El Supremo de Israel aplaza su decisión en el primer caso que examina sobre la imputación de Netanyahu

Para evitar que Benjamín Netanyahu convierta los procesos electorales en una sucesión sin fin, representantes de la sociedad civil se han dirigido al Tribunal Supremo de Israel para que declare si, después de haber sido imputado por corrupción, el primer ministro está legalmente capacitado para recibir de nuevo el encargo de formar Gobierno. En una audiencia preliminar, el Alto Tribunal ha decidido este martes aplazar su decisión, en un caso que bordea el enfrentamiento entre la justicia y la política.

La presidenta del Supremo, Esther Hayut, señaló que no hay impedimentos legales para que Netanyahu se presente a los comicios del 2 de marzo e intente ser reelegido, informa Efe. Miembros del tribunal, integrado en esta audiencia por tres jueces, adelantaron que consideran “irrelevante” adoptar una decisión antes de que se celebren las elecciones.

Netanyahu advirtió el domingo de que el Supremo no tiene jurisdicción sobre materia política, ya que “solo los votantes pueden decidir quién es el líder”. “En una democracia, es el pueblo el que decide”, enfatizó ante sus seguidores del Likud, el partido conservado que dirige. “No puedo imaginarme que nadie se interponga ante el pueblo y cause un daño mortal a la democracia”. Medio millar de partidarios de Netanyahu se manifestaron en la noche del lunes en Tel Aviv en contra de que el Supremo pueda vetar al mandatario al grito de “hay que parar el golpe para salvar la democracia”.

Mientras se mantenga en el cargo de primer ministro, incluso en funciones, no está legalmente obligado a dimitir a pesar de la imputación. El tiempo corre a su favor. Netanyahu busca legitimarse en las urnas y convertir las nuevas legislativas en un plebiscito sobre su permanencia en el poder. “La gente apoya a la derecha, y la mayoría me apoya a mí”, proclamó el viernes tras su triunfo por el 72,5% de los votos en las primarias internas del Likud celebradas el día anterior. Pero ante la previsible repetición de un final en tablas en la partida electoral, Israel parece abocado de nuevo al bloqueo político.

Netanyahu ha solicitado a la Kneset (Asamblea legislativa) que le ampare la inmunidad parlamentaria ante las acusaciones de corrupción presentadas en noviembre por el fiscal general de Israel, según informó el lunes el Canal 13 de la televisión hebrea. Ni el primer ministro ni el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, destacado dirigente del Likud, han confirmado la petición de inmunidad, cuyo plazo de presentación expira en la medianoche del miércoles. Netanyahu ya anticipó el domingo que invocar la inmunidad parlamentaria ante una imputación no era una acción antidemocrática, sino “la piedra angular de la democracia”.

El fiscal general le acusa formalmente de cohecho, fraude y abuso de poder en tres casos investigados desde hace tres años por la brigada policial anticorrupción. El primer ministro rechaza los cargos y los achaca a una “caza de brujas” emprendida por policías y fiscales que, según denunció, han perpetrado “un golpe de Estado” para intentar derribarle del poder.

Escudarse en la inmunidad parlamentaria para no verse arrollado por la maquinaria judicial no parece ser una estrategia popular entre los israelíes, y mucho menos a dos meses de las terceras legislativas que se celebran en el Estado judío en menos de un año. Una encuesta del Canal 12 de televisión refleja que el 51% de los ciudadanos se opone a la medida frente al 33% que la apoya.

Netanyahu ensalzó en público su aplastante victoria en las primarias del Likud mientras pone sordina a la petición de inmunidad. Aunque difícilmente puede contar con mayoría en la actual Kneset para garantizarse la protección parlamentaria, el tiempo juega a su favor. Antes de ser votada en el pleno, su demanda debe someterse preceptivamente a la Comisión de Asuntos Parlamentarios, que no se ha constituido tras los comicios de septiembre.

De esta manera, como primer ministro en funciones dispone todavía de varios meses de blindaje legal, sin obligación formal de renunciar al cargo, hasta que se forme un nuevo Gobierno después de las legislativas del 2 de marzo. Los últimos sondeos, sin embrago, proyectan la repetición del mismo empate técnico que convirtió en no concluyentes las dos elecciones anteriores.