Detenidos por criticar al poder en la Hungría de Orbán

Detenidos por describir a Viktor Orbán como un dictador o cuestionar el número de camas disponibles en un hospital a través de las redes sociales. La ley aprobada a finales de marzo en el Parlamento húngaro —dominado por Fidesz, el partido ultraderechista del primer ministro— para prorrogar de manera indefinida el estado de emergencia por la covid-19 ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la última semana. La nueva norma, criticada por organizaciones de derechos humanos y la oposición en Hungría, permite al Ejecutivo de Orbán gobernar por decreto y contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel para quienes difundan informaciones falsas o distorsionadas que “obstruyan o eviten la protección eficaz de la población” durante la pandemia. En tan solo 24 horas se ha conocido el arresto de dos personas por comentarios en Facebook. Según la prensa local, desde la aprobación de la ley se han presentado 86 cargos por, según los denunciantes, sembrar la alarma.

El primero de los casos registrados esta semana es el de un hombre de 64 años, detenido el pasado martes cerca de la localidad de Szerencs (en el norte del país). En un mensaje del 28 de abril, András, como lo identifica el portal Insight Hungary, afirmaba que el Gobierno había decidido de forma deliberada relajar las restricciones impuestas contra la pandemia a principios de mayo justo durante el pico de contagios. El hombre pedía que estas medidas se prolongasen. “Eres un tirano cruel, pero recuerda, todos los dictadores han fallado hasta ahora”, terminaba András su publicación refiriéndose a Orbán.

El segundo arresto se produjo el miércoles en la ciudad de Gyula, en el sureste, cerca de la frontera con Rumanía. El mismo portal de noticias cuenta que cinco policías se presentaron en el domicilio de un político local del partido opositor Momentum, János Csóka-Szűcs, y le informaron de que estaba siendo investigado por una publicación del 20 de abril en Facebook. Los agentes registraron la vivienda y confiscaron su ordenador portátil, el teléfono móvil y una memoria USB. En su cuenta de la red social, Csóka-Szűcs había compartido ese día una publicación de un diputado independiente invitando a una protesta en Budapest contra la orden del Gobierno para despejar 36.000 camas de hospital ante la potencial llegada de pacientes con coronavirus. El político agregaba un comentario sobre una situación similar en Gyula.

Aunque en el caso de András la policía finalmente no ha presentado cargos, la investigación de Csóka-Szűcs sigue abierta. En cualquier caso, sostienen los críticos, este tipo de medidas puede arredrar a los que estén pensando en cuestionar la estrategia oficial: saben que, en determinadas ocasiones, sus comentarios pueden volverse en su contra. “Detener a ciudadanos por publicaciones críticas en Facebook es una burla a los derechos humanos básicos”, señala en un correo electrónico la eurodiputada húngara Katalin Cseh, del liberal Momentum.

“La ley de coronavirus de Orbán es incompatible con los valores europeos y debería ser motivo de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Su objetivo es intimidar a los ciudadanos comunes y silenciar las voces disidentes. Si el activismo político de la oposición puede ser sofocado de esta manera, no queda nada de nuestra democracia”, añade.

Desde su llegada al poder por segunda vez hace una década, Orbán ha establecido leyes que han ido reduciendo gradualmente la competencia de otros partidos y limitando las libertades civiles de las ONG y los medios de comunicación. “Es una espiral descendente que ahora toca a los ciudadanos de forma directa cuando no apoyan al partido en el Gobierno”, comenta Wojciech Przybylski, redactor jefe de la plataforma de debate y análisis centroeuropea Visegrad Insight y presidente de Res Publica Foundation, un think tank con sede en Varsovia. “Todo tiene un sentido legalista perfecto, ya que el Ejecutivo cuenta con una mayoría constitucional asegurada [de dos tercios]”, afirma, “pero no es democrático”.

Fidesz fue suspendido del Partido Popular Europeo en 2019 por la deriva autoritaria del Gobierno de Orbán. Durante una comparecencia en el Parlamento Europeo este jueves para discutir las medidas adoptadas en Hungría, la comisaria para Valores y Transparencia, Vera Jourova, prometió que Bruselas “vigilará que las iniciativas que afectan al Estado de derecho o los derechos fundamentales se vayan eliminando” conforme los países entren en una nueva fase en la lucha contra el virus. Aunque el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, había invitado a Orbán a defender la postura de su Gobierno en el hemiciclo, este justificó su ausencia por el trabajo en la gestión de la crisis sanitaria. Mientras, desde Budapest, el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, calificaba el debate “de caza de brujas”.

El país, de unos 9,8 millones de habitantes, registra hasta la fecha más de 3.400 contagios y 442 muertos. Este viernes, el primer ministro anunció en su página de Facebook que espera que “el Gobierno pueda devolver los poderes especiales para hacer frente a la pandemia en el Parlamento a finales de mayo”. Tras reunirse con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, en Belgrado, Orbán comentó que esto “daría la oportunidad a todos de disculparse con Hungría por las injustas acusaciones” recibidas, recoge Reuters.

“De este modo, [el mandatario] elimina los argumentos que sirven para criticar al país y a la vez, ayuda a legitimar el uso de tales poderes cuando lo desee. El primer ministro ha introducido el estado de emergencia en años anteriores por la crisis migratoria. La pandemia ha sido útil para mejorar el nivel de control y reducir aún más las libertades civiles”, finaliza Przybylski.