Chile se prepara para aplazar el referéndum por la crisis del coronavirus

A cinco meses de la explosión de las revueltas sociales en Chile, el coronavirus ha dado una cierta tregua a la polarización política. En medio de la crisis sanitaria que tiene más de 200 contagiados confirmados en el país y que no ha cobrado ninguna vida, los partidos tanto del oficialismo como de la oposición han coincidido en la necesidad de aplazar el plebiscito constitucional, programado para el 26 de abril, cuando 14 millones de ciudadanos determinarían si se reemplaza el texto que rige en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Aunque en apariencia la ciudadanía se ha plegado poco a poco a las medidas de las autoridades para hacer frente a la pandemia –el lunes hubo un 25% menos de pasajeros en el metro de Santiago–, el coronavirus encuentra a Chile en medio de movilizaciones por bienes sociales igualitarios y con inéditas cifras de desconfianza hacia las instituciones. Apenas un 2% confía en los partidos, un 3% en el Congreso y un 5% en el Gobierno, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Los medios de comunicación profesionales no han zafado del fenómeno y, al menos hasta la explosión del coronavirus, los chilenos declaraban utilizar mayoritariamente las redes sociales para informarse.

Ha sido la combinación perfecta para que desde hace algunas semanas –incluso antes de que el 3 de marzo se oficializara el primer caso en Chile– florecieran descabelladas teorías conspirativas para explicar la preocupación de las autoridades para controlar la propagación del virus.

“Existe un grupo de gente escéptica que piensa que se trata de una maniobra del Gobierno para recluir a la gente y que no proteste o para suspender o postergar el plebiscito”, analiza Claudio Fuentes, politólogo y académico de la Universidad Diego Portales. La inconsciencia social con respecto a los altos riesgos de la pandemia y la secuencia de hitos que en el pasado han contribuido al derrumbe de la credibilidad de las instituciones, como la propia policía, “podría afectar el desarrollo de las medidas que implementen las autoridades”, explica el experto constitucionalista, que empuja que se posponga la votación de abril, lo que debería resolver el Congreso.

En los días de mayor complejidad de las protestas de octubre en Chile, cuando se determinó el toque de queda en medio de niveles inéditos de violencia, ciudadanos desafiaron a las autoridades civiles y militares y no respetaron restricciones a la libre circulación. Es un antecedente que se observa con preocupación ante la crisis sanitaria del coronavirus. El pasado viernes –el día fuerte de las manifestaciones sociales– cientos de manifestantes se reunieron en la zona de plaza Italia en Santiago, el epicentro de las protestas. Mientras, el presidente Sebastián Piñera, que ostenta solo un 10% de popularidad, confirmaba desde el Palacio de La Moneda 43 casos positivos de coronavirus y anunciaba medidas, como la prohibición de eventos masivos con más de 500 personas.

“Tenemos mayores opciones de contagiarnos en el Metro que en la plaza y, por lo demás, usamos mascarillas antigases”, indicaba el viernes vía telefónica uno de los manifestantes que protesta casi a diario en Plaza Italia. El lunes, cuando el Gobierno determinó la suspensión total de las clases para los estudiantes de Chile, por redes sociales circulaban convocatorias a movilización: “En Chile no hay clases, pero hay marcha”, señalaba un panfleto. El sábado, grupos que no quieren que se reforme la Constitución, y que apoyan la opción rechazo en el plebiscito, también se reunieron en una marcha en la capital.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, gestora de la reunión de los partidos políticos el lunes para hablar sobre la pandemia, fue categórica: “Este no es un complot político por parte del Gobierno para desbaratar el plebiscito. Es un compromiso de todos”, indicó una de las líderes que ha surgido con fuerza en Chile en medio de la crisis sanitaria. Para Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro, una de las encuestas regionales más respetadas, “las organizaciones sociales, los sindicatos y los movimientos tienen la palabra para conducir salvando vidas”, en referencia a paralizar los llamados a las marchas. “No habrá Metro que evadir [entrar sin pagar] o plaza donde protestar. El virus parará todo y mientras antes nos demos cuenta, mejor”, dijo.