Netanyahu se escuda en la inmunidad parlamentaria tras ser acusado de corrupción

Con inusual sigilo, sin recurrir a la caja de resonancia de las redes sociales, Benjamín Netanyahu ha solicitado a la Kneset (Asamblea legislativa) que le ampare la inmunidad parlamentaria después de haber sido acusado de corrupción por el fiscal general de Israel, según ha informado este lunes el Canal 13 de la televisión hebrea. El primer ministro aseguró el domingo en un acto del Likud, el partido conservador que lidera, que solicitar inmunidad ante una imputación no era una acción antidemocrática, sino “la piedra angular de la democracia”.

El fiscal general acusó formalmente a Netanyahu en noviembre de cohecho, fraude y abuso de poder en tres casos investigados desde hace tres años por la brigada policial anticorrupción. El primer ministro rechazó los cargos y los achacó a una “caza de brujas” y a “pesquisas con tintes políticos” de policías y fiscales que, según denunció, “perpetraron un golpe de Estado” para intentar derribarle del poder.

Durante los últimos años, el líder del Likud ha repetido el mantra de que “no habrá nada (en su contra) porque no ha habido nada (de qué acusarle)”. Ahora asume por primera vez que tiene cuentas pendientes con la justicia y se escuda en la inmunidad parlamentaria para no verse arrollado por la maquinaria judicial. No es una estrategia popular entre los israelíes, y mucho menos a dos meses de las terceras legislativas que se celebran en el Estado judío en menos de un año. Una encuesta del Canal 12 de televisión refleja que el 51% de los ciudadanos se opone a la medida frente al 33% que la apoya.

Político hábil y veterano, Netanyahu ensalzó en público su arrolladora victoria en las primarias que el Likud celebró el jueves mientras pone sordina a la petición de inmunidad. Aunque difícilmente contaría con mayoría en la actual Kneset para garantizarse la protección parlamentaria, juega con ventaja. Antes de llegar al pleno, su demanda debe someterse preceptivamente a la Comisión de Asuntos Parlamentarios, que no se ha constituido tras los comicios de septiembre. De manera que el primer ministro en funciones dispone todavía de varios meses hasta que se forme un nuevo Gobierno después de las legislativas del 2 de marzo si finalmente se cierra un acuerdo, como advierte el portal informativo Times of Israel. Los últimos sondeos proyectan la repetición del mismo empate técnico que convirtió en no concluyentes las dos elecciones anteriores.

Para evitar que Netanyahu convierta los sucesivos procesos electorales en un remedo de la película El día de la marmota, organizaciones de la sociedad civil se han dirigido al Tribunal Supremo para que declare si, después de haber sido imputado, el primer ministro está legalmente capacitado para recibir del presidente de Israel el encargo de formar Gobierno.

El Alto Tribunal se reúne este martes en una audiencia preliminar para examinar si admite a trámite la petición ciudadana. Netanyahu advirtió el domingo que el Supremo no tiene jurisdicción sobre materia política, ya que “solo los votantes pueden decidir quién es el líder”. “En una democracia, es el pueblo el que decide”, enfatizó ante sus seguidores del Likud; “no puedo imaginarme que ningún otro se interponga y cause un daño mortal a la democracia”.

Medio millar de partidarios de Netanyahu se manifestaron en la noche del lunes en Tel Aviv en contra de que el Supremo pueda vetar al mandatario al grito de “hay que parar el golpe para salvar la democracia”.

Mientras se mantenga en el cargo de primer ministro, incluso en funciones, no está legalmente obligado a dimitir a pesar de la imputación. El tiempo corre a su favor. Netanyahu busca legitimarse en las urnas y convertir las nuevas legislativas en un plebiscito sobre su permanencia en el poder. “La gente apoya a la derecha, y la mayoría me apoya a mí”, proclamó el viernes tras su triunfo por el 72,5% de los votos en las primarias internas del Likud. Pero ante la previsible repetición de un final en tablas en la partida electoral, Israel parece abocado de nuevo al bloqueo político.