La periodista filipina María Ressa, muy crítica con Duterte, declarada culpable de “ciberdifamación”

Un juzgado de Manila ha considerado este lunes culpable de “difamación cibernética” a la periodista María Ressa, fundadora del medio digital Rappler, muy crítico con el presidente filipino Rodrigo Duterte y especialmente su violenta guerra contra las drogas. Ressa, que aún puede apelar, podría afrontar hasta seis años de prisión. La pena no se conocerá hasta el final del proceso judicial. El proceso judicial contra la prominente reportera, persona del año de la revista Time en 2018, ha sido considerado un test a la salud de la libertad de prensa y la democracia en Filipinas, donde este y otros acontecimientos recientes hacen que se tema por la reducción del espacio de disenso.

“El veredicto es devastador porque esencialmente dice que nos hemos equivocado, difícil de entender si se atiende a las pruebas”, subrayó Ressa al salir del juzgado. Se trata del primer revés para la periodista, sobre quien penden una decena más de investigaciones judiciales por supuesta evasión fiscal por una emisión de deuda emitida por Rappler en 2015. Según Ressa y su entorno, todas las causas están “motivadas políticamente”.

En este caso, Ressa, en cuya defensa participa la abogada Amal Clooney, y un investigador de Rappler, Reynaldo Santos, han sido declarados culpables por un artículo que publicó el digital en mayo de 2012 sobre el empresario filipino Wilfredo Keng, al que vinculaba con el tráfico de drogas y la trata de personas. Keng interpuso una denuncia en octubre de 2017 por “difamación cibernética”.

Ressa y su entorno han denunciado varias incongruencias durante el proceso. Entre ellas, que la ley supuestamente violada, una norma pensada en principio para combatir el fraude y la pornografía online, fue aprobada cuatro meses después de la publicación del reportaje y no tiene carácter retroactivo. Además, destacan que Keng interpuso la denuncia cinco años después de la publicación del reportaje –ya en pleno mandato de Duterte, que llegó al poder en 2016-, y que fue admitida a trámite aunque el plazo para haberla presentado era de un año tras la aparición del artículo.

El tribunal ordenó también a Ressa y Santos el pago de 200.000 pesos filipinos (unos 3.500 euros) en “daños morales” y otros 200.000 pesos como “multa ejemplarizante”. El equipo legal de la periodista apelará el veredicto ante instancias superiores, de modo que de momento no tienen que ingresar en prisión. “Aunque sea un golpe seguiremos luchando, no es algo inesperado teniendo en cuenta que vamos a levantar la voz contra cualquier ataque a la libertad de prensa”, enfatizó Ressa al salir de la corte.

La periodista, definida en ocasiones como “enemiga número uno” de Duterte, lleva décadas siguiendo la pista al presidente filipino, quien ya se ganó el sobrenombre de Harry el sucio por sus métodos violentos cuando era alcalde de la ciudad sureña de Davao (en la isla de Mindanao).

“¿Qué me convirtió en su enemiga? Haber disputado su impunidad en la guerra contra las drogas y en su campaña de propaganda”, aseguró Ressa a EL PAÍS a finales del pasado año. Rappler ha publicado laureados reportajes en los que sicarios confiesan haber sido contratados por la policía para asesinar a drogadictos. Según Amnistía Internacional, la guerra contra las drogas iniciada por Duterte en 2016 habría provocado más de 27.000 asesinatos desde entonces, aunque la policía filipina solo admite 6.600 muertos. Rappler también ha sacado a la luz las cuentas falsas supuestamente utilizadas por el entorno de Duterte en las redes sociales para ganar popularidad manipulando el espacio informativo.

La periodista, de doble nacionalidad filipina y estadounidense y con más de tres décadas de experiencia en CNN y la cadena filipina ABS-CBN, lleva años denunciando la acumulación de poder de Duterte. Según ha advertido, cuando la legislatura termine en 2022, el dirigente habrá nombrado a 13 de los 15 jueces del Tribunal Supremo. Ressa urgió también este lunes a los ciudadanos filipinos y a los periodistas del país a que protejan sus derechos. “Si no podemos hacer nuestro trabajo, vuestros derechos se perderán”, añadió con la voz quebrada al salir del juzgado.

Ressa aprovechó para mencionar dos casos recientes que han supuesto un revés a las libertades en Filipinas. Uno es la expiración de la licencia de ABS-CBN, el mayor grupo mediático del país: la renovación depende del Congreso y ha sido retrasada en varias ocasiones, lo que algunos consideran un ataque deliberado ante las críticas de Duterte a la cadena. Y el otro, una ley antiterrorista que por su ambigüedad es vista por sus detractores como un pretexto más –junto a la ley de delitos cibernéticos por la que ha sido acusada Ressa- para silenciar a la disidencia. “Te pueden llamar terrorista y sin orden de arresto pasar 24 días en la cárcel”, denunció este lunes Ressa, aún combativa.