La justicia europea declara ilegal la ley de Orbán contra las ONG

Viktor Orbán tiene desde este jueves un nuevo motivo para enfrentarse al ecosistema europeo que tanto detesta. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegal la ley aprobada en 2017 por el primer ministro húngaro para restringir la financiación de las ONG por parte de donantes extranjeros. Bajo amenaza de sanción, e incluso de disolución, Budapest obliga desde entonces a las entidades que reciban más de 24.000 euros del exterior a registrarse con la etiqueta de “organización receptora de ayuda extranjera” y a publicar el importe exacto y los nombres de los contribuyentes que aporten más de 1.400 euros.

Los magistrados creen que esos requisitos violan la libre circulación de capitales recogida en los tratados europeos, así como el derecho a la privacidad, la protección de datos y la libertad de asociación estipulada en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. “Hungría ha establecido restricciones discriminatorias e injustificadas tanto respecto de las organizaciones en cuestión como de las personas que les conceden esa ayuda”, concluye la sentencia.

La decisión llega tras un recurso de incumplimiento presentado por la Comisión Europea después de que Hungría desoyera repetidamente sus avisos. Y reaviva el pulso de Orbán con las instituciones comunitarias, cuyo último capítulo fueron las competencias especiales que se arrogó para afrontar la pandemia. En este caso, la Corte de Luxemburgo toca una fibra sensible del líder populista: su particular combate con el magnate liberal George Soros, uno de los grandes donantes de las organizaciones civiles que operan en el país. El estadounidense de origen húngaro se ha convertido en diana habitual de las diatribas de Orbán, y su animadversión, pública y notoria, se considera en el origen de la ley.

Mientras las ONG, muy críticas con la deriva autoritaria del país bajo la batuta de Orbán, denunciaron el texto como un intento de criminalizarlas al presentarlas como servidoras de intereses extranjeros, el Gobierno húngaro vendió la legislación como un esfuerzo por fomentar la transparencia, acabar con el blanqueo de capitales y luchar contra la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.

Los jueces europeos desmontan esa tesis. Admiten que aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones puede ser de interés general, pero matizan que Hungría no ha probado que exista una amenaza real de que los fondos rumbo a las ONG tengan como objetivo actividades ilícitas. “Ninguno de los objetivos de interés general invocados por Hungría podía justificar las disposiciones de la Ley de transparencia”.

El tribunal no ve razones para diferenciar las donaciones extranjeras de las nacionales. Tampoco para divulgar los datos personales de los donantes extranjeros. Y determina que la obligación de presentarse en su web y en todas sus publicaciones como “organizaciones receptoras de ayuda extranjera” puede contribuir a la estigmatización y causar un grave perjuicio a las organizaciones al disuadir a potenciales donantes de prestarles ayuda económica. “La Ley de Transparencia se basa más bien en una presunción de principio e indiferenciada, según la cual toda financiación extranjera de las organizaciones civiles es intrínsecamente sospechosa”, afirma la sentencia.

Se trata del segundo varapalo de la justicia europea al Gobierno de Orbán en el último mes. El pasado mayo, el mismo tribunal solicitó a Hungría que revisara la situación en la que se hallan los demandantes de asilo que se encuentran en la zona de Röszke, en su frontera con Serbia, y le instó a liberarlos si no hay base para su detención.

En caso de que el Gobierno húngaro haga caso omiso del fallo, la Comisión Europea puede volver a recurrir para que se cumpla, así como exigir que se impongan sanciones económicas.