cañoneo del Parlamento en octubre de 1993. El texto aprobado en diciembre de 1993 consta de dos partes, una procedente del grupo de trabajo que durante varios años preparaba la primera Constitución postsoviética antes del trágico desenlace y otra, efectuada bajo la égida del presidente Boris Yeltsin, el vencedor de la trifulca, destinada a reforzar el papel presidencial. “El principal error estratégico de Putin consiste en que, en lugar de superar el conflicto interno de esta Constitución, ha hecho una falsa reforma constitucional que lleva a una mayor concentración de poder en un clan y no deja a la sociedad civil ningún posible mecanismo independiente en actividades políticas iniciativas sociales, flujos económicos, informativos o de negocios”. Tal vez el concepto de clan sea una pista. En una entrevista con la agencia Tass, German Gref, el presidente de Sberbank (el mayor banco de Rusia) y exministro en los primeros Gobiernos de la era Putin, opinaba que el presidente no desea estar mucho tiempo en su cargo y que la operación de poner su contador a cero “es un paso de importancia clave para mantener el equilibrio de todo el sistema”, ¿para que los clanes no se peleen entre sí?