El cierre del Parlamento enfrenta a los tribunales de Escocia e Inglaterra

La sentencia, y la dureza con que se ha expresado, han supuesto un duro golpe para el Gobierno de Boris Johnson. El Alto Tribunal de Escocia ha decretado nula este miércoles la decisión de suspender el Parlamento y ha señalado que el Gobierno había realizado un acto ilegal al aconsejar a la Reina que la ordenara. El Tribunal Supremo del Reino Unido deberá resolver el conflicto entre el veredicto escocés y el del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que dio la razón a Downing Street. La crisis del Brexit ha logrado por fin contaminar también a la justicia británica.

Johnson ha precipitado con una serie de decisiones abruptas una grave crisis constitucional y las dos únicas vías de escape que se vislumbran son las urnas y los tribunales. El Supremo del Reino Unido ha fijado una vista de urgencia el próximo martes para zanjar un asunto que no ha enfrentado solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino a dos jurisdicciones autónomas como son la escocesa y la inglesa.

 El Alto Tribunal de Escocia hizo públicos su sentencia y parte de los argumentos que la sustentan. Los tres magistrados dieron la razón a los 78 diputados y lores que reclamaron la nulidad de la suspensión del Parlamento por su manifiesta ilegalidad. “Se trataría sin ninguna duda de un acto ilegal si su propósito fuera bloquear el debido control del Parlamento sobre el Ejecutivo, la columna central del principio de buen gobierno consagrado por la Constitución”, dice el texto. “Las circunstancias en las que se produjo el consejo del Primer Ministro a la reina y el contenido de los documentos [de manejo interno, entregados a regañadientes por los abogados del Gobierno] demuestran que esa fue la razón verdadera de la suspensión”.

El Alto Tribunal, sin embargo, ha decidido no proceder de inmediato a levantar la suspensión como solicitaban los abogados de la acusación, a pesar de que el Partido Laborista y los nacionalistas escoceses del SNP lo reclamaron en cuanto se conoció la sentencia.

“Existen en estos momentos sentencias contradictorias en los tribunales ingleses y escoceses, y el asunto será sometido a la consideración del Tribunal Supremo la semana que viene”, ha dicho un portavoz de Downing Street.

Algunos medios han acusado al equipo de Johnson de hacer circular la idea de que resultaba sospechoso que los demandantes hubieran llevado su causa a la jurisdicción de un territorio de la Unión que rechaza mayoritariamente el Brexit. Lo cierto, sin embargo, es que otra de las demandas —la que presentó la empresaria Gina Miller y respaldó el exprimer ministro, John Major— acabó en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Y la sentencia, en este caso, tuvo un sentido completamento opuesto a la escocesa. “Tanto la decisión del Primer Ministro de que el Parlamento fuera clausurado por un tiempo concreto como el consejo al respecto que se transmitió a la reina fueron actos inherentemente políticos en su naturaleza, y no existe base legal para que los tribunales puedan juzgar su legitimidad”, dice el contenido de la sentencia del tribunal inglés.

Más allá de las sospechas vertidas por el Ejecutivo de Johnson y de la sensación generalizada de que se ha acabado politizando a la justicia británica por culpa del Brexit, el asunto supone un dilema jurídico colosal y su resolución puede ayudar a que sean más claros los borrosos pilares constitucionales —de una Constitución no escrita, como el la del Reino Unido— sobre los que se sostiene el sistema político del país. Frente a la supremacía de la ley y el principio de buen gobierno que enarbolan unos jueces, debe contraponerse la separación de poderes (y el grado de autonomía de unos frente a otros) que defienden otros magistrados.

Mientras el sistema judicial inglés se basa en los precedentes y el derecho consuetudinario, la common law, el escocés es un sistema mixto en el que, como en el resto de Europa, cobra peso el derecho codificado. Pero el asunto de la suspensión del Parlamento, no es una diferencia de matices que puedan complementarse, sino que se trata de decisiones totalmente opuestas, y el Supremo del Reino Unido tendrá la última palabra.