Correa, trasladado al hospital antes de declarar en el juicio por la visita del Papa

La Audiencia Nacional ha suspendido este miércoles la tercera sesión de la vista del caso Gürtel en el que se enjuicia el desvío de fondos públicos en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2016. Según ha anunciado José Antonio Mora, el presidente del tribunal, Francisco Correa sufre un “grave problema de salud” y ha sido trasladado al hospital. “Tenía una urgencia vital”, ha subrayado el magistrado. Fuentes jurídicas detallan que el cabecilla de la trama, que el martes manifestó sus intenciones de declarar extensamente, padece una hernia.

El tribunal ha decidido posponer hasta el jueves la tercera sesión de la vista oral, a la espera de ver cómo evoluciona Correa. Esta decisión se adopta después de que los 13 acusados que han pactado con la Fiscalía confesasen en la jornada anterior su participación en la trama y comenzasen a señalar a los máximos responsables de la misma. Por un lado, a los cabecillas de la red de corrupción: al propio Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes; y Pablo Crespo. Y, por otro, al expresidente valenciano Francisco Camps (PP) y a consellers de sus Gobiernos, como a Juan Cotino y Esteban González Pons.

En un primer momento, el abogado de Correa había comunicado al tribunal que su cliente se iba a acoger a su derecho a no declarar. Pero el propio cabecilla de la Gürtel, tras escuchar a los acusados confesos, cambió de decisión. “Mi intención era no hacerlo, pero este tribunal me invita a declarar”, afirmó el martes el cabecilla de la trama, que llegó a acusar a los magistrados de falta de “imparcialidad”.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la Gürtel aprovechó el viaje de Benedicto XVI a Valencia para desviar fondos públicos. La televisión autonómica Canal 9 adjudicó a una de las empresas de la trama la instalación de las pantallas y la megafonía del evento. Se desembolsaron más de siete millones de euros. “Un precio que nos pareció a todos elevados”, reconoció el martes uno de los responsables de la concesión del contrato. De esa cantidad, los cabecillas se repartieron 3,3 millones, según el ministerio público, que señala en su escrito de acusación que la red de corrupción utilizó para sus intereses la “red de influencias” que había tejido en las comunidades y municipios gobernados por el PP.