La justicia ecuatoriana condena a Rafael Correa a ocho años de cárcel y a 25 de inhabilitación

El regreso de Rafael Correa a la primera línea de la política de Ecuador se complicó este martes al ser condenado como líder de una red de sobornos. La Corte Nacional, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, ha sentenciado al expresidente y todos los miembros de su Gobierno procesados a ocho años de cárcel y otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de cohecho agravado. Según la decisión judicial, quedó probado que el exmandatario obtenía recursos de empresas privadas para la campaña del partido con el que gobernó durante una década, Alianza País, con presiones a cambio de ofrecerles contratos con el Estado.

Correa, que reside en Bélgica, estuvo pendiente a través de las redes sociales de la decisión judicial que se da en Ecuador en medio de una cruda crisis sanitaria por el coronavirus. La audiencia se celebró en parte de manera presencial, y en parte virtual, con los abogados de los representados en otras salas dentro del mismo edificio para evitar la confluencia de muchas personas en un solo lugar y el riesgo de contagio.

El expresidente ya se había mostrado resignado desde el inicio a un resultado desfavorable: "Esto era lo que buscaban: manejando la justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas”, publicó en su perfil de Twitter. Su defensa dijo que apelará la sentencia y anunció que acudirá a sedes internacionales para cuestionar la resolución, a la que calificó de “mamarrachada”. Reconoció, no obstante, que esa vía “toma tiempo”.

Ya en febrero, cuando se iniciaba el juicio del llamado Caso Sobornos 2012-2016 con el exjefe de Estado procesado en ausencia, él mismo adelantó al canal ruso RT que recurriría a la segunda instancia y a todos los recursos. El tiempo corría a su favor, según dijo, ya que no habría sentencia firme antes de que se abriera el proceso para inscribir las candidaturas a las próximas elecciones presidenciales de 2021, comicios a los que no descartaba concurrir como ‘número dos’ de otra figura de su confianza, emulando a la argentina Cristina Fernández. Antes de que Ecuador entrara en emergencia sanitaria y en estado de excepción por la Covid-19, ese plazo electoral estaba previsto para septiembre u octubre.

Además del expresidente, otros 17 acusados recibieron la misma condena de cárcel y de inhabilitación política por su participación en la trama de irregularidades, entre ellos, su exvicepresidente Jorge Glas, que ya cumple condena en prisión de seis años por el caso Odebrecht. Además, está su exsecretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera, y sus exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri. Del total de los sentenciados, 10 son empresarios. La constructora brasileña, que había sido implicada al inicio de la investigación, finalmente no fue acusada por la Fiscalía.

Las dos principales acusadas y a la vez testigos, la exasesora de Presidencia Pamela Martínez y la exasistente Laura Terán, han recibido una pena mucho menor por colaborar con la justicia aportando pruebas sobre la trama de sobornos. La primera fue condenada a tres años y dos meses de cárcel y la segunda, a un año y siete meses. Entre las dos llevaban anotaciones y un registro de los pagos recibidos y las formas de canalizar el dinero, en efectivo o en cruce de facturas con los contratistas públicos a cambio de servicios que no se prestaban o que resultaban inflados.

Después de que la Fiscalía iniciase la investigación en abril del 2019 tras una publicación periodística del portal MilHojas en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados, la cooperación penal con las dos acusadas permitió encontrar un cuaderno y acceder a varios correos electrónicos y archivos donde constaban los intercambios de dinero.

Según el Ministerio Fiscal, la trama de aportaciones económicas irregulares de campaña se extendió desde 2012 a 2016 y se movieron más de siete millones de dólares (unos 6,5 millones de euros). La Procuraduría General del Estado, que también actuó como acusación, cifró el perjuicio al país en 21 millones de dólares (19 millones de euros).

Además de la sentencia a prisión y la inhabilitación política, los jueces de la Corte Nacional han impuesto, como parte de la reparación al Estado por el perjuicio causado, la colocación en Presidencia de una placa apelando a la honradez en el manejo de recursos públicos, la orden de pedir disculpas públicas y la asistencia obligatoria de los condenados a un curso de 300 horas sobre ética y transparencia en la Administración Pública.