Liberada en Filipinas una de las periodistas más críticas con Duterte tras pagar una fianza
María Ressa, fundadora del medio independiente Rappler, está acusada de "difamación cibernética"
La periodista filipina María Ressa se encuentra en libertad. Por el momento. La directora del medio digital Rappler, muy crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte, pagó una fianza de 1.900 dólares (1.700 euros) para salir este jueves de las dependencias de la Oficina Nacional de Investigación (NBI), donde pasó la noche tras ser detenida el miércoles por “difamación cibernética”. Es su sexta fianza en tres meses; las anteriores, depositadas en diciembre, están relacionadas con cinco delitos de evasión de impuestos que ella niega.
“El mensaje está claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma”, denunció hoy Ressa tras su liberación. La periodista afirma que su situación es fruto de una “persecución política” debido a las críticas de su medio al Gobierno de Duterte, en especial a la sangrienta guerra contra las drogas que emprende desde que fue elegido en 2016.
Ressa fue detenida en la redacción de Rappler el miércoles por agentes de paisano de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas. “Era un miércoles normal, una tarde de mucho trabajo. La reunión de la junta directiva había terminado cuando la presencia de varios hombres y una mujer desconocidos provocó el revuelo en la redacción. Contamos hasta seis para arrestar a dos personas”, subraya Rappler.
La periodista y un investigador de Rappler son acusados de “difamación cibernética” por un artículo publicado por este medio en mayo de 2012 sobre el empresario filipino Wilfredo Keng, vinculándole con el tráfico de drogas y la trata de personas.
Pero Rappler denuncia varias incongruencias. Entre ellas, que la ley supuestamente violada, sin carácter retroactivo, fue aprobada solo cuatro meses después de la publicación del reportaje. Se trata de una normativa en principio defendida para combatir el fraude online y la pornografía infantil que sus detractores consideran una herramienta del Gobierno para silenciar a las voces disidentes. Contempla penas de hasta doce años de cárcel.
Por otro lado, Keng no presentó una denuncia hasta cinco años después, en octubre de 2017, ya bajo el mandato de Rodrigo Duterte (que llegó al poder en 2016). Y aunque la misma fue inicialmente desestimada por la NBI por sobrepasar el límite de un año estipulado para interponer una denuncia, el departamento de Justicia la aceptó a trámite en marzo de 2018 alegando que el artículo continúa en la red.
Según la Unión de Periodistas de Filipinas, el caso contra Ressa es un claro ataque del Ejecutivo de Duterte, que no ha ocultado su aversión por Rappler y otros medios, contra la prensa independiente. “No es un asunto judicial, sino un intento de amordazar a un medio y a una periodista reconocida internacionalmente por su profesionalidad e independencia”, subraya por su parte Reporteros Sin Fronteras.
El Gobierno filipino defiende lo contrario. El portavoz presidencial, Salvador Panelo, afirmó en televisión que la detención de Ressa “no tiene nada que ver con la libertad de expresión o de prensa”, y aseguró que el caso se resolverá de acuerdo a la ley.
Ressa, una de las personas del año de la revista Time en 2018 y Premio Knight de Periodismo Internacional, está a la espera, además, de acudir a juicio por cinco delitos de evasión de impuestos que niega. Dichos cargos, que acarrean una pena máxima de diez años de cárcel, están relacionados con una emisión de deuda en 2015 por parte de Rappler que aportó al medio beneficios de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros).
Según el Gobierno, Rappler no pagó los impuestos correspondientes a esta operación financiera, pero Ressa y sus abogados denuncian que los cargos son “motivados políticamente” y que carecen de fundamento jurídico, pues se basan en calificar a Rappler, que es un medio de comunicación, como agente de valores.
